El pleno aprueba las restricciones de tráfico en la parte antigua de Cáceres con la Zona de Bajas Emisiones

La sesión plenaria urgente y extraordinaria en la que se ha debatido este jueves la aprobación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Cáceres ha sufrido momentos de tensiones por las dispares opiniones de todos los grupos políticos representados en el ayuntamiento. La normativa finalmente ha salido adelante gracias a la abstención del PSOE y el voto a favor del PP. Unidas Podemos y Vox han optado por votar en contra.

El pleno, que se ha dictaminado de carácter urgente gracias a UP, ha dado luz verde a la aprobación inicial de la ordenanza reguladora de la ZBE y su proyecto, algo que debía tramitarse antes del 31 de diciembre de este año para que la ciudad mantuviera las ayudas al autobús urbano aportadas por el Gobierno central.

De hecho, el concejal de Movilidad del ayuntamiento, Pedro Muriel, ha incidido en que es “una normativa por obligación”, calificándola de “chantaje” y subrayando que "no es necesaria en la ciudad". Cabe recordar que estas zonas son áreas urbanas delimitadas donde se restringe el acceso, circulación y estacionamiento de los vehículos más contaminantes. Tienen el objetivo de mejorar la calidad del aire y proteger la salud pública, fomentando la movilidad sostenible.

En Cáceres, la ZBE tendrá la misma implantación que las calles con acceso restringido a vehículos (las que están controladas por las cámaras). Se ubicará entre Margallo, Miralrío, Pizarro y Parras.

Sin distintivos

A diferencia de otras ciudades, la ZBE no incorpora nuevas restricciones respecto al modelo existente, dado que este ámbito funciona desde hace años con acceso limitado a residentes, servicios esenciales y vehículos autorizados, conforme a la Ordenanza Municipal de Accesos mediante cámaras, renovada en 2023. El acceso al centro histórico no se regula actualmente por distintivo ambiental, sino por criterios de uso, necesidad y función urbana (residencia, servicios públicos, PMR, emergencia, carga y descarga o alojamientos turísticos.

La eventual incorporación de criterios ligados al etiquetado se reserva para futuras actualizaciones del proyecto, vinculadas al nuevo plan de movilidad urbana sostenible que se aprobará durante 2026. Una vez evaluadas sus implicaciones y su proporcionalidad, especialmente en sectores como taxis, VTC, reparto de mercancías o servicios profesionales. Mantendrá el actual sistema de autorizaciones específicas. No se prevén cambios de estas excepciones, ya que el modelo funciona "adecuadamante" y no compromete los objetivos de la ZBE.

El Ayuntamiento podrá valorar en el futuro la introducción de criterios adicionales solo cuando la evidencia técnica y las alertas de emisiones lo recomiende, y sin poner en riesgo la proporcionalidad o la funcionalidad de la parte antigua. No se prevé reducción de plazas de estacionamiento, ya que opera actualmente con un régimen de acceso limitado en el que solo pueden aparcar residentes y vehículos autorizados.

Debate del pleno

Muriel ha sido el encargado de explicar la implantación de la ZBE y ha querido destacar la importancia de la ordenanza. "Hemos hecho un buen trabajo, que está avalado por el equipo técnico y secretario del ayuntamiento", ha señalado, incidiendo en que "es lo más garantista para nosotros". Ha reseñado también que la urgencia de la sesión se debe al "cumpllimiento de una imposición del Gobierno": "Con una actitud chantajista, amenazaron con retirar ayudas como la del autobús (cabe recordar que actualmente existe una bonificación en las tarifas multiviajes del 50% y que los menores de 16 años y los mayores de 65 pueden subirse gratis)". "No hay nuevas restricciones respecto al modelo existente. Actualmente, el acceso no se regular por criterio ambiental, sino por el uso", concluye.

La portavoz del grupo Unidas Podemos, Consuelo López, ha criticado que "no han hecho nada, ya que el plan podría haber sido mucho más ambicioso". Cabe recordar que fue una ley de 2021 de cambio climático la que determinó que los municipios de más de 50.000 habitantes debían adoptar planes de movilidad que introdujesen estas medidas. López ha pedido explicaciones de por qué no se ha iniciado antes la renovación del Plan de Movilidad Urbana Sostenible, a lo que Muriel ha contestado que "podrían haberlo iniciado los socialistas (que estaban en el cargo en ese momento)".

Vox

Por su parte, Eduardo Gutiérrez (Vox) ha señalado que "la solución no pasa por restringir el paso de vehículos" y ha asegurado que la implantación de la ZBE "no es urgente". "Cáceres goza de una calidad de aire envidiable, y esto más innecesaria la medida", ha precisado.

Por último, Alberto Serna (PSOE) ha incidido en que estos planes son "una herramienta fundamental" para facilitar la movilidad peatonal. "Nos ofrece una calidad de aire más amable, y una mayor fluidez de tráfico", ha iniciado. Sin embargo, ha calificado la propuesta del consistorio cacereño como una "ñapa". Ha seguido en la línea de la nota de prensa enviada esta misma semana y ha dicho que "el proyecto está lleno de erratas, datos obsoletos y desajusten que no ha habido trabajo, ni planificación, ni escucha". "Debemos entenderlo más allá de su función ambiental, no son un filtro para el aire, sino una herramienta para recuperar la ciudad a escala humana. Reduciendo la presión del vehículo privado, liberamos un espacio público para poder ensanchar aceras, crear itinerarios seguros y facilitar e impulsar la movilidad peatonal. Si estuviera bien diseñada, con ambición, contribuiría a transformar calles de paso en lugares de estancia, algo positivo para el comercio local", ha concluido.

Normativa abierta

En el turno de réplicas, Pedro Muriel ha insistido en que "las Zonas de Bajas Emisiones son obligadas" y que causan problemas a los ayuntamientos porque "la mayoría están judicializadas". "No venimos a coartar la movilidad porque ya no pueden pasar por esta zona", ha concluido. Además, ha animado a los socialistas a salir a la calle a explicar a los cacereños la necesidad que tiene la ciudad de aprobar esta medida. Para concluir, ha señalado que la normativa está abierta a restricciones en un futuro si realmente son necesarias.