La exhumación de la mina La Paloma desata un cruce de duras acusaciones en Zarza la Mayor

La paralización de la exhumación en la mina La Paloma de Zarza la Mayor mediante una resolución de alcaldía emitida por el ayuntamiento a causa de la falta de licencia de obra por no haber presentado un permiso ambiental que debía conceder Red Natura 2000 ha desatado un cruce de acusaciones entre el propio consistorio y la Diputación de Cáceres que ha ido encrudeciendo la relación entre ambas instituciones.

Fosa

El lunes de la semana pasada llegaron los expertos arqueólogos de la empresa vasca Sociedad de Ciencias Aranzadi para actuar en la fosa, donde se prevé que se encuentren una veintena de cuerpos que fueron asesinados en la zona de La Raya en el verano de 1936. Es la tercera fase del proyecto para tratar de encontrar los cadáveres, que ha sido financiada por la Diputación de Cáceres por un valor superior a los 113.000 euros y gestionada por la Universidad de Extremadura.

En 2023

Es importante destacar que el proyecto se inició en 2023. En una primera fase trabajaron en otra de las bocas de la mina, donde bajaron hasta una profundidad de 40 metros, pero lo encontraron todo inundado. Había galerías verticales y horizontales. Se metió una bomba para sacar el agua para ver si podían salir cuerpos allí, pero no. Se desconocía la profundidad total que tenía. Si en la boca en la que están trabajando actualmente (donde ya actuaron en la segunda fase) no hallan los restos, plantean la posibilidad de volver a trabajar en esta. Sin embargo, los indicios apuntan a que deberían estar donde retomarán los trabajos.

Comunicado del alcalde

Tras paralizar las obras, el alcalde zarceño, Félix Bayón, emitió un comunicado denunciando "la manipulación y falta de colaboración de la Diputación de Cáceres en el proyecto, vinculado a la memoria histórica". En la misma nota, el consistorio informaba a la ciudadanía sobre la situación generada en torno a esta iniciativa que ha sido desarrollada durante varios años en colaboración con distintas instituciones.

Anterior equipo

Aseguraba que este proyecto, "gestionado inicialmente bajo la responsabilidad del anterior equipo de gobierno, se vio afectado por un desequilibrio en los plazos de justificación establecidos en los distintos convenios". Detallaba, concretamente, el convenio firmado por la anterior alcaldesa en la que se otorgó a la Universidad de Extremadura un plazo de justificación que se extiende hasta el 31 de diciembre de 2025, mientras que el ayuntamiento contaba con un plazo mucho más reducido para justificar la subvención concedida por la diputación.

Subvención

"Este desfase -decía el ayuntamiento- ha impedido justificar en tiempo la subvención. Según información de la propia Universidad, la factura fue retenida por sus mecanismos de control al detectar un incumplimiento en el procedimiento de contrato menor. Como consecuencia directa, la Diputación de Cáceres ha exigido al ayuntamiento la devolución de la subvención recibida, por un importe inicial de 75.000 euros".

Reuniones

Ante esta situación, añade, "el actual equipo de gobierno mantuvo reuniones con el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Morales, y con la vicepresidenta primera, Esther Gutiérrez Morán, con el fin de buscar soluciones conjuntas. Lejos de recibir apoyo institucional, el ayuntamiento ha sido notificado con una nueva carta en la que se incrementa la cantidad a devolver en 82.000 euros, lo que evidencia, a juicio de este equipo de gobierno, la falta de voluntad política por parte de la Diputación y del Partido Socialista, responsables del origen de este problema".

Solicitud

Hace aproximadamente un mes, subraya, "la empresa encargada de realizar los trabajos, solicita formalmente autorización para poder comenzar la obra de la tercera fase. La alcaldía, ajustándose a la legalidad vigente, solicita un informe jurídico y técnico en el cual queda claro que esa actuación está sujeta a informes sectoriales, entre otros, el medioambiental, ya que el paraje se encuentra dentro de la Red Natura 2000".

