La Diputación de Cáceres replica al Ayuntamiento de Zarza la Mayor por la exhumación de la mina La Paloma: "Ineptitud del equipo de gobierno"

La Diputación de Cáceres replica al Ayuntamiento de Zarza la Mayor tras denunciar el pasado martes que el alcalde, Félix Bayón, estaba sufriendo "ataques y presiones" por paralizar las obras de exhumación de la mina La Paloma. "Queremos dejar claro que ha sido la ineptitud del equipo de gobierno del consistorio en la gestión de los recursos y proyectos la única causante de la actual situación", explica la institución provincial, que ha salido al paso este miércoles para argumentar los hechos desde la concesión de una subvención nominativa para llevar a cabo los trabajos para exhumar los cuerpos de una veintena de víctimas del Franquismo y su posterior identificación.

Historia

Por Resolución Presidencial de fecha 15 de junio de 2023, se acordó la concesión definitiva de una subvención nominativa al Ayuntamiento de Zarza la Mayor "por importe de 75.000 euros para la realización de la segunda fase del proyecto de exhumación de la mina La Paloma". En dicha Resolución se preveían como plazos de ejecución y justificación los siguientes: la ejecución debía hacerse entre el 1 de septiembre de 2023 y el 1 de septiembre de 2024, y debía justificarse antes del 30 de noviembre de 2024.

Justificación

La justificación que debía realizarse en dicha fecha no se llevó a cabo por la Entidad Local, tampoco hubo solicitud de ampliación de dicho plazo ni lo servicios técnicos del Ayuntamiento se pusieron en contacto con la Diputación de Cáceres para indicar las circunstancias en las que se encontraba ni la imposibilidad de llevar a cabo la justificación de la subvención concedida.

Fechas

Posteriormente, es presentada la justificación por parte de la entidad local con fecha 6 de marzo de 2025, en la que se ponen de manifiesto los siguientes incumplimientos: El importe justificado (60.137 euros) es inferior al concedido (75.000). La Entidad beneficiaria ha realizado los gastos fuera del periodo de ejecución, ya que la factura justificativa de las actividades objeto de la subvención estaba fechada el 15 de octubre de 2024.

Galería | Así va la exhumación de la fosa común en la mina La Paloma en Zarza la Mayor

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Circunstancias especiales

Además, la Diputación era conocedora de las especiales circunstancias de la ejecución de la citada subvención y por ello, reguló en la normativa de concesión la posibilidad de ampliar dicho plazo de ejecución por otros 6 meses, posibilidad que en ningún momento fue utilizada por dicho ayuntamiento, ya que de haber solicitado la misma, "no hubiéramos debido llegar en ningún caso al reintegro del importe concedido".

Normativa

La diputación ha aplicado la normativa en relación a la implementación de los intereses de demora de la subvención, siendo responsable a todos los efectos, el equipo de gobierno de Zarza la Mayor del sobrecoste que la ley obliga a imputar sobre aquellos beneficiarios de subvenciones que incumplen las condiciones de concesión de cualquier tipo de fondos públicos.

Sin conocimiento

Además, añaden que la Diputación no tenía conocimiento alguno de los plazos de ejecución y justificación del Convenio suscrito entre la Universidad de Extremadura y el Ayuntamiento de Zarza la Mayor, ya que, de haber tenido conocimiento por parte de esta Diputación, se hubiera sugerido a la entidad la adecuación de dichos plazos a la subvención de la Diputación.

Mentiras

Por otro lado, el ayuntamiento "sigue mintiendo en relación a que desconocieran las actuaciones relativas a la concesión de la autorización de la licencia para poder acometer los trabajos", ya que desde la empresa encargada de desarrollar los mismos se solicitó la autorización a través del Registro del Ayuntamiento con fecha 15 de julio de 2025, sin que el Ayuntamiento contestara.

"Obstaculización"

Por todo ello, la diputación denuncia la "obstaculización" que se viene dando desde el consistorio y desde los servicios técnicos de dicho Ayuntamiento entorpeciendo la posibilidad de que los afectados por los acontecimientos traumáticos o violaciones de derechos humanos que se produjeron como consecuencia del golpe de estado que originó la Guerra Civil, puedan ver localizadas, identificadas y dignificadas a sus víctimas.