Piden cuatro años de prisión y 40.000 euros de multa por tráfico de cocaína en Cáceres

La Fiscalía de Cáceres ha solicitado la apertura de juicio oral ante la Audiencia Provincial contra un hombre acusado de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, tras ser interceptado con más de 260 gramos de cocaína destinados a su distribución.

Persecución policial

Según el escrito de acusación, presentado ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4, los hechos ocurrieron cuando el acusado, mayor de edad y con antecedentes penales no computables a efectos de reincidencia, viajaba como copiloto en un vehículo Toyota Verso. Durante una actuación policial, los agentes iniciaron una persecución que culminó con la interceptación del coche.

En ese momento, el acusado arrojó al suelo una bolsa que portaba, la cual fue recuperada por la policía. En su interior se hallaron 280,045 gramos de cocaína, que tras su análisis arrojaron un peso neto de 266,44 gramos, con una pureza superior al 54,54%. La sustancia incautada, destinada al tráfico ilícito, habría alcanzado en el mercado ilegal un valor aproximado de 18.355 euros.

Penas

El Ministerio Fiscal considera que los hechos son constitutivos de un delito contra la salud pública en la modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud, tipificado en el artículo 368.1 del Código Penal, y atribuye al acusado la condición de autor del delito.

No obstante, la Fiscalía aprecia la concurrencia de una circunstancia atenuante analógica, relacionada con la alteración psíquica o el consumo de sustancias, conforme a los artículos 21.7, 21.2 y 20.2 del Código Penal.

Por todo ello, solicita la imposición de una pena de cuatro años de prisión, la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y una multa de 40.000 euros, con cinco días de responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago. Asimismo, interesa que el acusado sea condenado al pago de las costas procesales.

La Fiscalía también ha pedido que la droga intervenida reciba el destino legal previsto, conforme a la normativa sobre decomiso de sustancias estupefacientes y su integración en el Fondo de Bienes Decomisados por Tráfico Ilícito de Drogas.

Finalmente, el Ministerio Fiscal ha propuesto la práctica de diversas pruebas para el acto del juicio oral, al considerar que son pertinentes para el esclarecimiento de los hechos.