Un máximo de 18 años de cárcel para la pareja condenada por prostituir a mujeres en pisos de Nuevo Cáceres

La Audiencia Provincial ha condenado a una pareja (un hombre y una mujer) como autores penalmente responsables de siete delitos de trata de seres humanos para fines de explotación sexual y prostitución lucrativa; cada uno de ellos a las penas de seis años de prisión (42 años de cárcel en total) por explotar sexualmente a mujeres colombianas en varios pisos de la barriada de Nuevo Cáceres.

En concepto de responsabilidad civil, los acusados deberán indemnizar con hasta 46.000 euros a siete víctimas

Límite maximo

Estas penas de prisión tendrán un límite máximo de 18 años, según estipula la sentencia. A la citada condena se suma la prohibición de comunicarse o acercarse a menos de 200 metros de las siete víctimas durante 10 años; así como una medida de libertad vigilada de cinco años, una vez cumplida la condena de prisión.

También se les condena por un delito continuado contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, con 10 meses de multa. Y a un decomiso de un vehículo Audi Q7, teléfonos móviles entregados a las víctimas, una lámpara led usada para fotografiarlas y el dinero intervenido. 

Y en concepto de responsabilidad civil, los acusados deberán indemnizar con hasta 46.000 euros a siete víctimas que declararon como testigos en el juicio. Si bien, la sentencia no es firme y contra ella cabe interponer recurso ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx).

Hechos probados

Según declara probado el tribunal, ambos acusados actuaban conjuntamente en todas las fases del delito: la captación de las mujeres en su país de origen, la organización del traslado, la superación de los obstáculos legales para entrar en España y, finalmente, su explotación sexual en Cáceres. Las víctimas se encontraban en situación de vulnerabilidad económica y personal, lo que “facilitó su sometimiento a las condiciones impuestas”.

La sentencia recoge pruebas como declaraciones de las testigos protegidas, vigilancias policiales, geolocalizaciones, imágenes de cámaras de seguridad e intervenciones telefónicas. Estas últimas evidenciaron la implicación directa de los acusados en la gestión de clientes, la organización de los servicios sexuales, el control de las mujeres (incluido el uso de cámaras de vigilancia y supervisión de sus teléfonos) y la captación de nuevas víctimas.

El tribunal ha rechazado la aplicación de la atenuante de reparación del daño solicitada por la defensa, al considerar que las cantidades consignadas por los acusados “no constituyen una reparación voluntaria, sino una garantía para responsabilidades civiles”. De hecho, los condenados deberán indemnizar solidariamente a las siete mujeres explotadas: 40.000 euros para cinco de ellas y 6.000 euros para otras dos.

Los condenados estaban en libertad con cargos, aunque estuvieron en prisión provisional. Se trata de una mujer colombiana que fijó su residencia en la capital cacereña en 2023 y un hombre, ambos pareja y sin antecedentes penales en el momento de los hechos que se han juzgado.

Denuncia por violencia machista

Según la sentencia, la investigación se inició en noviembre de 2023 después de que una mujer (testigo protegida) denunciara un episodio de presunta violencia de género. En el marco de esa declaración, la mujer reveló a los agentes que se encontraba ejerciendo la prostitución en un piso de Cáceres, lo que llevó a la Policía Judicial a abrir diligencias por posible trata de seres humanos.

El instructor del atestado corroboró en el juicio que, tras aquella denuncia, se realizaron vigilancias en diversos inmuebles de la ciudad. En esas inspecciones se identificó a varias mujeres colombianas (de entre 20 y 30 años) que relataron circunstancias similares sobre cómo habían llegado a Cáceres y bajo qué condiciones estaban ejerciendo la prostitución.

La investigación se orientó hacia la pareja acusada, identificados por la testigo en un reconocimiento fotográfico. Las víctimas también indicaron que ambos realizaban fotografías de las mujeres para publicarlas en páginas web de contactos dirigidas a adultos. Todas describieron “situaciones de precariedad económica, cargas familiares y deudas en Colombia que las llevaron a aceptar la oferta de viajar a España”.

Las conversaciones extraídas del teléfono móvil  intervenido a la acusada mostraron cómo ella coordinaba todo: billetes de avión, préstamos para el viaje (de entre 2.000 y 3.000 euros) y las instrucciones para pasar los controles fronterizos simulando ser turistas. En los chats se detallaban además las condiciones del trabajo; entre ellas, la obligación de devolver rápidamente el dinero prestado a las víctimas.