Emilio Cortés, abogado de Cáceres: «El caso del hermano de Pedro Sánchez contiene muchas de las patologías que padece el proceso penal español contemporáneo»

Emilio Cortés Bechiarelli (Cádiz, 1967) llego a Cáceres a finales de los 90, donde ha logrado ser catedrático de Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la UEx en Cáceres y ha desempeñado su carrera como letrado penalista, labor que le ha llevado a participar en numerosos casos mediáticos, como el del expresidente de la RFEF, Pedro Rocha, o el de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, dos de sus defendidos. Sin embargo, reconoce que ve su futuro más ligado a la docencia.

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Nació en Cádiz pero ha terminado desarrollando su vida y su carrera profesional en Cáceres. ¿Qué le trajo a la ciudad?

Vine desde Madrid por la convocatoria de una plaza de profesor titular en el Área de Derecho Penal de la Universidad de Extremadura y después la consecución de la cátedra en ese área.

¿Qué le llevó a decantarse por la vía penalista?

Fue la única asignatura que me llamó la atención en la carrera.

¿Qué supone ser catedrático de Derecho Penal en la UEx?

 Es lo más importante. Siempre procuro que en mis presentaciones se anteponga mi condición de catedrático a la de letrado. Yo pude soñar que iba a llegar a abogado penalista, pero nunca que iba a llegar a catedrático de universidad, y eso lo valoro mucho en mi fuero interno.

Defínase como abogado.

Peleón.

¿Cómo ha evolucionado la Facultad de Derecho en Cáceres?

Desde luego, no como debiera. Fui decano durante 8 años de esta institución y nunca encontré apoyo institucional ni compromiso por parte de los poderes públicos, ni para su desarrollo ni para ser tomada en serio en relación a lo que aporta socialmente a la comunidad autónoma extremeña y a los rendimientos tan extraordinarios que ha producido esta facultad. La UEx puede ser definida como una Universidad de Ciencias y es exigible un mayor compromiso con las humanidades y con la Facultad de Derecho en cuanto a la implantación de másters alternativos al de la abogacía, para que el total del ciclo de estudios fuera atractivo para los alumnos y no tuvieran que marcharse a otras universidades limítrofes.

Fui decano de la Facultad de Derecho y nunca encontré apoyo institucional ni compromiso

Emilio Cortés

— Abogado penalista

¿Y cómo se encuentra el panorama delictivo en la ciudad?

Cáceres tiene una ventaja estructural con respecto a otras ciudades en las que he vivido, ya que afortunadamente no parece que haya una excesiva expansión del tráfico de drogas, una modalidad delictiva que como arraigue en una determinada población termina aumentando las cifras criminales. Por lo demás, no se encuentra un patrón muy diferente al de gran parte del territorio nacional en cuanto a delitos de naturaleza tecnológica y contra la libertad sexual y, más allá de eso, no hay nada sugerente sobre el impacto estadístico de la delincuencia en la ciudad.

¿Se respeta el derecho a la presunción de inocencia?

Por parte de algunos medios, en absoluto. En España no hay cultura ni educación respecto a este derecho. Existe una presunción de inocencia estrictamente legal que atiende a criterios no tan sencillos como la gente cree, pero también hay un concepto sociológico.

En su currículum aparecen numerosos casos relevantes. A nivel local, ¿cuál es el más complejo al que se ha enfrentado?

Recuerdo especialmente el asunto de los ruidos de La Madrila, porque al final era una cuestión de naturaleza administrativa. Afortunadamente, contamos con el solvente apoyo de especialistas en derecho administrativo que nos hicieron entender el trasfondo de ese tipo de situaciones. Fue un procedimiento árido y, respetando a todos los intervinientes, con una respuesta judicial poco satisfactoria, por lo que tengo la sensación de que no se terminó haciendo justicia o que no lo conseguimos nosotros.

