Tres muertes en Cáceres reabren la herida de la pobreza energética: cuando calentarse se convierte en un riesgo

El frío ha dejado este invierno una factura que va más allá de las cifras y las estadísticas en Cáceres y su provincia. Tres personas han muerto en apenas un mes en dos episodios distintos (un matrimonio en la capital cacereña y un hombre de 53 años en Ceclavín) en sucesos en los que todo apunta al mal uso de sistemas de calefacción tradicionales. Más allá del drama concreto, los hechos han vuelto a poner sobre la mesa un problema estructural que se agrava con cada ola de frío: la pobreza energética.

Braseros de picón, cocinas de carbón y calefactores antiguos han reaparecido en muchos hogares como alternativa a unas facturas eléctricas y de gas cada vez más difíciles de asumir. Una solución barata en apariencia, pero que encierra un riesgo elevado cuando los aparatos son antiguos, no han pasado revisiones o se utilizan sin una ventilación adecuada.

El regreso de soluciones peligrosas

El encarecimiento de la energía y la pérdida de poder adquisitivo han empujado a muchas familias, especialmente en entornos rurales, a recurrir a métodos ajenos a los sistemas de calefacción modernos. En pueblos de la provincia, volver a encender la cocina de carbón para cocinar y caldear la vivienda ha sido una práctica habitual en los meses fríos, una costumbre arraigada que hoy convive con viviendas mal aisladas y escasa información sobre los riesgos.

Muere un matrimonio de Cáceres mientras dormía por la mala combustión de un aparato calefactor

El resultado ha sido un aumento del peligro de intoxicación por monóxido de carbono (CO), un gas que se genera cuando la combustión es incompleta y que no avisa. Es incoloro, inodoro e insípido, lo que explica que se le conozca como 'el asesino silencioso'. El Instituto Nacional de Toxicología ha recordado que cada invierno se producen numerosas intoxicaciones accidentales porque sus síntomas (dolor de cabeza, mareos, náuseas o cansancio extremo) se confunden con una gripe.

Una pobreza que se mide en grados

La Asociación de Ciencias Ambientales ha señalado que la pobreza energética afecta ya al 17% de los hogares españoles y que muchas familias destinan alrededor del 10% de sus ingresos al pago de la energía. Una realidad que golpea con especial dureza a provincias con alta dispersión rural y rentas más bajas, como Cáceres.

El problema no se limita a los hogares más vulnerables. Comercios de electrodomésticos han detectado una creciente demanda de estufas y calefactores básicos, lo que ha extendido el riesgo a capas más amplias de la población. En muchos casos, se trata de aparatos antiguos que se reutilizan tras años sin funcionar, sin comprobar su estado ni su seguridad.

El monóxido de carbono, un enemigo invisible

Bomberos y servicios de emergencia han insistido en que el peligro no reside únicamente en la cocina o el brasero, sino en la mala combustión y la falta de ventilación. Casas cerradas para conservar el calor, tiros de chimenea obstruidos o rejillas tapadas crean el escenario perfecto para la acumulación de CO.

Entre las recomendaciones básicas para prevenir accidentes, las autoridades han reiterado la necesidad de revisar las instalaciones cada año, limpiar chimeneas, no bloquear respiraderos y garantizar siempre una entrada de aire del exterior mientras el sistema esté encendido.

El bono social térmico, un alivio limitado

En paralelo, la Agencia Extremeña de la Energía (Agenex) ha publicado precisamente este pasado viernes el listado de personas beneficiarias del Bono Social Térmico 2025, una ayuda destinada a paliar la pobreza energética. En Extremadura, alcanzará a 84.292 hogares y contará con un presupuesto de 17,3 millones de euros. El importe individual oscilará entre 139,64 y 400,69 euros, según el grado de vulnerabilidad y la zona climática, y se abonará en un único pago anual.

La concesión es automática para quienes ya eran perceptores del Bono Social Eléctrico a 31 de diciembre del año anterior y no requiere solicitud previa. No obstante, se trata de un apoyo puntual que no siempre logra evitar que muchas familias opten por soluciones de riesgo para calentar sus viviendas.

Un problema social, no individual

La energía se ha consolidado como un bien básico para llevar una vida digna. Así lo reconoce el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 7 de la ONU, que aboga por garantizar el acceso a servicios energéticos asequibles, fiables y modernos. La pobreza energética no es solo una cuestión doméstica, sino una manifestación de desigualdades económicas, altos precios, viviendas ineficientes y falta de información.

Las subidas de impuestos aprobadas por el Gobierno en 2025 para revertir las bajadas temporales que habían sido aprobadas en los peores años de inflación tras la crisis posterior al covid han provocado que en los primeros once meses del año las familias asuman un sobrecoste de unos 3.600 millones de euros en la factura de la luz y en los alimentos.

Según el último Informe de Recaudación publicado por la Agencia Tributaria, las medidas relacionadas con la energía han incrementado los ingresos de Hacienda en 1.756 millones de euros, mientras que la subida del IVA en la alimentación le ha reportado 1.936 millones en los primeros once meses del año.

Las tres muertes registradas este invierno en Cáceres han vuelto a recordar que el frío no mata solo por las bajas temperaturas, sino también por la precariedad. Cuando calentar una casa se convierte en una decisión entre pasar frío o asumir un riesgo mortal, el problema deja de ser individual y pasa a interpelar a toda la sociedad.