Ángel Luis Aparicio, abogado de Cáceres: «La relación entre compañeros de profesión es como la guerra de Vietnam»

¿Qué le llevó a iniciarse en el mundo de la abogacía? 

Desde muy temprana edad, prácticamente a los 10 o 11 años, ya sabía que quería ser dos cosas en la vida: torero y abogado. Al final decidí tirar por la abogacía y desactivar la primera idea que tenía en mente.

Tras 39 años ejerciendo como letrado y a tenor de los casos judiciales que ha ganado, usted ha adquirido gran reputación. ¿Se considera un abogado mediático?

Mediáticos son los asuntos que tienen interés para el mundo periodístico. Me considero un abogado provinciano, trabajador, fiel al cliente y honrado dentro y fuera de mi profesión. Evidentemente, dentro de un juzgado aplico el derecho en defensa de o en interés del cliente, pero fuera hay que decir siempre la verdad.

¿Existe corporativismo en la profesión?

Rotundamente, no. Al revés, esto parece la selva. Por desgracia, la mentalidad de muchos abogados es que la relación entre compañeros de profesión es como la guerra de Vietnam, un sálvese quien pueda, cuando para hablar bien o mal de una labor profesional lo primero es conocer lo que se ha hecho.

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A la hora de aceptar un caso, ¿qué importancia le otorga al aspecto económico?

Nunca he sido mercantilista, me adapto a los presupuestos de los clientes y hago cosas de forma altruista. Es más, muchas veces me he jugado las costas por interponer un recurso, lo que significa que no lo hago por el ánimo de obtener una minuta, sino que me la juego a ganar o a perder.

 ¿Qué opina de los bajos sueldos de los abogados de oficio?

Es una lucha que siempre se ha perdido. Fui abogado de oficio y dejé de pertenecer a dicho colectivo hace muchos años precisamente porque consideraba que no estaban bien pagados los servicios. Por ejemplo, un recurso de reforma en las normas colegiales actualizadas son 180 euros y en el turno de oficio pagan 30 o 40 euros.

Me considero un abogado provinciano, trabajador, fiel al cliente y honrado con mi profesión

Ángel Luis Aparicio

— Abogado cacereño

¿Cómo ha evolucionado la forma de ejercer la profesión?

La Administración de Justicia ha ido dando pasos hacia una modernización. El principal cambio ha sido que antes las relaciones estaban personalizadas, se llevaban las actuaciones en mano y hablabas cara a cara. Ahora está todo digitalizado y se ha perdido esa relación interpersonal, hasta el punto de que hay actuaciones judiciales e incluso juicios que se celebran de forma telemática.

¿Cuál ha sido el caso que más le ha marcado a título personal?

Hay muchos, sobre todo en los que se condena a un inocente. El número uno diría que es un caso de asesinato por un accidente de tráfico como otro cualquiera, es decir, culposo y no doloso, que en su momento iba encauzado por un homicidio imprudente y en la fase de instrucción se convirtió en un delito doloso de asesinato y se condenó a mi representado por el voto del Tribunal del Jurado. Sin embargo, por suerte se interpusieron los recursos, el Tribunal Supremo nos dio la razón y se absolvió tanto al conductor como al copiloto, que evidentemente no tenía ninguna participación, quedando finalmente en lo que realmente era: un delito imprudente. Lo pasé fatal y recuerdo que me jugué mi profesión al decir públicamente que si salían condenados me retiraría de la abogacía, por lo que la alegría fue doble.

Han pasado 18 años de la condena sobre el autor del crimen de La Madrila. Como letrado de la familia de la víctima, ¿cree que se hizo justicia?

Sí, creo que se aplicó una condena proporcional al hecho, aunque es cierto que la familia no ha recibido ninguna indemnización por la muerte de su hijo.

Continuando con La Madrila, el polémico juicio por los ruidos todavía sigue dando que hablar…

Efectivamente, sigue habiendo ruido (risas). Fue un hito en la ciudad de Cáceres y a nivel nacional porque creo que fue una de las primeras condenas en ese tipo de procedimientos penales. Se condenó a varios hosteleros que cumplieron su pena, aunque es cierto que hubo un régimen penitenciario muy favorable por las circunstancias en las que se desarrolló todo. En cuanto a la insonorización, había hosteleros que cumplían con la ley y otros que no. En algunos casos, como el de mi cliente, de Pasadena Copas, se cometió un error grave y salió absuelto porque el local no lo identificó el Seprona sino que se hizo de forma ilegal. Con respecto a los condenados, se aplicó la ley penal en una situación en la que anteriormente siempre se había aplicado la sanción penal administrativa.