Hablando de justicia, un caso muy sonado en la provincia es el crimen de Logrosán, en el que su defensa ayudó a que Rosa Durán saliera de prisión tras casi tres años…

Aquí sí se hizo justicia, pero tardía, aunque para eso están los recursos. La dialéctica del proceso penal es muy contradictoria y, tras intervenir en el segundo recurso ante el Tribunal Supremo, se obtuvo una respuesta absolutoria.

Si fue absuelta, por qué no llegó a recibir la indemnización posterior que reclamaba?

Desgraciadamente, en España es muy difícil conseguir que se pueda declarar un anormal funcionamiento de la Administración de Justicia. El Tribunal Supremo suele distinguir entre el resultado del procedimiento y las condiciones que llevan a mantener la prisión provisional, por lo que, aunque luego la sentencia fuera absolutoria, se dice que había indicios suficientes para que permaneciera en la cárcel. Me parece una dialéctica bastante errática y, homologándonos a otros países de Europa, no solo se debería proceder a ese tipo de indemnización sino también establecer un baremo que cuantificara qué precio tiene cada día de privación injusta de libertad.

Usted representa al autor del crimen de Miajadas, en el año 2021, sentenciado a 15 años de prisión por asesinato.

Ese procedimiento está a la espera de que el Tribunal Supremo resuelva el recurso de casación que formalizamos en defensa de los intereses de este condenado. Solo queda esperar ese trámite y supongo que después de Navidad ya tendremos una resolución definitiva.

También lleva el caso del cura de Don Benito, acusado de tráfico de sustancias estupefacientes. ¿Cómo se encuentra la causa abierta?

Está pendiente de que el juez de instrucción tome una decisión sobre si hay juicio oral y quienes serían los actores. El otro investigado, que no es mi cliente, se encuentra en prisión provisional, lo que acelera los procedimientos porque las causas con presos son preferentes. Entiendo que se han practicado las diligencias esenciales para el esclarecimiento de los hechos y creo que pronto tendremos noticias al respecto.

Desgraciadamente, el juicio paralelo se ha instalado como una realidad en la sociedad española

Emilio Cortés

— Abogado penalista

Actualmente lleva la defensa de David Sánchez, hermano del actual presidente del Gobierno. ¿Hasta qué punto influye el vínculo familiar en la imparcialidad del proceso judicial?

En la imparcialidad no sé, pero en su génesis sí. Desde luego, si por esa plaza hubiera concursado un señor que pertenece a la Banda Municipal de Zafra o de Zalamea de la Serena, no estaríamos hablando de este asunto. Este procedimiento dibuja muchas patologías que son propias del proceso penal español contemporáneo. La primera es que hay determinadas asociaciones que por intereses no estrictamente procesales no consideran la Administración de Justicia Penal como un fin, sino como un medio. Y lo segundo es que en los procesos penales debería ir primero el hecho y luego la persona y aquí es al revés. Es decir, nos interesa atacar con una estrategia de desgaste al entorno de una determinada persona, en este caso el presidente del Gobierno, por lo que hacemos una labor de rastreo sobre quiénes son las personas que le rodean y buscamos alguna excusa para ver si podemos instalar la sospecha en el procedimiento penal, que eso estimule la ecuación del procedimiento y, a partir de ahí, desarrollar un discurso absolutamente maniqueo sobre la procedencia o improcedencia de determinadas decisiones políticas con base a imputaciones muy forzadas. Esto tiene que ser corregido, al igual que el papel de las acusaciones populares en el proceso penal español, ya que en ocasiones se presenta como absolutamente fraudulenta y como una mera correa de transmisión entre determinados medios de comunicación, escogidos por ellos, y la sociedad.

