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Tribunales

Ocho meses de cárcel para el opositor a una plaza de Diputación de Cáceres por la filtración del examen

La Audiencia Provincial le condena por un delito de revelación de secretos en grado de tentativa porque el proceso de selección se paralizó antes de adjudicarse el puesto

Entrada a los juzgados de Cáceres.

Entrada a los juzgados de Cáceres. / SILVIA SANCHEZ FERNANDEZ

Gema Guerra Benito

Gema Guerra Benito

Cáceres

La Audiencia Provincial de Cáceres ha condenado a ocho meses de prisión al opositor a una plaza de la diputación que fue acusado de beneficiarse de una filtración del examen. Tan solo una semana han esperado las partes para que se dicte sentencia tras haberse celebrado el juicio en el palacio de justicia cacereño.

De esta forma, el tribunal le considera autor de un delito de revelación de secretos aunque en grado de tentativa porque concurre la circunstancia de que el proceso de selección se paralizó tras la denuncia de filtración del examen antes de que se asignara la plaza para el área de Imprenta en la institución provincial.

La fiscalía, por su parte, solicitaba hasta cuatro años de prisión por un delito contemplado en el artículo 418 de los delitos contra la administración pública por «haber aprovechado una información privilegiada de un funcionario». El escrito del ministerio público basaba su acusación, principalmente, en que el acusado sacó un diez en el examen, «coincidiendo en su totalidad sus respuestas con las elaborada por el tribunal».

En este argumento, precisamente, basa la Sala su sentencia , en que el acusado calcó la prueba. Considera el tribunal en su dictamen al que este diario ha tenido acceso que su examen es «prácticamente exacto al modelo realizado por el tribunal teniendo en cuenta que fue una creación intelectual de uno de sus miembros, sin que exista libro o manual que contenga la respuesta». Sin embargo, califica la responsabilidad del acusado en un grado inferior y sostiene que el delito se cometió en grado de tentativa porque «el acusado no llegó a generar haberes a raíz del concurso oposición que fraudulentamente culminó al suspenderse el proceso por la intervención de los miembros del tribunal de oposiciones que frustraron la perfección del delito».

«De no ser por esa intervención, el acusado hubiera obtenido su propósito porque tuvo la máxima calificación, por ello procede la rebaja en un solo grado», expone la Sala, es decir, de ahí que la pena que se le ha impuesto oscile entre los seis meses y un año de prisión. Con respecto a la responsabilidad civil, el tribunal no solicita condena, pero sí deberá abonar las costas, incluso la de la acusación particular ejercida por la Diputación de Cáceres. El abogado que ha ejercido la defensa del acusado es Basilio Hermoso.

En cuanto al relato de los hechos, la sentencia de la Audiencia Provincial recoge que el 1 de julio de 2023 se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) una convocatoria para la cobertura en propiedad mediante el sistema de oposición de dos plazas de oficial de Imprenta en la Diputación de Cáceres.

El examen coincidía "hasta en los signos de puntuación"

La fase de oposición estaba compuesta de dos ejercicios, el segundo estaba señalando para enero de 2024. Así, recoge el documento que el acusado «valiéndose de una información obtenida de un funcionario recibió el modelo del segundo ejercicio y las preguntas y respuestas elaboradas por un miembro del tribunal». «A consecuencia de este conocimiento, plasmó en las respuestas dicho modelo obteniendo una puntuación de diez sobre diez en el proceso, coincidiendo en su totalidad en las respuestas por él formuladas en su examen con el modelo de examen del miembro del tribunal» en «el orden en el proceso de desarrollo, el texto, las frases, las expresiones, hasta los signos de puntuación», de hecho, el examen «era limpio, sin tachones ni correcciones».

Una vez conocido este hecho, señala el texto, se produjo una renuncia de todos los miembros del tribunal. Durante el juicio, el acusado defendió su inocencia alegando que llevaba trabajando en la institución 23 años y se escudó en su experiencia para justificar la «perfección».

La sentencia no es firme y contra ella cabe recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx).

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