Otro caso reciente es el del ganadero, al que usted defiende, que presuntamente fue tiroteado y golpeado por un Guardia Civil en Alcuéscar.

Ahora mismo se está instruyendo. Hemos formulado la acusación particular y la circunstancia es que a mi representado se le confunde con una persona que presuntamente estaba realizando una actividad al margen de la ley y se vio involucrado por estar en el lugar donde desarrolla día a día su profesión de ganadero. Respeto mucho a la Guardia Civil y comparto la labor de investigación que realizan, pero en este caso se ha cometido un error que por fortuna no le ha costado la vida.

También representa a la joven de Cilleros acusada por presuntamente matar a su bebé.

Es un asunto muy delicado. Ahora está la instrucción para que se emita un dictamen pericial oficiado por el juzgado. Con base a lo instruido hasta la fecha, pienso que mi defendida no ha cometido ese delito de forma dolosa porque se ha dado un embarazo críptico o silencioso y hay diligencias de prueba que así lo han acreditado. Ni su pareja ni su familia sabían que estaba embarazada e incluso días antes de dar a luz estuvo en un chalé con piscina bañándose junto a multitud de gente y nadie observó nada, es decir, ni siquiera existían síntomas.

Aldama y su letrado deben tenerlo bien atado, porque nadie tira al ruedo a su cliente sin capa y espada

Ángel Luis Aparicio

— Abogado cacereño

Otro de sus defendidos es el doctor Maynar, acusado de pertenecer a una trama de distribución de sustancias prohibidas a deportistas.

Está en la fase intermedia. La Fiscalía acusa a mi representado de tráfico de medicamentos ilegales en España, pero no de dopaje. Y después está el abogado del Estado, en representación de la Agencia Estatal Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte (CELAD), sí le acusa de ambos delitos, pero interrelaciona el dopaje con una sustancia, la menotropina, que dice que el señor Maynar envió a un corredor cuyo nombre omito pero que tiene su procedimiento abierto y al que su equipo, el Astana, rescindió el contrato pese a que nunca se ha acreditado el consumo por su parte. Veremos qué ocurre, pero es obvio que hay base para la defensa y es un caso que va para largo, sobre todo si se agotan todos los recursos.

¿Cómo valora la ley del ‘solo sí es sí’?

Es una ley ya instaurada que, al entrar en vigor, dio lugar a una serie de errores porque no se tuvieron en cuenta disposiciones para evitar situaciones claras y evidentes de una rebaja proporcional en las penas. En el orden penal siempre debe aplicarse al condenado la ley más beneficiosa y eso ha llevado a la puesta en libertad o al acceso a la condicional de muchas personas y agresores sexuales. La agresión sexual es un delito grave porque es un atentado a la libertad sexual de la mujer y por eso los legisladores han decidido reformar y agravar las penas.

¿Qué opina del caso Errejón?

Creo que la denuncia llega con cierto retardo, aunque las circunstancias pueden ser entendibles al tratarse de una acusación de una mujer hacia una persona pública con cierto poder dentro de la política española, que requiere de valentía y podría no ser creíble. Lo que no comprendo es que se paralice un procedimiento porque la abogada de la denunciante esté embarazada. A mi juicio, lo más importante es que muchas personas que han tenido relación con Errejón, al que ampara la presunción de inocencia, le han dado la razón a ella y han dicho que ya conocían esa forma de actuar. El tiempo dirá la veracidad de la denuncia y veremos cómo se defiende el denunciado.

¿Y sobre el empresario Víctor de Aldama?

El señor Aldama se está acogiendo al derecho de colaborar con la justicia y con la investigación para atenuar la pena, aunque es evidente que todo lo que diga lo va a tener que demostrar. En cuanto a la veracidad de sus manifestaciones, está claro que ha estado donde dice y si incriminas a otra persona en un hecho delictivo es porque tienes pruebas. Es obvio que será dilapidado y se harán todos los esfuerzos para iniciar acciones contra él, pero creo que debe tenerlo muy bien atado con su letrado porque nadie tira a su cliente al ruedo sin capa y espada.

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