Un ascensor que nunca llega: año y medio de obras y desesperación en un bloque de Cáceres

Los residentes del número 1 de la calle Zuloaga, en el barrio cacereño de Pinilla, llevan más de un año y medio conviviendo con unas obras que, en teoría, "no deberían haber durado más de seis o siete meses". Se trata de la instalación de un ascensor, a cargo de la empresa GE XXI, una actuación aprobada por la comunidad hace ya dos años y medio y especialmente necesaria en un edificio donde viven personas de edad muy avanzada y con discapacidades severas.

Jesús Gumiel, presidente de la Asociación para la Atención y la Inclusión Social de las Personas con Discapacidad de Extremadura (Apamex), asegura que "nunca había vivido un caso similar". Tras las gestiones realizadas por la entidad junto a varios residentes y el administrador de fincas, "se ha logrado agilizar la reforma, aunque sigue llegando con mucho retraso y la empresa no responde a los requerimientos planteados", explica.

Las obras comenzaron en junio de 2024, pero pronto surgieron los problemas. “No ha habido continuidad en los trabajos. Ha sido una reforma llena de parones, sin explicaciones claras y sin cumplir los plazos comprometidos”, señala Gumiel. De hecho, aunque los trabajos se reanudaron el pasado mes de septiembre, se produjeron interrupciones reiteradas que han acabado alargando el proceso hasta el año y medio.

Vecinos afectados

El administrador del inmueble, Manuel Conde, expone que la comunidad decidió esperar a la publicación del decreto de subvenciones para poder afrontar la instalación. Una vez activada la ayuda, se optó por contratar a la empresa GE XXI, "al ser el presupuesto más ventajoso entre los presentados", subraya. Sin embargo, la situación se ha agravado por las características del edificio y de sus residentes.

Para crear el hueco del ascensor fue necesario desmontar parte de la escalera, lo que ha dificultado aún más la movilidad de los vecinos. "Hay personas mayores que apenas pueden salir de sus casas y vecinos con minusvalías a los que se les ha complicado muchísimo el día a día", explica Conde.

Ante esta situación, la comunidad ha presentado varias reclamaciones extrajudiciales a la empresa constructora. Según el administrador, se comprometieron en varias ocasiones a cumplir un calendario de actuaciones que nunca llegó a respetarse. “Las promesas se repetían, pero los compromisos no se cumplían”, lamenta.

Pagos retenidos

A pesar del desgaste emocional y los inconvenientes sufridos, las obras se encuentran actualmente en su fase final. No obstante, la comunidad ha decidido retener los pagos pendientes a la empresa. La postura vecinal es clara: no se trata de una represalia, sino de una consecuencia directa del incumplimiento del contrato de obra.

A principios de 2026, una vez concluida la instalación, será necesaria una autorización para que el ascensor pueda entrar en funcionamiento, pero los vecinos mantienen que no abonarán las cantidades acordadas hasta que el ascensor esté operativo y puedan utilizarlo con total normalidad.

“Todo este proceso ha sido comunicado a la empresa de forma reiterada, mediante burofax y correos electrónicos”, asegura Conde, quien denuncia que desde hace un tiempo la empresa ni siquiera responde a las llamadas telefónicas.