Tribunales
El juzgado requiere a una asociación de cazadores de Cáceres condenada que indemnice al ayuntamiento
La jueza dicta un auto para ejecutar la sentencia de 2024 que los condena por sacar corcho de unas fincas municipales en Rincón de Ballesteros. Deberá abonar al ayuntamiento 3.800 euros
Ángel Orgaz. / CARLOS GIL
El juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de Cáceres ha requerido a una asociación de cazadores de Cáceres que fue condenada en 2024 a que cumpla la sentencia e indemnice al ayuntamiento. Según recoge el auto de ejecución de sentencia al que ha tenido acceso este diario, la magistrada insta al colectivo condenado a que abone a la administración local la cantidad que se recoge en el dictamen, 3.800 euros, por los perjuicios causados y las pérdidas ocasionadas después de que la asociación extrajera corcho de unas fincas de propiedad municipal en Rincón de Ballesteros sin estar autorizados para ello.
Fue este viernes cuando el concejal Ángel Orgaz dio a conocer la resolución judicial a los medios tras la celebración de la junta de gobierno local. Para aportar contexto, este auto de ejecución de sentencia se aplica, en materia civil, cuando no hay voluntad de cumplir la sentencia por parte del condenado, y en el caso de lo penal, determina el final del proceso judicial en el que se ejecuta la condena. Este caso se remonta a 2024, cuando precisamente a finales de octubre, la asociación de cazadores Virgen de Guadalupe fue considerada culpable de haber sacado corcho. En su momento, el ayuntamiento les reclamaba hasta 14.000 euros, pero finalmente, el juzgado le reconoció algo menos de 4.000 euros por los perjuicios en base a lo recaudado por la extracción.
Los intereses
El documento, por tanto, tiene como propósito “dictar una orden de ejecución” y estima que se abonen los 3.800 euros más los intereses ordinarios y moratorios vencidos, más otros 1.141 euros que se fijan provisionalmente en concepto de intereses que pueden devengarse durante la ejecución y costas.
Esta causa cuenta con un precedente judicial puesto que la entonces Asociación Sociedad Local de Propietarios Virgen de Guadalupe llevó a los tribunales a la Junta de Extremadura en 2014 “al entender que la gestión de los terrenos les correspondían” porque había mantenido en ellas los usos tradicionales como la apicultura o la saca del corcho. Años más tarde, los habitantes de Rincón de Ballesteros, con un 51% de los apoyos, dejó que un club local de cazadores pudiera desarrollar actividades cinegéticas.
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