Piden tres años de cárcel para la administradora de una agencia de viajes acusada de estafar a un matrimonio en Cáceres

La Fiscalía ha solicitado la apertura de juicio oral ante la Audiencia Provincial de Cáceres contra la administradora de una agencia de viajes online, a la que se acusa de estafar supuestamente a sus clientes, “aprovechando la apariencia de confianza empresarial que le otorgaba su actividad profesional” y solicita una condena de tres años de prisión, además de otras sanciones penales y civiles.

Acusación

El Ministerio Público ya ha presentado escrito de acusación, en el que detalla los hechos y, según las conclusiones provisionales, la acusada (sin antecedentes penales) gestionaba una agencia de viajes en internet desde su domicilio.

La Fiscalía sostiene que utilizó esta condición para captar clientes que pagaban por adelantado sus vacaciones, aunque posteriormente no destinaba el dinero recibido al pago de vuelos, hoteles ni traslados, provocando que las reservas quedaran canceladas por los mayoristas.

Supuesta estafa a un matrimonio

Uno de los casos recogidos en el escrito corresponde a un matrimonio, que en mayo de 2024 contrató un viaje con salida el 10 de julio y regreso el día 15. El paquete turístico incluía vuelos de ida y vuelta, hotel en régimen de alojamiento y desayuno, y transfer entre el aeropuerto y el establecimiento. El cliente abonó 2.270,77 euros mediante transferencia bancaria el 17 de mayo de 2024.

A su llegada al aeropuerto de destino, la pareja descubrió que el transfer no había sido pagado, por lo que tuvieron que desplazarse en taxi, abonando 58 euros. Una vez en el hotel, se les informó de que la reserva había sido cancelada el 8 de julio por impago. El establecimiento les facilitó alojamiento debido a la situación de estrés que sufrían, pero el coste total –1.362,70 euros, incluido un taxi de regreso al aeropuerto– tuvo que ser cubierto inicialmente por los denunciantes.

Asimismo, la Fiscalía detalla que los billetes de vuelta también estaban cancelados, por lo que el cliente tuvo que pagar 816,34 euros adicionales para regresar a España. Posteriormente, la acusada reembolsó únicamente el importe del hotel al propio establecimiento, que se lo devolvió al matrimonio perjudicado.

El Ministerio Fiscal considera que los hechos constituyen un delito de estafa del Código Penal, con “carácter alternativo a un delito de apropiación indebida”

El Ministerio Fiscal considera que los hechos constituyen un delito de estafa del Código Penal, con “carácter alternativo a un delito de apropiación indebida”. Pide para la acusada tres años de prisión, inhabilitación especial para el sufragio pasivo durante ese periodo y una multa de ocho meses.

En concepto de responsabilidad civil, solicita que la acusada indemnice a los perjudicados con 58 euros por el taxi, 816,34 euros por los billetes de regreso y 1.500 euros por daños morales, además de los intereses legales.

La Fiscalía ha pedido también la apertura de piezas separadas de responsabilidad pecuniaria, la práctica de diversas pruebas –incluyendo el interrogatorio de la acusada y la citación de testigos– y que la víctima sea notificada de la sentencia conforme al Estatuto de la Víctima del Delito.