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Protesta vecinal

Los vecinos de Gil Cordero en Cáceres esperan hoy la confirmación de la renuncia al piso tutelado

Si no llega la comunicación directa de las partes implicadas, este viernes retomarán las propuestas

Alfonso Sánchez-Ocaña, presidente de la comunidad de vecinos, y Manuel Conde, administrador del edificio, durante la rueda de prensa.

Alfonso Sánchez-Ocaña, presidente de la comunidad de vecinos, y Manuel Conde, administrador del edificio, durante la rueda de prensa. / Gonzalo Lillo

Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

La comunidad de vecinos del inmueble ubicado en Gil Cordero, 4 de Cáceres exige la comunicación fehaciente y directa por alguna de las partes implicadas durante la jornada de este jueves de la renuncia definitiva a la instalación de un piso tutelado. Los vecinos, reunidos en la noche de este jueves de urgencia, acordaron que este viernes continuarán con las reivindicaciones si no llega la confirmación de rescisión del contrato.

Los propietarios mantienen la incertidumbre ante la falta de una notificación formal por parte de la empresa Cerujovi, que es una subcontrata de la Junta de Extremadura. A su vez, advirtieron de la adopción de nuevas medidas de presión si el proyecto finalmente sigue adelante. No obstante, sí tienen constancia de la intención de desistir, después de que el propietario de la vivienda trasladara esa información a la vicepresidenta de la comunidad hace unos días. "Nos dijo que estaba muy disgustado y que la empresa también se quería marchar tras ver cómo habían sido recibidos", contó Alfonso Sánchez-Ocaña, presidente del bloque.

Entre las medidas que barajan, el presidente no descarta acciones de protesta más contundentes. “Si es necesario, cortaremos la carretera o incluso me encadenaré a la puerta del edificio y me declararé en huelga de hambre”, afirmó, subrayando el malestar y la tensión que se vive en el inmueble.

El inmueble alberga dos despachos y seis viviendas, de las cuales cinco están ocupadas por personas mayores de 80 años que llevan residiendo en el edificio más de tres décadas. Según los vecinos, se trata de personas especialmente vulnerables que ahora se sienten “asustadas” ante la posibilidad de que el piso entre en funcionamiento.

Ante la situación, la comunidad de vecinos ya acordó iniciar acciones de carácter administrativo y judicial. También solicitaron una reunión con el alcalde.

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