Autorización

Mientras tanto, y a la espera de que llegue dicho informe, "la empresa decide comenzar las obras sin la autorización necesaria. Este ayuntamiento tiene conocimiento de dicha actuación a través de las redes sociales y sin comunicación oficial. Por todo ello, se actúa como con cualquier otro expediente, paralizando la obra. El ayuntamiento lamenta profundamente esta situación, confiando en que pronto pueda resolverse y denuncia públicamente, los ataques personales y presiones recibidas por parte del entorno del Partido Socialista, así como de cargos relevantes de la Diputación de Cáceres".

Responde la diputación

Tras leer el comunicado, la Diputación de Cáceres replicó este miércoles al consistorio: "Queremos dejar claro que ha sido la ineptitud del equipo de gobierno del consistorio en la gestión de los recursos y proyectos la única causante de la actual situación".

Concesión definitiva

Por Resolución Presidencial de fecha 15 de junio de 2023, se acordó la concesión definitiva de una subvención nominativa al Ayuntamiento de Zarza la Mayor "por importe de 75.000 euros para la realización de la segunda fase del proyecto de exhumación de la mina La Paloma". En dicha resolución se preveían como plazos de ejecución y justificación los siguientes: la ejecución debía hacerse entre el 1 de septiembre de 2023 y el 1 de septiembre de 2024, y debía justificarse antes del 30 de noviembre de 2024.

Servicios técnicos

La justificación que debía realizarse en dicha fecha no se llevó a cabo por la Entidad Local, tampoco hubo solicitud de ampliación de dicho plazo ni lo servicios técnicos del Ayuntamiento se pusieron en contacto con la Diputación de Cáceres para indicar las circunstancias en las que se encontraba ni la imposibilidad de llevar a cabo la justificación de la subvención concedida.

Importe justificado

Posteriormente, es presentada la justificación por parte de la entidad local con fecha 6 de marzo de 2025, en la que se ponen de manifiesto los siguientes incumplimientos: El importe justificado (60.137 euros) es inferior al concedido (75.000). La Entidad beneficiaria ha realizado los gastos fuera del periodo de ejecución, ya que la factura justificativa de las actividades objeto de la subvención estaba fechada el 15 de octubre de 2024.

Circunstancias

Además, la Diputación era conocedora de las especiales circunstancias de la ejecución de la citada subvención y por ello, reguló en la normativa de concesión la posibilidad de ampliar dicho plazo de ejecución por otros 6 meses, posibilidad que en ningún momento fue utilizada por dicho ayuntamiento, ya que de haber solicitado la misma, "no hubiéramos debido llegar en ningún caso al reintegro del importe concedido".

Normativa

La diputación ha aplicado la normativa en relación a la implementación de los intereses de demora de la subvención, siendo responsable a todos los efectos, el equipo de gobierno de Zarza la Mayor del sobrecoste que la ley obliga a imputar sobre aquellos beneficiarios de subvenciones que incumplen las condiciones de concesión de cualquier tipo de fondos públicos.

Galería | Así va la exhumación de la fosa común en la mina La Paloma en Zarza la Mayor

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Expertos

Además, añaden que la Diputación no tenía conocimiento alguno de los plazos de ejecución y justificación del Convenio suscrito entre la Universidad de Extremadura y el Ayuntamiento de Zarza la Mayor, ya que, de haber tenido conocimiento por parte de esta Diputación, se hubiera sugerido a la entidad la adecuación de dichos plazos a la subvención de la Diputación.

Mentiras

Por otro lado, el ayuntamiento "sigue mintiendo en relación a que desconocieran las actuaciones relativas a la concesión de la autorización de la licencia para poder acometer los trabajos", ya que desde la empresa encargada de desarrollar los mismos se solicitó la autorización a través del Registro del Ayuntamiento con fecha 15 de julio de 2025, sin que el Ayuntamiento contestara.

"Obstáculos"

Por todo ello, la diputación denuncia la "obstaculización" que se viene dando desde el consistorio y desde los servicios técnicos de dicho Ayuntamiento entorpeciendo la posibilidad de que los afectados por los acontecimientos traumáticos o violaciones de derechos humanos que se produjeron como consecuencia del golpe de estado que originó la Guerra Civil, puedan ver localizadas, identificadas y dignificadas a sus víctimas.