La reapertura del Guadipark se enmaraña en los tribunales

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo 1 de Cáceres ha admitido a trámite la demanda interpuesta por la empresa Salud Mental Inserta S.L. contra la desestimación por parte del ayuntamiento de las alegaciones sobre la resolución del contrato de explotación del centro de ocio y piscinas Guadipark, por lo que el conflicto que arrastran la mercantil y el consistorio desde hace años se dirimirá en los tribunales. 

Acta de no conformidad

Así lo ha explicado este viernes en rueda de prensa el portavoz del Gobierno local, Ángel Orgaz, quien ha señalado que fue el 22 de junio de 2023 cuando se firma por parte de la empresa y la representación del ayuntamiento el acta de no conformidad para la recepción del área de recreo del Guadipark, «al no ponerse de acuerdo sobre quién debía afrontar el arreglo de las deficiencias de las instalaciones».

Posteriormente, en septiembre de 2023, el ayuntamiento (ya en la legislatura del popular Rafael Mateos) denunciaba actos vandálicos en el área de recreo del Guadipark, y cuya empresa concesionaria había recibido sanciones municipales, por lo que solicitó a la Policía Local que aumentase la vigilancia. 

La piscina del Guadipark, en el entorno del embalse del Guadiloba, se mantiene cerrada desde comienzos de la anterior legislatura de Luis Salaya, ya que el Gobierno local no estima realizar una nueva concesión hasta que se dirima la causa judicial con la anterior adjudicataria (Salud Mental Inserta) en el Contencioso-Administrativo.

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Sanción

El asunto se remonta a febrero de 2020, cuando el ejecutivo de Salaya optó por sancionar a la empresa concesionaria por incumplimiento del contrato. El consistorio concedió esta explotación en junio de 2013 al amparo de un proyecto social de la extinta Feafes Cáceres. 

La empresa recurrió judicialmente la sanción y el juzgado desestimó inicialmente la petición. La sentencia recogía que un informe municipal hacía constar que, tras haber girado visita de inspección a las instalaciones, “todos los defectos e incumplimientos informados y comunicados siguen en el mismo estado”. El consistorio abrió entonces un expediente de imposición de penalidades (10.000 euros) a la concesionaria por incumplimiento del contrato, por no ejecutar las reformas necesarias sobre electricidad o accesibilidad en vestuarios.

La sentencia realizaba un examen de los incumplimientos acreditados, como el hecho de que la empresa había transformado la sala destinada a los servicios de gimnasio (incluida en el contrato) en un «aula práctica de formación». Además, el pliego de prescripciones técnicas recogía que la dotación de equipos para el gimnasio aportados por el ayuntamiento «no están».

La propia empresa sancionada informó después de que el Juzgado Contencioso Administrativo número 1 había admitido parcialmente el recurso interpuesto, por el que se obligaba al consistorio a reparar las deficiencias de la piscina principal del complejo Guadipark. Y serán los tribunales los que diriman la reparación de esas deficiencias.

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