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Acoso escolar

"Años de infierno": condenados cuatro menores por un caso extremo de hostigamiento continuado a un compañero en Cáceres capital

La juez impone medidas socioeducativas y una orden de alejamiento tras acreditarse insultos diarios, agresiones, amenazas y aislamiento social dentro y fuera del colegio

Palacio de Justicia de Cáceres.

Palacio de Justicia de Cáceres. / El Periódico Extremadura / Jorge Valiente

Miguel Ángel Muñoz Rubio

Miguel Ángel Muñoz Rubio

Cáceres

La justicia de menores ha dictado una sentencia contundente en Cáceres tras reconocer un prolongado y grave caso de acoso escolar que se extendió durante varios años y que marcó profundamente la vida de la víctima, un estudiante calificado como de altas capacidades. Cuatro menores han sido condenados por un delito contra la integridad moral después de asumir ante la juez los hechos y aceptar las medidas solicitadas por el Ministerio Fiscal.

Según la sentencia, los agresores -entonces alumnos de un mismo centro educativo de Cáceres capital- comenzaron a hostigar a su compañero desde 1º de la ESO, cuando aún eran inimputables, y mantuvieron el acoso de forma continuada hasta 3º de la ESO, con 14 años ya cumplidos. Los insultos eran diarios, repetitivos y especialmente crueles: burlas sobre su aspecto físico, su familia, su orientación sexual, la profesión de su padre o su valía personal. A ello se sumaban collejas, empujones, zancadillas, aislamiento deliberado y humillaciones públicas.

Un “infierno total” para la víctima

La víctima relató que evitaba acudir al aula, pedía a su madre que lo recogiera antes y vivía con angustia constante. Durante los cambios de clase le escondían el material escolar, exigían dinero para devolvérselo y en los recreos debía alejarse y relacionarse con alumnos más pequeños para esquivar las agresiones.

Palacio de Justicia.

Palacio de Justicia. / El Periódico Extremadura / Jorge Valiente

Fuera del colegio tampoco hallaba descanso: en parques y espacios públicos los menores continuaron con las amenazas y vejaciones incluso tras su traslado a otro centro educativo para el curso 2024/2025.

El último episodio, ocurrido el 21 de octubre de 2024, se produjo cuando el joven regresaba a casa con su padre y estando ya en el nuevo colegio. Varios acosadores le increparon de nuevo en plena calle. Cuando el padre se bajó del vehículo para pedir explicaciones, los menores respondieron con burla y desafío. La familia decidió entonces denunciar ante la Policía Nacional.

Solo después de que el colegio y los menores fueran notificados de la denuncia, el hostigamiento -que había continuado incluso tras el cambio de centro- cesó por completo.

Las penas: tareas socioeducativas y alejamiento

Los cuatro menores han aceptado los hechos y la responsabilidad. La juez ha impuesto: 8 meses de tareas socioeducativas para tres de ellos, 6 meses de tareas socioeducativas para el cuarto, un año de orden de alejamiento y prohibición de comunicación con la víctima a menos de 50 metros, incluyendo su domicilio, centro educativo y lugares que frecuente, además de costas procesales a partes iguales

La sentencia es firme y se inscribirá en el Registro Central de Sentencias Firmes de Menores. Además, se recuerda que queda prohibida la difusión de datos que permitan identificar a los menores implicados, en cumplimiento del Estatuto de la Víctima y la legislación de protección de menores.

Un caso que reabre el debate

El expediente revela un patrón de acoso sostenido que se fue intensificando pese a los cambios de entorno escolar, y que únicamente cesó tras la intervención policial.

Un caso extremo que, según fuentes jurídicas, pone de nuevo sobre la mesa la necesidad de reforzar los mecanismos de prevención, detección temprana y acompañamiento psicológico en los centros educativos.

La familia del menor espera que esta resolución “sirva para que ningún niño vuelva a vivir lo que él vivió”. El tribunal, por su parte, subraya el carácter reeducativo de las medidas, basadas en la responsabilidad, la reparación y el aprendizaje, de preservar su intimidad y evitar cualquier forma de revictimización.

La defensa de la víctima ha sido asumida por el despacho cacereño Corvillo Abogados, bajo la dirección letrada del abogado Rafael Corvillo Díaz, que ha intervenido como acusación particular en representación del menor afectado.

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