Operación 'Kozo' de la Guardia Civil
Macrooperación contra el urbanismo ilegal en Cáceres: diez investigados por construir sin permiso casas, naves y chalés
Las investigaciones se han centrado en distintas zonas de la localidad de Torre de Santa María
Se han detectado varias actuaciones que pudiera constituir delitos urbanísticos, por los que se han instruido diligencias
Un agente del Seprona inspecciona un terreno en Torre de Santa María. / GUARDIA CIVIL
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Macrooperación contra el urbanismo ilegal de la Guardia Civil en Cáceres. El Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza) investiga a diez personas por una serie de construcciones en distintas zonas de la localidad de Torre de Santa María en el marco de la operación 'Kozo'. Las pesquisas comenzaron tras detectar numerosas irregularidades en construcciones, de distinta índole, que podrían ser constitutivas de delitos urbanísticos.
A lo largo del año 2024, los agentes inspeccionaron un total de 14 procesos edificatorios en esta zona, constatando la existencia de obras como cuartos de aperos, casas unifamiliares, reconstrucciones de viviendas antiguas con ampliación de superficie construida, naves y chalets, muchas de las cuales carecían de los permisos y la documentación necesarios para su legalidad.
Durante la investigación, el Seprona recabó información de los organismos competentes y analizó minuciosamente la documentación recopilada, determinando que varias de estas construcciones no cumplían con la normativa urbanística vigente y, por tanto, podrían ser consideradas ilegales.
La investigación, que se ha prolongado durante un año, puso de manifiesto que varias de las construcciones existentes no serían autorizables, pudiendo ser constitutivas de delitos urbanísticos.
En consecuencia, se han instruido diligencias a 10 personas, siete hombres y tres mujeres, quienes han resultado investigadas por su supuesta implicación en delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo, dando traslado de los hechos a la autoridad judicial competente en Cáceres.
Estos delitos, recogidos en el Código Penal, pueden acarrear penas de prisión de un año y seis meses a cuatro años, multas de doce a veinticuatro meses, salvo que el beneficio obtenido por el delito fuese superior a la cantidad resultante en cuyo caso la multa será del tanto al triplo del montante de dicho beneficio, e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a cuatro años.
Esfuerzo en la protección del territorio
La actuación del Seprona, que se prolongó durante un año, demuestra el compromiso de la Guardia Civil en la protección del medio ambiente y la ordenación sostenible del territorio. Este tipo de investigaciones no solo buscan sancionar conductas ilícitas, sino también concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de respetar la normativa urbanística y evitar nuevos comportamientos que pongan en peligro el equilibrio territorial y social.
El Instituto Armado recuerda que el incumplimiento de las leyes urbanísticas no solo constituye un delito, sino que puede derivar en graves consecuencias legales y un impacto negativo para el desarrollo ordenado de los municipios. Por ello, se insta a todos los ciudadanos a informarse adecuadamente y actuar conforme a la normativa vigente en cualquier proyecto de construcción.
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