El bloqueo de las obras del camino público de Montealmeida termina en Fiscalía
Ángel Orgaz, portavoz municipal, ha asegurado que el Ayuntamiento de Cáceres va a hacer cumplir la ley y a proteger a los vecinos ante la obstrucción de las obras del camino público, que servirá para dar solución a los residentes de Cuartos del Baño
Manifestación celebrada antes del último pleno. / Jorge Valiente
El Ayuntamiento de Cáceres ha elevado a la Fiscalía el bloqueo de las obras del camino público de Montealmeida, que servirá como salida alternativa para los vecinos de las fincas ubicadas en el paraje Cuartos del Baño cuando se producen crecidas del río Salor, tras la negativa de un particular (el pasado mes de noviembre) a que accediesen las máquinas por su finca, lo que provocó la renuncia de la empresa adjudicataria.
Ley Agraria
Se impidió el acceso a la maquinaria de la empresa mediante la colocación de una puerta con candado y la ocupación del camino con un tractor.
Por todo ello, la Junta local de Gobierno Local ha acordado denunciar los hechos ante la Junta de Extremadura por la posible comisión de infracciones administrativas “muy graves”, tipificadas en la Ley Agraria, y ha comunicado lo ocurrido al Ministerio Fiscal por si pudiera ser constitutivo de un delito leve de coacciones.
La decisión la ha adoptado la Junta local de Gobierno este viernes tras conocer el informe de la Secretaría General sobre los hechos. Según ha explicado el portavoz municipal, Ángel Orgaz, el informe ha corroborado que el camino de Montealmeida es de titularidad pública y municipal, condición que ha “quedado plenamente acreditada por una sentencia judicial firme”.
Informes policiales
El portavoz ha recordado que la justicia ha avalado todas las actuaciones llevadas a cabo por el ayuntamiento hasta la fecha, ha rechazado los recursos presentados por particulares y ha denegado la suspensión de las obras solicitada. Asimismo, ha señalado que los hechos ocurridos han sido certificados por informes de la Policía Local y del Servicio de Infraestructuras.
El equipo de Gobierno ha considerado que estas actuaciones han supuesto una “obstrucción ilegítima de una actuación municipal legal” y han constituido una “infracción muy grave de la normativa autonómica en materia de caminos públicos”, ya que el cierre u ocupación de un camino público “está expresamente prohibido salvo autorización excepcional; que en este caso no ha existido”.
Además, el consistorio ha decidido proceder a la ejecución subsidiaria para garantizar que el camino quede libre y que las obras puedan realizarse “cuanto antes”. Orgaz ha sido claro al afirmar que se va a actuar con “contundencia y rapidez”, y que los operarios y la maquinaria de la empresa adjudicataria “han vuelto a retomar las obras acompañados de la Policía Local y la Guardia Civil, con el objetivo de dar una solución definitiva” a una demanda histórica de los vecinos.
“Este equipo de Gobierno va a hacer cumplir la ley; y va a proteger y dar seguridad a los vecinos para que se zanjen por fin una demanda histórica que está en vías de solución definitiva”, ha concluido Orgaz.
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