Protesta vecinal
Los vecinos de Gil Cordero en Cáceres anuncian medidas de presión si se mantiene el piso tutelado
El presidente del bloque ha convocado una reunión de urgencia para aclarar la situación ante la falta de una notificación formal por parte de la empresa Cerujovi
Alfonso Sánchez-Ocaña, presidente de la comunidad de vecinos, y Manuel Conde, administrador del edificio, durante la rueda de prensa. / Gonzalo Lillo
La comunidad de propietarios del número 4 de la calle Gil Cordero mantiene la incertidumbre ante la falta de una notificación formal por parte de la empresa Cerujovi, subcontrata de la Junta de Extremadura, que confirme la renuncia definitiva a la instalación del piso tutelado para menores. A su vez, advierte que está dispuesta a adoptar medidas de presión si el proyecto finalmente sigue adelante.
Según ha explicado a El Periódico Extremadura el presidente del bloque, Alfonso Sánchez-Ocaña, hasta la fecha "no nos han comunicado nada de forma oficial". No obstante, sí tienen constancia de la intención de desistir, después de que el propietario de la vivienda trasladara esa información a la vicepresidenta de la comunidad. "Nos dijo que estaba muy disgustado y que la empresa también se quería marchar tras ver cómo habían sido recibidos", ha afirmado.
Posibles protestas
Ante la ausencia de una comunicación formal, Sánchez-Ocaña ha convocado a los vecinos a una reunión de urgencia este miércoles por la noche con el fin de aclarar la situación. "Si no tenemos ninguna contestación a lo largo del miércoles, volveremos a convocar a los medios e iniciaremos el procedimiento oportuno", ha advertido.
Entre las medidas que barajan, el presidente no descarta acciones de protesta más contundentes. “Si es necesario, cortaremos la carretera o incluso me encadenaré a la puerta del edificio y me declararé en huelga de hambre”, ha afirmado, subrayando el malestar y la tensión que se vive en el inmueble.
Sin respuesta de la empresa
Este diario ha intentado ponerse en contacto con Cerujovi, la entidad que gestiona el piso tutelado, para conocer su versión de los hechos y confirmar si existe una decisión definitiva de abandonar el proyecto, pero hasta el momento no ha recibido respuesta alguna.
Un conflicto sin cerrar
La posible renuncia llega después de que la comunidad denunciara públicamente la instalación del piso tutelado sin comunicación previa, en un edificio habitado mayoritariamente por personas mayores de más de 80 años, algunas de ellas residentes desde hace más de tres décadas. Los vecinos expresaron su preocupación por la seguridad y por la convivencia, además de cuestionar la existencia de licencias y la compatibilidad del uso con los estatutos de la comunidad.
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