¿Moratoria contra los apartamentos turísticos en Cáceres?: los datos que la avalan

Cáceres, como muchas otras ciudades del país, atraviesa una creciente tensión en el mercado de la vivienda. Ante la escalada de precios y la proliferación de pisos turísticos, el grupo municipal Unidas Podemos presentó este jueves en el pleno del ayuntamiento una moción para establecer una moratoria de diez años (hasta 2035) en la concesión de nuevas licencias de viviendas de uso turístico. La formación planteó también reforzar los recursos humanos y económicos destinados a intensificar la labor de inspección y sancionar a los apartamentos que operan sin licencia, con el objetivo de frenar lo que califican de «emergencia habitacional».

El Pleno de Cáceres tumba la pretensión de paralizar las licencias turísticas

La moción, que tal y como era previsible fue rechazada con los votos de PP y Vox y la abstención del PSOE, se sustentaba principalmente en algunos de los datos más recientes. Entre ellos, los del Instituto Nacional de Estadística (INE), que reflejan un aumento de más del 10% en el precio de la vivienda en Cáceres durante el último año, y de hasta un 22% en el conjunto de la provincia, alcanzando los niveles más altos desde 2007, año en el que estalló la burbuja inmobiliaria. Además, la formación destacaba que este encarecimiento también está afectando a la vivienda protegida en la región, «con una subida del 43% desde que en 2019 se estableciera su actualización tomando como referencia el IPC».

En la propuesta presentada se indicaba que el encarecimiento de la vivienda contrasta con la evolución de los salarios en el mismo periodo. Desde 2015, los sueldos en Extremadura han aumentado un 16,5 %, mientras que el precio del alquiler lo ha hecho en un 29,8 %. Una diferencia que según Álvaro Jaén, concejal de Unidas Podemos, «genera una pérdida de poder adquisitivo inasumible para la clase trabajadora extremeña».

A su juicio, entre las principales causas del incremento del precio de la vivienda se encuentra la especulación y compra de viviendas para el uso no residencial. Para ello se apoya en los datos del Centro de Información Estadística del Notariado, que revelan que el 56,2% de las operaciones de compraventa registradas a lo largo de 2024 en Extremadura fueron abonadas al contado. Muchas de estas viviendas se venden a clientes a través de Agencias de la Propiedad Inmobiliaria que operan bajo la coordinación y supervisión de grandes gestoras como Aliseda-Anticipa, Hipoges, Serviland y Aelca; es decir, fondos de inversión.

Otro de los factores que atribuyen al agravamiento de la situación es la proliferación de alojamientos turísticos no regulados. En este sentido, la Agrupación Local de Somos Cáceres acusó la semana pasada al Ejecutivo cacereño de «mirar hacia otro lado», mientras la ciudad «se desborda de alojamientos ilegales» que operan sin control, especialmente en zonas como el centro histórico. 

Raquel Iglesias, presidenta de Somos Cáceres, exige al gobierno municipal que «rectifique y asuma su responsabilidad», impulsando medidas urgentes que frenen el abuso especulativo y la expulsión progresiva de vecinos de los barrios tradicionales, donde cada vez resulta más difícil acceder a una vivienda en régimen de alquiler de larga duración.

Rechazo en el pleno

Como era de esperar, el pleno del Ayuntamiento de Cáceres rechazó la moción en la sesión celebrada el pasado jueves, contando con el respaldo mayoritario de los grupos municipales de PP y Vox. En este sentido, el concejal de Urbanismo, Tirso Leal, argumentó que la propuesta planteada por Unidas Podemos «cojea», ya que, según él, «dirigen el foco de la subida de los alquileres y precio de la vivienda en la ciudad a los apartamentos turísticos», cuando a su juicio existen otros factores mucho más determinantes que inciden en esta problemática. 

Además, afeó a UP que se centren en «desprestigiar y demonizar a un sector que genera empleo, dinamiza la economía local, promueve un turismo de calidad y rehabilita el patrimonio arquitectónico de esta ciudad».

Otras propuestas

La moción de Unidas Podemos en materia de vivienda no es la primera. En 2023 ya propusieron declarar Cáceres como ‘zona residencial tensionada’, una medida que fue denegada pero sobre la que siguen insistiendo. 

También se aprobó entonces una moción para desarrollar una ordenanza reguladora de los alojamientos turísticos, aunque, a día de hoy, aún no se ha materializado. La portavoz socialista, Belén Fernández, criticó en el pleno que todavía siga pendiente esta normativa, que empezó a gestarse en la anterior legislatura. «Es importantísimo regular», señaló, recordando que «ya habíamos generado el compromiso del equipo de Gobierno para la aprobación inmediata de la ordenanza», de la que, además, «dejamos el borrador hecho», concluyó.

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