Sin acuerdo: el juicio al exjefe de la Policía Local de Cáceres, fijado para el 3 de marzo

La Audiencia Provincial ha celebrado este 18 de diciembre una vista oral por el caso del presunto delito de revelación de secretos (con el agravante de ser funcionario) al exjefe de la Policía Local de Cáceres Benedicto Cacho (que ha pasado a segunda actividad), en relación a la filtración de un examen de oposición del cuerpo policial en 2022. No ha habido acuerdo de conformidad entre las partes y el juicio se ha fijado para el 3 de marzo.

“No hay ni rastro siquiera de que esa revelación se haya producido”

Emilio Cortés

— Abogado

"Sin pruebas"

El abogado de Cacho, el letrado Emilio Cortés, ha expresado que “no vamos a avanzar en ninguna posibilidad de acuerdo, porque evidentemente no hay ninguna prueba de cargo contra mi cliente y en esas condiciones tenemos que ir al juicio oral a intentar conseguir una sentencia absolutoria”. 

Cortés ha afeado que pese a que el Ministerio Fiscal acusa por un delito de descubrimiento y revelación de secreto, “en el escrito de acusación no se sabe cuándo se descubrió el secreto”. Y ha insistido en que “estamos plenamente convencidos de que no hay ninguna prueba de cargo contra él y, por tanto, no va a reconocer unos hechos que no ha cometido”.

Cortés ha recalcado que “no hay ni rastro siquiera de que esa revelación se haya producido”. La Fiscalía Provincial solicita 2 años y 6 meses de prisión a Benedicto Cacho por un delito de revelación de secretos, así como inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 5 años por supuestamente filtrar un examen de oposición de la Policía Local de 2022.

WhatsApp

Igualmente, hay encausado un profesor de academia (que también es policía) para el que la Fiscalía pide una pena de prisión de 5 años, “pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante 10 años”. Y una “multa del triple del beneficio obtenido y que quede acreditado en el acto de la vista”.

Se trató de una prueba mediante sistema de oposición libre (para cubrir 8 plazas), que se celebró en septiembre de 2022. Las plazas se adjudicaron y los agentes ejercen actualmente. Al respecto, el letrado ha indicado que “no ha habido ninguna reclamación administrativa por parte de ninguno de los concursantes respecto a la inidoneidad de ese procedimiento”. Lo que implica que “no tenemos ninguna resolución administrativa que pueda justificar una presunta ilegalidad en el ámbito administrativo de ese concurso”

Según el escrito de la Fiscalía, el profesor reveló la información obtenida del otro acusado (miembro del tribunal) a sus alumnos de la academia a través de mensajes y audios de WhatsApp con varios archivos en PDF. Cortés ha abundado en el hecho de que Cacho “no aparece, es que no está en ese hilo de WhatsApp; es decir, que él es ajeno a esa conversación”.

La Fiscalía ha introducido un nuevo testigo y la defensa ha critica la "opacidad" de la principal prueba: los "controvertidos" mensajes de WhatsApp.

El escrito de acusación, recogido por EFE, sostiene que dichas actuaciones “se corresponden con una estrategia diseñada por los acusados, en orden a la obtención de un beneficio económico”, el cual se lograría mediante el “incremento en la contratación de los servicios de la academia de oposición EXTREPOL; constando, además, que eran filtrados entre los alumnos y los grupos de WhatsApp de dicha academia”. Aunque “no consta la cuantía del beneficio obtenido”.

Por su parte, el abogado del profesor de la academia Manuel Beato ha abundado en el hecho de que “no hay pruebas que sustenten la acusación, con lo cual llegaremos hasta el final en el juicio”. La acusación le pide cinco años de cárcel, “una pena considerable, porque piensa que hubo afectación a la causa pública, pero es que no hay ninguna evidencia. Y no concreta la acusación ni cómo fue, ni de qué manera, ni hay pruebas que lo indiquen”.

Según Beato, “resulta sorprendente que no haya acusación particular”, ya que nadie impugnó la prueba, es decir, “todos los aspirantes estuvieron de acuerdo con las correcciones, no vieron ningún vicio de nulidad, ni ninguna persona se ha personado aquí en el procedimiento”.