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Por el caso de la filtración del examen de oposición

Vía libre para fijar el juicio al ex jefe de la Policía Local: será en la Audiencia Provincial de Cáceres

La causa la tramitaba el Juzgado de lo Penal

La defensa de Benedicto Cacho lo solicitó por ser el órgano competente, basándose en la Ley de Fuerzas de Seguridad del Estado

Benedicto Cacho en una imagen de archivo.

Benedicto Cacho en una imagen de archivo. / EP

Eduardo Villanueva

Eduardo Villanueva

Cáceres

La causa del exjefe de la Policía Local de Cáceres Benedicto Cacho, que ha pasado a segunda actividad y para el que la Fiscalía solicita 2 años y 6 meses de prisión por un delito de revelación de secretos (con el agravante de ser funcionario) por el caso de la filtración del examen de oposición del cuerpo policial de 2022, se juzgará finalmente en la Audiencia Provincial y no en el Juzgado de lo Penal (donde se tramitaba hasta ahora).

Requerimiento

De esta forma, según fuentes judiciales consultadas por el Periódico Extremadura, se ha dado luz verde a la solicitud que el abogado de Cacho, Emilio Cortés, había realizado, en base a la Ley de Fuerzas de Seguridad del Estado, por lo que ya hay vía libre para fijar fecha para el juicio.

Según explicó el propio Cortés, se había registrado un escrito para que fuese la Audiencia Provincial la que enjuiciase el caso; petición que al finalizar septiembre estaba sin resolver, «lo cual está retrasando la citación judicial», apuntaba la defensa.

La defensa de Cacho alegaba que «la Ley de Fuerzas de Seguridad del Estado establece que los posibles delitos que cometa un miembro de la policía van a la Audiencia y no al Juzgado de lo Penal».

Acusación

Fue el pasado mes de enero cuando se hizo público el escrito de acusación de la Fiscalía Provincial, solicitando 2 años y 6 meses de prisión a Cacho por un delito de revelación de secretos y una inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 5 años por el caso de la filtración.

Además, para el profesor de academia (que también es policía) se pide una pena de prisión de 5 años, «pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante 10 años». Y una «multa del triple del beneficio obtenido y que quede acreditado en el acto de la vista».

El examen, una prueba mediante sistema de oposición libre (para cubrir 8 plazas), se celebró en septiembre de 2022. Las plazas se adjudicaron y los agentes ejercen actualmente. Según la Fiscalía, el profesor reveló la información obtenida del otro acusado (miembro del tribunal) a sus alumnos de la academia a través de mensajes y audios de Whatsapp con varios archivos en PDF.

En esos mensajes «se advertía sobre los temas concretos que iban a salir en el examen, como preguntas para la oposición». El PDF contenía la Ley de Espectáculos públicos de Extremadura y mensajes del tipo: «Ya podéis mirar esta ley cagando leches». Los mensajes «los envió a un grupo de Whatsapp integrado por sus alumnos».

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