Usted ha repetido que no hay ningún correo que conecte a su defendido con esa plaza. Entiendo que se reafirma en ese sentido…

 Sí, al final muchas veces son los medios los que están encantados de ventilar este tipo de cuestiones y los que te dan la pista. Si hubiera un correo donde estuviera involucrado por la convocatoria de la plaza, no me cabe duda que determinados medios de comunicación lo hubieran amplificado hasta la absoluta extenuación, y eso no se ha producido. Por tanto, el espejo de la situación procesal del cliente no está muchas veces tanto en el papel judicial como en los medios de comunicación. Es así de triste.

¿Cómo maneja la presión mediática y el juicio paralelo que se realiza en los medios?

En cuanto al trato con los medios, procuro ser lo más atento y amable posible, y no discriminar a ninguno de los que se acercan a preguntarme. Lógicamente, hay un límite, que es el derecho de defensa del cliente o la confidencialidad de determinados datos. Y respecto al juicio paralelo, desgraciadamente se ha instalado como una realidad en la sociedad española. Es algo que se inauguró en su día con el crimen de las niñas de Alcàsser, donde los testigos y peritos declararon por la mañana en la Audiencia de Valencia y después se les puso un avión para ir hasta Madrid y realizar un auténtico y paradigmático juicio paralelo en los estudios de un canal de televisión.

Su cliente, el expresidente de la RFEF, Pedro Rocha, ha sido inhabilitado, aunque aún sigue en curso la investigación por el ‘caso Supercopa’. ¿Qué implicación tuvo en este asunto?

Absolutamente ninguna. Es una imputación verdaderamente sorprendente y espero que sea una especie de error procesal porque el modo en el que se produjo la imputación del señor Rocha es verdaderamente desconcertante y, al final, todas las fuerzas visibles que han confluido en el intento de separarle de la posibilidad de que fuera presidente de la Federación Española por elección han conseguido su objetivo. Otra cosa es como hayan sido las artes que han utilizado y hasta ahí puedo leer. En lo que tiene que ver con el procedimiento penal, me parece muy desconcertante la forma en la que fue investigado, no tiene cronológicamente absolutamente nada que ver con los hechos que se investigan y lo único que podemos hacer por él es intentar que más pronto que tarde esté fuera de ese ámbito de imputación para que al menos pueda estar tranquilo y que nada de esa naturaleza le amenace.

Tengo la sensación de que no se terminó haciendo justicia en el caso de los ruidos de la Madrila

Emilio Cortés

— Abogado penalista

Está dando a entender que hay intereses que le han llevado a estar involucrado...

Quiero seguir creyendo que se ha tratado de una imputación precipitada, porque entonces el sacrificio que la profesión conlleva no merecería la pena. Quiero pensar que el juego es limpio y que todas las maniobras que se han orquestado para retirarle de donde estaba no tienen absolutamente nada que ver con la imputación que ha padecido en el procedimiento.

¿Qué importancia tienen las pruebas para un letrado penalista?

Al final, hablamos de dos realidades. Lo que verdaderamente sucedió, que podríamos llamar verdad material, y lo que habiendo sucedido llega al procedimiento, que llamaríamos verdad procesal. Lo primero es cierto, pero generalmente no lo tenemos grabado, por lo que en el 98% de los casos la prueba no es directa y tenemos que reconstruir lo que sucedió. En un estado democrático, lo que puede derrotar la presunción de inocencia es que existan pruebas de cargo suficiente y, por tanto, la prueba tiene mucho significado, no solamente en su contenido material sino en su validez constitucional, porque si no tiene que ser nula.

Para finalizar, ¿qué espera de su futuro profesional?

Que me sigan reconociendo como un profesional solvente, que todo lo que diga o haga sea con la única orientación de ejercer el derecho de defensa en pro de los intereses de sus clientes. Respecto al ejercicio de la abogacía, tengo un pronóstico de más precoz salida por cuestiones de índole personal y familiar que me hacen ver que no seré eterno en la abogacía y, hasta donde la legislación administrativa me deje, sí seré eterno en la formación de nuevos juristas, porque me resulta mucho más satisfactoria y más grata la labor de formación de alumnos que el día a día de la administración de justicia penal.

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