Tempestad por la Zona de Bajas Emisiones en Cáceres: el PSOE acusa a Mateos de “chapuza monumental” y exige rehacer toda la ordenanza

El debate sobre la futura Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en Cáceres ha estallado con fuerza. El Grupo Municipal Socialista ha lanzado una crítica demoledora contra la gestión del alcalde Rafa Mateos, a quien acusa de “falta de rigor, improvisación y cero capacidad de diálogo” en un proyecto que, aseguran, llega tarde, mal y sin pensar realmente en la ciudad que pretende transformar.

La portavoz socialista, Belén Fernández, no ha escatimado en palabras. Asegura que el documento presentado en la comisión de Servicios Públicos “es una copia literal del modelo tipo de la FEMP de 2023, sin una sola adaptación seria a la realidad de Cáceres”. Un proyecto, dice, que demuestra “que el PP ha trabajado a toda prisa solo para evitar sanciones, en lugar de planificar una verdadera transformación urbana”.

Fernández recuerda que hace solo unos días el Pleno tuvo que aprobar una modificación del PIMUS “in extremis” para poder cumplir con la normativa estatal. “Y ahora —añade— nos traen una ordenanza llena de erratas, datos obsoletos y desajustes que demuestran que no ha habido trabajo, ni planificación, ni escucha”.

Entre los fallos más graves, según el PSOE, figuran datos del transporte público que no se corresponden con la realidad actual: el documento no recoge líneas de autobús hoy fundamentales, como el refuerzo al Campus, o el de la Línea 8. Incluso señala que la Línea 5 presta servicio a la estación de trenes, algo que no ocurre desde hace años.

A ello se suma —denuncian— la ausencia total de diálogo con los sectores afectados, desde comerciantes hasta residentes o empresas de servicios. “En lugar de consenso, se ha generado incertidumbre”, lamenta Fernández.

La portavoz también ha cargado contra unas declaraciones del concejal responsable en la comisión, que dijo que “cumplir las normativas es coacción”. Para el PSOE, esta frase “es profundamente lamentable y antidemocrática”, porque un responsable político “tiene la obligación de cumplir la ley y de proteger la salud pública”.

Para Fernández, la implantación de una ZBE no puede ser un mero trámite burocrático centrado en la zona monumental, sino una oportunidad para mejorar la calidad de vida de toda la ciudadanía. “Una ciudad más calmada, con menos ruido y contaminación, permite a la gente —especialmente a quienes tienen problemas de movilidad— moverse con más seguridad y libertad”.

“La Zona de Bajas Emisiones no es un castigo, sino una herramienta para construir una Cáceres más verde, más amable y más viva”, concluye.

La pelota vuelve ahora al tejado del Equipo de Gobierno, que deberá decidir si rectifica, negocia… o mantiene un proyecto que ya ha encendido el pulso político en la ciudad.