La defensa ha pedido la libertad provisional del investigado por la muerte de Pirlo en La Madrila alegando "arraigo y mínima probabilidad de reiteración delictiva"

La defensa de Alejandro J. H., investigado por un presunto delito de lesiones con resultado de muerte en una pelea ocurrida el 21 de septiembre de 2025, en el que perdió la vida el joven nicaragüense de 25 años Jonathan Espinoza Castellano, conocido como Pirlo, ha presentado un escrito ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Cáceres en el que solicita su libertad provisional. El abogado, Estanislao Martín Martín, ha planteado que esta medida debe acordarse con carácter principal sin fianza o, de manera subsidiaria, con una fianza adaptada a la capacidad económica del joven.

En el documento, la defensa ha invocado los principios constitucionales de presunción de inocencia y la excepcionalidad de la prisión provisional. Sostiene que ya se han practicado las diligencias esenciales de la investigación, entre ellas las declaraciones de compañeros de la víctima y testigos de los hechos, cuyo contenido —según expone el letrado— matizaría la versión inicial reflejada en el atestado.

El escrito detalla que varios amigos de la víctima habrían reconocido haber consumido alcohol y haberse mostrado agresivos con el otro grupo antes de que se iniciara la pelea. La defensa indica que esas declaraciones describen un intercambio de golpes previo y apuntan a que nadie habría advertido el momento exacto en el que la víctima cayó al suelo inconsciente. Añade también que algunos testigos habrían rectificado manifestaciones realizadas ante la policía sobre la supuesta participación de varias personas en la agresión o sobre la autoría de una patada.

La defensa incorpora además un análisis extenso del informe provisional de la autopsia, donde subraya que la lesión mortal descrita —una hemorragia subaracnoidea masiva por rotura traumática de la arteria vertebral derecha— se considera excepcional en el contexto de un solo golpe en el cuello. Ese carácter infrecuente, argumenta el letrado, resultaría relevante para valorar la calificación jurídica provisional y la necesidad de mantener la prisión preventiva.

Sin antecedentes penales

El documento dedica un apartado al arraigo personal, familiar y laboral del investigado. Expone que Alejandro ha residido siempre en Navalmoral de la Mata, convive con su familia, no mantiene vínculos con el extranjero y trabaja con contrato indefinido como repartidor desde agosto de 2024. La defensa considera que estos elementos reducen significativamente el riesgo de fuga y destaca que el joven carece de antecedentes penales.

El abogado argumenta también la inexistencia de riesgo de reiteración delictiva, insistiendo en que el investigado no ha mostrado comportamientos violentos previos y que la pelea se produjo en un contexto excepcional ligado al consumo de alcohol en una noche de fiesta. Sostiene que medidas como comparecencias periódicas, retirada de pasaporte, prohibición de aproximación y control telemático serían suficientes para garantizar los fines del proceso.

En caso de que el juzgado no estimara procedente la libertad sin fianza, la defensa propone fijar una cuantía inicial de 3.000 euros, acompañada de las demás medidas cautelares planteadas. El escrito concluye solicitando que, de mantenerse la prisión provisional, el nuevo auto incluya una motivación reforzada que valore el arraigo acreditado y la idoneidad de las alternativas ofrecidas.

La petición, fechada en Cáceres el 5 de diciembre de 2025, incluye también un otrosí en el que se solicita que el juzgado tenga por presentados los documentos aportados para acreditar el arraigo del investigado, como el contrato laboral, la nómina, el DNI y el Libro de Familia.