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Fin a la protesta vecinal

La empresa de pisos tutelados renuncia a instalar la vivienda social en el bloque cacereño de Gil Cordero

"Nunca hemos cuestionado la finalidad de este recurso, solo reivindicamos que nuestro bloque no era el lugar idóneo", sentencia la comunidad de vecinos en un comunicado

Alfonso Sánchez-Ocaña, presidente de la comunidad de vecinos, y Manuel Conde, administrador del edificio, durante la rueda de prensa.

Alfonso Sánchez-Ocaña, presidente de la comunidad de vecinos, y Manuel Conde, administrador del edificio, durante la rueda de prensa. / Gonzalo Lillo

Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

La comunidad de propietarios de Gil Cordero, 4 en Cáceres ya ha recibido la comunicación fehaciente por parte de la empresa arrendadora y gestora del piso tutelado que se pretendía instalar en el inmueble en la que asegura que no se va a instalar ningún recurso de acogida de menores ni de otra índole en el bloque.

El presidente, Alfonso Sánchez-Ocaña, ha señalado en un comunicado esta noticia: "Nunca hemos cuestionado la finalidad de este recurso social, únicamente hemos reivindicado que nuestro bloque no era el lugar idóneo para este tipo de establecimientos, con vecinos altamente vulnerables por su edad o movilidad".

También han recordado que las gestiones se realizaron sin diálogo previo, sin seguir los cauces legales de comunicación y en contra de nuestros estatutos. "No vamos a entrar en polémicas sobre acusaciones verbales y machistas hacia nuestra comunidad de propietarios vertidas a la prensa, por lo que damos el asunto por zanjado. Esperamos que esta problemática haya quedado resuelta definitivamente por la salud y paz de nuestros mayores", concluye Sánchez-Ocaña.

Los vecinos, que se reunieron nuevamente de urgencia en la noche del pasado jueves, acordaron que este viernes continuarían con las reivindicaciones si no llegaba la confirmación de la rescisión de contrato por parte de la firma Cerujovi, que es una subcontrata de la Junta de Extremadura. Barajaban acciones de protesta más contundentes como un corte de carretera, encadenarse a la puerta del edificio o declararse en huelga de hambre.

El inmueble alberga dos despachos y seis viviendas, de las cuales cinco están ocupadas por personas mayores de 80 años que llevan residiendo en el edificio más de tres décadas. Según los vecinos, se trata de personas especialmente vulnerables que ahora se sienten “asustadas” ante la posibilidad de que el piso entre en funcionamiento.

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