El Guadipark tampoco abrirá este verano en Cáceres

La piscina del Guadipark, en el entorno del embalse del Guadiloba, se mantiene cerrada desde comienzos de la anterior legislatura del socialista Luis Salaya, y tampoco abrirá este verano. De hecho, la estimación es que no reabra sus puertas hasta la temporada estival de 2026, cuando se licite el servicio de gestión de las piscinas de verano, que actualmente está prorrogado, después de que el concurso público quedase desierto el pasado mes de mayo. Por lo que dicha gestión sigue en manos de Conyser.

Gestión del servicio

De un lado, el concejal de Servicios Públicos, Pedro Muriel, expresa que, respecto al Guadipark, «habíamos tomado la decisión de que se metiera en el siguiente pliego para la gestión integral de las piscinas municipales». Por eso, según el edil, «este año sacamos un contrato exclusivamente de un año para las piscinas municipales», que, obviamente, no incluye las instalaciones del Guadipark, inmersas también en un contencioso que se arrastra desde hace años.

«Sacamos un contrato con las piscinas sin incluir el Guadipark porque ahora se está haciendo una evaluación de las inversiones que hay que hacer para sacarlo de forma integral», subraya Muriel. Con la previsión de «hacer un contrato de gestión a largo plazo, que incluya grandes inversiones» y que incluya «reformar y restaurar el Guadipark».

La reapertura del Guadipark se enmaraña en los tribunales

Se desconoce el coste que supondrá a las arcas municipales que reabra esta instalación de ocio estival. Pero el alcalde, Rafael Mateos, ha manifestado recientemente (en una entrevista SER Cáceres) que «la previsión es que en el siguiente contrato que se licite podamos incluir» esta piscina, «teniendo en cuenta que hay que hacer una inversión muy importante porque habrá que sustituir prácticamente la totalidad de los vasos».

Contencioso

El año pasado, desde el Gobierno local expresaban su negativa a realizar una nueva concesión hasta que se dirimiera la causa judicial con la anterior adjudicataria (Salud Mental Inserta) en el Contencioso-Administrativo.

De hecho, el pasado mes de noviembre, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 1 de Cáceres admitía a trámite la demanda interpuesta por la empresa Salud Mental Inserta contra la desestimación por parte del ayuntamiento de las alegaciones sobre la resolución del contrato de explotación de las instalaciones del centro de ocio y piscinas Guadipark.

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El alcalde apunta que hay que «sustituir prácticamente la totalidad de los vasos», por lo que se desconoce el coste de la inversión

Fue el 22 de junio de 2023 cuando se firma por parte de la empresa y la representación del consistorio el acta de no conformidad para la recepción del área de recreo, «al no ponerse de acuerdo sobre quién debía afrontar el arreglo de las deficiencias de las instalaciones».

En septiembre de 2023, el ayuntamiento (ya en la legislatura del popular Rafael Mateos) denunciaba actos vandálicos en el área de recreo del Guadipark, y cuya empresa concesionaria ha recibido sanciones municipales, por lo que solicitó a la Policía Local que aumentase la vigilancia. 

El asunto se remonta a febrero de 2020, cuando el ejecutivo de Salaya optó por sancionar a la empresa concesionaria por incumplimiento del contrato. El consistorio concedió esta explotación en junio de 2013 al amparo de un proyecto social de la extinta Feafes Cáceres.

La empresa recurrió judicialmente la sanción y el juzgado desestimó inicialmente la petición. La sentencia recogía que un informe municipal hacía constar que, tras haber girado visita de inspección a las instalaciones, «todos los defectos e incumplimientos informados y comunicados siguen en el mismo estado». 

El consistorio abrió entonces un expediente de imposición de penalidades (10.000 euros) a la concesionaria por incumplimiento del contrato, por no ejecutar las reformas necesarias sobre electricidad o accesibilidad en vestuarios. 

Sentencia

La sentencia realizaba un examen de los incumplimientos acreditados, como el hecho de que la empresa había transformado la sala destinada a los servicios de gimnasio (incluida en el contrato) en un aula práctica de formación. Además, el pliego de prescripciones técnicas recogía que la dotación de equipos para el gimnasio aportados por el ayuntamiento «no están».

Posteriormente, la propia empresa sancionada informó que el Juzgado Contencioso Administrativo Número 1 había admitido parcialmente el recurso interpuesto, por el que se obligaba al consistorio a reparar las deficiencias de la piscina principal del complejo. 

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