Saneamiento urbano
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea incluye a Cáceres en la condena a España por el tratamiento de aguas residuales
La sentencia europea ha señalado incumplimientos en el control de vertidos y en la aplicación de tratamientos más rigurosos en la aglomeración urbana de la capital cacereña
Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha incluido a Cáceres entre las aglomeraciones urbanas afectadas por la condena a España por incumplir la Directiva europea sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, según una sentencia publicada este jueves tras un recurso presentado por la Comisión Europea.
El fallo ha determinado que España no ha cumplido con las obligaciones recogidas en varios artículos de la normativa comunitaria, entre ellos los relativos al control de vertidos y a la exigencia de tratamientos más rigurosos que el secundario en determinadas zonas sensibles. En este contexto, Cáceres figura expresamente en los apartados referidos al incumplimiento del artículo 5 y del anexo I de la Directiva, así como del artículo 15, relacionado con los procedimientos de control y verificación de los vertidos.
En concreto, el TJUE ha considerado que no se han puesto en marcha las iniciativas necesarias para garantizar que las aguas residuales urbanas reciban un tratamiento más exigente antes de su vertido en zonas sensibles o en áreas de captación. Asimismo, ha señalado deficiencias en el control de los vertidos para comprobar que se cumplen los requisitos técnicos establecidos por la normativa europea.
La sentencia no ha impuesto, por el momento, sanciones económicas al Estado español. No obstante, el tribunal ha recordado que, al tratarse de una condena por incumplimiento del derecho comunitario, la Comisión Europea puede solicitar la imposición de multas si España no corrige las deficiencias detectadas.
Un expediente abierto desde 2021
El procedimiento tiene su origen en 2021, cuando la Comisión Europea lanzó un primer aviso a España por la falta de medidas suficientes para garantizar la correcta recogida y depuración de las aguas residuales en numerosas aglomeraciones urbanas. Tras constatar avances parciales pero insuficientes, Bruselas decidió en 2023 llevar el caso ante el TJUE por lo que calificó como un "incumplimiento generalizado" de la Directiva.
La legislación europea establece que todas las aglomeraciones urbanas de al menos 2.000 habitantes deben disponer de sistemas colectores de aguas residuales o, en su defecto, de sistemas alternativos que ofrezcan el mismo nivel de protección medioambiental. Además, exige que las aguas recogidas reciban el tratamiento adecuado antes de su vertido.
Según ha señalado la Comisión, en decenas de aglomeraciones —entre ellas Cáceres— persisten carencias tanto en las infraestructuras como en los sistemas de tratamiento y control, por lo que ha subrayado la necesidad de reforzar y modernizar las instalaciones existentes para cumplir con la normativa comunitaria.
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