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Entrevista | Isabel Berrocal Abogada en Cáceres con experiencia en derecho inmobiliario

"La Ley de Vivienda genera temor entre los propietarios a la hora de alquilar"

El Periódico Extremadura charla con la joven abogada cacereña Isabel Berrocal sobre los problemas de acceso a la vivienda que existen actualmente en Cáceres

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Gonzalo Lillo

Gonzalo Lillo

Cáceres

Cuatro años asesorando a clientes en materia de alquileres y compraventa de inmuebles han dado a Isabel Berrocal (Cáceres, 1995) una visión clara de la situación de la vivienda, que se presenta hoy como uno de los principales retos para la ciudad. La joven letrada analiza los efectos de la nueva legislación, que ha introducido cambios significativos, y expone las dificultades que enfrentan propietarios e inquilinos en un contexto de alta demanda y oferta limitada.

Crisis de la vivienda

Pregunta: El sector inmobiliario no pasa por su mejor momento. ¿Ha mejorado La Ley de Vivienda el acceso al mercado?

Respuesta: Creo que no mejora acceso, sino que causa más miedo a los propietarios, ya que se limita la renta y no pueden alquilar sus viviendas a precio libre. Esto hace que estén más reticentes y que algunos se dediquen a la compraventa o a los arrendamientos turísticos. Como consecuencia, la oferta disminuye y la demanda aumenta, lo que provoca que los precios se disparen.

P: Los datos indican que Cáceres lidera el aumento de precios de alquiler en España. ¿Cuáles son las razones detrás de esta tendencia?

R: Cáceres solía ser una de las ciudades más económicas para vivir de alquiler, pero el incremento de precios ha sido abismal. En ciudades como Madrid y Barcelona también están mucho más altos, pero la subida no ha sido tan pronunciada. El principal factor es el mismo: el temor de muchos propietarios a no cobrar el alquiler y verse envueltos en un procedimiento judicial de desahucio que puede prolongarse durante años.

P: La presidenta del Círculo Empresarial Cacereño ha señalado que hay listas de espera para alquilar viviendas en la ciudad. ¿Es así?

R: Es totalmente cierto, las inmobiliarias tienen sus listas de espera. Esto no sucede con la compra de viviendas, especialmente debido a la subida de los tipos de interés de las hipotecas en los dos últimos años. Por eso, siempre que sea posible, recomiendo comprar una vivienda en lugar de alquilarla, ya que los precios del alquiler están muy altos y, al final, estás pagando por un inmueble que pertenece a otra persona.

Posibles medidas

P: ¿Es partidaria de regular los precios?

R: No veo que esa sea la solución. Al poner un límite, estás prohibiendo a una persona alquilar por el precio que quiera un inmueble que es de su propiedad. La mejor solución sería regular el problema de raíz, agilizando los procedimientos de desahucios para que fueran más efectivos y rápidos. Además, siempre aconsejo a los propietarios que contraten seguros de impagos, porque a partir del cuarto mes te cubre la renta e incluso los daños que puedan dejar los inquilinos hasta la devolución de la vivienda. Si se reducen los problemas de impagos y se acortan los plazos de desahucio, los propietarios tendrán más seguridad y habrá más viviendas disponibles en alquiler.

P: El ayuntamiento y la Junta han acordado la construcción de viviendas protegidas. ¿Lo ve como una medida efectiva ante el problema de acceso a la vivienda?

R: Pienso que será positivo, sobre todo porque estas viviendas están destinadas a personas con cierto nivel de ingresos y que cumplen varios requisitos. Este perfil de persona suele ser responsable y tiene capacidad económica para alquilar el inmueble y que no se produzcan impagos.

P: Los universitarios de Cáceres han sido los últimos en protestar contra los altos precios y piden la declaración de zona residencial tensionada. ¿Debería considerarse esta medida?

R: Considero que no, y no creo que se acabe aprobando. En ciudades grandes como Madrid o Barcelona tiene sentido, pero en Cáceres no lo veo necesario, salvo que la situación empeore mucho. Esto podría generar más perjuicios que beneficios porque, aunque de primeras los inquilinos pagarían menos, los propietarios acabarían dejando de arrendar y se complicaría aún más el acceso a la vivienda.

P: Este jueves entró en vigor una modificación de la Ley de Propiedad Horizontal con el objetivo de regular la proliferación de pisos turísticos. ¿Cómo afecta esta nueva normativa?

R: A partir de ahora, para destinar una vivienda al alquiler turístico, además del permiso del ayuntamiento, será necesaria la autorización de las comunidades de vecinos, logrando el voto favorable de tres quintas partes del total de propietarios. Este cambio tendrá un gran impacto en Cáceres, ya que, por la experiencia que tengo con los clientes y las quejas que recibo, diría que en la mayoría de casos no se va a conceder ese consentimiento.

Ocupación ilegal

P: También se ha aprobado una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que permitirá agilizar los desahucios en viviendas ocupadas ilegalmente. ¿Cuáles son los principales cambios de esta nueva ley?

R: Además de endurecer las penas, lo principal es que los delitos de allanamiento de morada y usurpación de inmueble se van a tramitar mediante juicios rápidos. Una noticia muy positiva porque permite desalojar a los okupas en menos de un mes, cuando hasta ahora los plazos podían llegar hasta seis u ocho meses, dependiendo del juzgado.

P: Actualmente, ¿representa un grave problema la ocupación ilegal?

R: Es cierto que existe un problema porque se ocupan viviendas, pero en la práctica es menor de lo que vemos en los medios. Hay más complicaciones por impagos de inquilinos, que sí tienen legitimación para estar en el inmueble, que por la ocupación ilegal. Además, los okupas suelen fijarse en inmuebles que pertenecen a bancos y no tanto a particulares.

Derechos de arrendadores y arrendatarios

P: ¿Son frecuentes en Cáceres los conflictos entre propietarios e inquilinos?

R: Son bastante frecuentes, incluso disputas por una bombilla. Los principales conflictos están relacionados con las reparaciones, donde hacemos reclamaciones mediante burofaxes pero no solemos llegar a procedimientos judiciales. En un segundo nivel está el impago de rentas, que es más peligroso porque no suele haber una solución amistosa. Solo el 10% de los inquilinos acaba abonando lo debido, mientras que el 90% restante no paga y nos obliga a recurrir al proceso judicial de desahucio.

P: ¿Cómo protege la Ley de Arrendamientos Urbanos a los propietarios frente a impagos o daños en la vivienda?

R: Para los arrendadores, la protección es muy poca. A mis clientes les advierto que, aunque lleven razón, la burocracia es lenta y probablemente no acaben teniendo compensación económica porque quienes dejan de pagar suelen ser insolventes. Por eso recomiendo siempre que miren bien el tipo de inquilino antes de alquilar y que opten por perfiles con estabilidad económica para asegurar posibles embargos en caso de impago. De lo contrario, se enfrentan al menos a dos años de litigio y no cobrarán las rentas mientras se efectúa la entrega de la vivienda. Por tanto, aunque la Ley le da la razón al propietario, en la práctica los beneficios son escasos.

P: ¿Y cómo puede un inquilino defenderse de posibles abusos por parte de los propietarios?

R: Lo positivo para los inquilinos es que la Ley de Arrendamientos Urbanos siempre les va a proteger, aunque el contrato diga lo contrario. Lo que aconsejo es que pongan una reclamación o, si es urgente, que lo reparen y después se reclama la factura del arreglo.

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