Los vecinos del número 4 de la calle Gil Cordero en Cáceres, contra la instalación de un piso de menores tutelados en su bloque

La comunidad de propietarios de un edificio residencial situado en el número 4 de la calle Gil Cordero, en pleno centro de Cáceres, ha convocado este lunes a los medios de comunicación para denunciar la instalación, sin comunicación previa, de un piso tutelado "para menores con problemas de conducta y en situación de vulnerabilidad", gestionado por la empresa Cerujovi, subcontratada por la Junta de Extremadura.

El inmueble alberga dos despachos y seis viviendas, de las cuales cinco están ocupadas por personas mayores de 80 años que llevan residiendo en el edificio más de tres décadas. Según los vecinos, se trata de personas especialmente vulnerables que ahora se sienten “asustadas” ante la posibilidad de que el piso entre en funcionamiento.

"Con alevosía y nocturnidad"

El presidente de la comunidad de propietarios, Alfonso Sánchez-Ocaña, ha asegurado que la actuación se ha llevado a cabo "con alevosía y nocturnidad", sin ningún tipo de información ni consentimiento por parte de la comunidad. Los residentes sospechan que la vivienda, propiedad de una mujer viuda, ha sido alquilada, aunque aseguran no tener constancia de que exista licencia de obra o de actividad para el uso previsto.

"Los vecinos estamos pasando por una situación muy complicada. Hay personas mayores que no se atreven a salir de casa por miedo", ha señalado Sánchez-Ocaña, quien ha advertido de que la convivencia en el edificio podría verse seriamente afectada. "Si se instala este piso aquí, va a arruinar nuestro descanso", ha afirmado.

Preocupación por la seguridad

La inquietud de los residentes se ha visto incrementada al conocer que la empresa gestora, Cerujovi, es la misma que se encargaba del piso tutelado de Badajoz en el que fue asesinada una educadora social hace tan solo unos meses. Según han explicado, también han tenido conocimiento de que los profesionales que atenderían a los menores contarían con un botón del pánico, lo que ha generado aún más temor.

"Si los trabajadores van a tener un botón de emergencia, exigiremos que se facilite uno a cada vecino", han reclamado, al tiempo que han insistido en que su postura no es contraria a la atención a menores en riesgo. "No estamos en contra de que se ayude a estos chicos ni de que tengan un futuro, pero creemos que este no es el lugar adecuado", ha subrayado Sánchez-Ocaña, al tratarse de un edificio habitado mayoritariamente por personas de edad avanzada.

Por su parte, Manuel Conde, administrador del bloque, ha explicado que el edificio se rige por la Ley de Propiedad Horizontal y por unos estatutos redactados hace casi 40 años. Aunque en ellos no se menciona expresamente la figura del piso tutelado, considera que esta actividad es equiparable a la de un 'colegio' o una 'industria' con fines económicos, usos que sí están expresamente prohibidos.

Acciones legales

Ante esta situación, la comunidad de vecinos ha celebrado una junta extraordinaria en la que se ha acordado iniciar acciones de carácter administrativo y judicial. Entre las primeras medidas, han solicitado al Ayuntamiento de Cáceres información sobre si existe alguna licencia concedida o solicitada para el uso del inmueble como piso tutelado.

Asimismo, han pedido a la Dirección General de Políticas Sociales, Infancia y Familia de la Consejería de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura un pronunciamiento por escrito que tenga en cuenta la prohibición recogida en los estatutos de la comunidad, con el objetivo de que se rescinda o revise el concierto de colaboración.

Los vecinos también han solicitado una reunión con el alcalde y han fijado este miércoles como fecha límite para obtener respuestas. En caso contrario, advierten de que emprenderán acciones judiciales "más contundentes" y trasladarán su protesta a todos los grupos políticos.