Los abogados de Cáceres que asesoran a más de 100 clínicas revelan los fallos legales odontológicos más comunes

Juan Ramón Corvillo Repullo y Rafael Corvillo Díaz, al frente del despacho Corvillo Abogados en Cáceres, presentaron el pasado 22 de noviembre el libro ‘Dentista y abogado. Cien preguntas y cien respuestas’ durante el XXXI Congreso Nacional de Derecho Sanitario celebrado en Madrid.

La obra, dirigida a profesionales del ámbito odontológico y sanitario, nace de la necesidad de sistematizar las cuestiones legales más habituales y complejas en un sector que, en España, "todavía cuenta con pocos especialistas al tratarse de un área jurídica muy específica", explican los letrados cacereños.

"Buscamos prestar un servicio que vaya más allá porque observamos que el dentista, o el sanitario en general, requiere un mayor nivel de asesoramiento", afirma Rafael. Esa necesidad, unida al incremento del índice de reclamaciones por parte de los pacientes, pone de manifiesto la importancia de ofrecer herramientas claras que permitan a los profesionales anticiparse a los conflictos y afrontar con solvencia cualquier situación jurídica.

Guía práctica y accesible

Los autores subrayan que la publicación está concebida como guía práctica, con índice alfabético para consultas rápidas. Permite resolver dudas sobre reclamaciones, consentimientos informados o responsabilidades ante sedación y procedimientos clínicos complejos. "Planteamos 150 preguntas para seleccionar las 100 más relevantes, aunque podríamos haber redactado hasta 3.000 únicamente sobre odontología", detalla Juan Ramón.

La acogida durante el congreso fue un éxito absoluto, agotando los ejemplares entre médicos, dentistas y peritos judiciales, mientras padre e hijo aseguran que ya planean versiones adaptadas para veterinarios y abogados. Cuenta con un prólogo escrito por Ricardo de Lorenzo, fundador y presidente de honor de la Asociación Nacional de Derecho Sanitario, entidad a la que ambos juristas pertenecen desde hace años.

El libro refleja la combinación de experiencia y formación especializada de sus autores. Juan Ramón Corvillo acumula 37 años como abogado del Colegio de Dentistas de Extremadura y 21 como abogado del Colegio de Veterinarios en Cáceres. Su hijo Rafael, con formación de posgrado en Derecho Sanitario en la Universidad CEU San Pablo de Madrid, aporta un enfoque actualizado y global.

A su vez, Corvillo Abogados asesora actualmente a más de 100 clínicas privadas en España, con un enfoque basado en la prevención del conflicto y la seguridad jurídica.

El caso Alzira como ejemplo

La publicación llega en un momento en el que la ciudadanía y los profesionales del sector dental son más conscientes que nunca de la necesidad de una regulación clara, de asesoramiento experto y de protección jurídica tanto para pacientes como para profesionales. El reciente fallecimiento de una menor de seis años en el municipio valenciano de Alzira durante un tratamiento con sedación en una clínica dental, unido al ingreso hospitalario de otra niña de cuatro años que finalmente ha logrado salvar la vida, ha puesto el debate sobre la mesa.

El caso ha abierto diligencias penales y civiles contra el anestesista y ha puesto de relieve la importancia de cumplir la normativa de sedación en clínicas odontológicas. "El dentista que vaya a practicar sedaciones conscientes intravenosas necesita la figura de un anestesista y es fundamental notificar a la Consejería de Sanidad el registro de la unidad asistencial correcta", explica Rafael Corvillo.

De esta forma, resulta imprescindible contar con una autorización administrativa para ofrecer el servicio de sedación en una clínica dental, y para ello la clínica en cuestión habrá de solicitar de la Administracion autonómica la ampliación de su oferta asistencial.

Regulaciones dispares

Lo ocurrido en Alzira, comentan, también evidencia las desigualdades normativas entre comunidades autónomas, lo que puede derivar en graves problemas legales, civiles y penales. Mientras Extremadura cuenta con una legislación clara sobre sedación en clínicas dentales, otras regiones, entre ellas la Comunidad Valenciana, carecen de regulación específica.

Asimismo, subrayan que la Ley de Autonomía del Paciente, aplicable en todo el territorio nacional, se desarrolla en la región extremeña mediante una normativa complementaria que consideran "moderna y proteccionista de los intereses de los pacientes y de los facultativos".

Esa regulación autonómica introduce garantías que refuerzan sus derechos, como la exigencia de que el consentimiento informado se realice con al menos 24 horas de antelación "para que sea una decisión meditada y reflexionada por parte del paciente", mientras que la ley estatal solo requiere que se otorgue "con la antelación suficiente". A su vez, la región extremeña se sitúa entre las pocas comunidades autónomas donde el paciente tiene la posibilidad de conocer quién ha accedido a su historial clínico.

Ante esta "dispersión normativa", los abogados exponen la necesidad de establecer un marco común a nivel nacional que fije condiciones homogéneas de seguridad para pacientes y profesionales, incluyendo la autorización de unidades de anestesia, la disponibilidad de servicios de ambulancia y el traslado urgente al hospital. "Con este desgraciado suceso nace una oportunidad extraordinaria para cohesionar este asunto, despertar la mente de los políticos y que el legislador se lo tome en serio", apunta Juan Ramón.

Extremadura como referente

En este contexto, la obra se presenta como un referente imprescindible para entender cómo prevenir conflictos y garantizar la seguridad en la práctica sanitaria. Además, los autores destacan que su enfoque nace del trabajo desarrollado en Extremadura, una comunidad cuyo marco normativo y trayectoria en derecho sanitario consideran ejemplares.

De ahí que reivindiquen su arraigo profesional y académico: "Llevamos Extremadura por bandera en cada congreso y conferencia porque la especialización en derecho sanitario genera interés en toda España", concluyen.

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