Todas las fachadas del edificio en riesgo de colapso de Aldea Moret (Cáceres) sufren la misma patología y el problema se extiende a otros dos inmuebles similares

El riesgo de colapso detectado en el edificio situado en la calle Río Tíber, 6, en el barrio cacereño de Aldea Moret, no se limita a un tramo concreto, sino que afecta al conjunto de sus fachadas. Así lo han determinado los informes técnicos municipales incorporados al expediente urbanístico, que concluyen que la misma patología constructiva está presente en todo el inmueble, aunque con distintos grados de afección.

Los técnicos han identificado como origen del problema el apoyo insuficiente (e incluso inexistente) de la hoja exterior del cerramiento sobre los forjados, lo que ha provocado desplazamientos horizontales, grietas en los huecos de ventanas y fracturas del aparejo. La situación se ha manifestado de forma más acusada en la fachada orientada al sur, donde se ha producido un desplazamiento significativo que ha obligado a adoptar medidas de emergencia.

En el momento de la inspección por parte de los técnicos consistoriales que redactaron este informe, el ayuntamiento ya había procedido al apuntalamiento de una parte de la fachada, mediante un entramado de vigas de madera dispuesto sobre la hoja exterior y dos líneas de puntales apoyados en ángulo sobre la calzada. Como consecuencia, la calle Río Tíber ha permanecido cortada al tráfico peatonal y rodado, quedando habilitada únicamente la acera opuesta al edificio para el paso de peatones.

Una estructura de tablones de seis metros de altura sostendrá la fachada en riesgo de colapso de Aldea Moret en Cáceres

Patología generalizada

Aunque en el resto de la fachada no se ha alcanzado un nivel de riesgo inminente como el detectado en el tramo ya intervenido, los informes municipales han advertido de evidencias claras de que la patología afecta a toda la envolvente del edificio. En el tramo central, separado por juntas constructivas, se ha observado que el punto crítico de quiebre se sitúa a la altura del forjado de la segunda planta, es decir, unos tres metros por encima del área apuntalada, lo que dificulta notablemente la adopción de medidas cautelares similares.

Los técnicos han concluido que esta situación afecta tanto a las condiciones legales para el uso residencial como a la seguridad de la vía pública, por lo que el Ayuntamiento ha dictado una orden de ejecución urgente dirigida a la comunidad de propietarios para acometer la reparación de la fachada.

Propuesta técnica y plazos

Antes de iniciar las obras, la comunidad deberá presentar en un plazo máximo de 20 días una propuesta técnica de actuación, elaborada por un facultativo competente, que incluya memoria, planos y mediciones. De forma previa, será obligatorio realizar una auscultación sistemática mediante taladros en las fachadas restantes para determinar las condiciones reales de apoyo del cerramiento y definir las soluciones constructivas más adecuadas en cada caso.

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Todas las actuaciones deberán ejecutarse bajo la dirección de un arquitecto o arquitecta, quien determinará el procedimiento, las medidas de protección y los medios auxiliares necesarios, dada la complejidad y el riesgo de los trabajos.

Extensión a otros edificios

El expediente municipal amplía además el alcance del problema a los edificios colindantes de Río Tíber, 8 y Río Vístula, 1, que forman parte de la misma actuación edificatoria y presentan una configuración arquitectónica idéntica. Aunque en estos inmuebles no se han detectado síntomas de riesgo inminente, los técnicos consideran altamente probable que compartan el mismo defecto constructivo, por lo que se ha requerido a sus comunidades de propietarios la realización de inspecciones detalladas.

Debate político y quejas vecinales

La situación del edificio ha llegado este jueves al pleno municipal, a iniciativa de la portavoz del PSOE, Belén Fernández, quien ha recordado que ocho familias tuvieron que ser desalojadas a comienzos de diciembre por el riesgo de derrumbe de la fachada, de las cuales cuatro siguen sin poder regresar a sus viviendas.

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Fernández ha trasladado las quejas de los vecinos por la falta de información oficial, y ha aludido a la inquietud generada por un comunicado difundido en el edificio en el que se alerta de un aumento del riesgo de colapso, atribuido, entre otros factores, a fugas de agua en viviendas ocupadas ilegalmente y a las juntas del patio interior.

En ese escrito, según ha expuesto la edil socialista, se advierte de que "en caso de colapso, la reconstrucción del edificio tendría que realizarse de cero", y se ofrecen recomendaciones como no aparcar en el garaje, evitar aglomeraciones, no colocar objetos pesados en zonas de riesgo o reducir vibraciones, además de pautas para una eventual evacuación. Ante ello, Fernández ha preguntado cómo se está gestionando la comunicación con los vecinos por parte del Ayuntamiento y del Instituto Municipal de Asuntos Sociales (IMAS), al asegurar que "no están recibiendo ninguna información" de forma oficial.

Respuesta del Ayuntamiento

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ha explicado que el ayuntamiento es propietario únicamente de cuatro viviendas sociales en el edificio y que la relación habitual del consistorio con el inmueble se realiza a través del administrador de la finca, como ocurre con cualquier comunidad de propietarios.

No obstante, ha señalado que, dada la gravedad del riesgo y la compleja situación social del bloque, donde conviven propietarios, inquilinos de alquiler social y ocupantes ilegales, el ayuntamiento ha decidido asumir una obra de emergencia de forma subsidiaria, de modo que los gastos se adelantarán con fondos municipales y se reclamarán posteriormente a la comunidad.

Mateos ha recordado también que el consistorio asumirá la redacción del proyecto técnico, pese a ser un propietario minoritario, y que el expediente se ha trasladado a disciplina urbanística para agilizar los trámites. El alcalde ha defendido que se han mantenido varias reuniones con el administrador de la finca y que la comunicación "ha sido fluida", al tiempo que ha insistido en que la actuación municipal ha sido una prioridad por motivos de seguridad pública.