Alternativa de acceso
Cuartos del Baño rechaza la rehabilitación del puente propuesta por el Ayuntamiento de Cáceres y pide ejecutar la sentencia judicial
La comunidad de propietarios sostiene que el arreglo del Camino de Monte Almeida "es viable" y acusa al consistorio de "dilatar" su obligación legal

CEDIDO

La Comunidad de Propietarios del paraje Cuartos del Baño ha desmentido este martes las afirmaciones realizadas por el alcalde de Cáceres, Rafa Mateos, sobre las dificultades técnicas y ambientales para acondicionar el camino de Monte Almeida y ha exigido el cumplimiento inmediato de la sentencia judicial firme que obliga al Ayuntamiento a garantizar ese acceso público.
En un comunicado difundido, los vecinos han cuestionado la alternativa municipal de rehabilitar el puente sobre el río Salor y han defendido que la solución pasa por ejecutar la resolución judicial que ordena la recuperación del camino, declarado de dominio público.
El puente sobre el Salor
La comunidad ha afirmado que el puente actualmente utilizado no necesita ser rehabilitado y ha advertido de que cualquier intervención podría poner en riesgo su estabilidad. Según sostienen, plantear actuaciones sobre esta infraestructura histórica sin estudios técnicos rigurosos supondría "una grave irresponsabilidad", por lo que rechazan que se presente como solución al problema de aislamiento.
En este sentido, también han considerado que la eventual construcción de un nuevo puente es, a día de hoy, una hipótesis sin respaldo técnico, presupuestario ni plazos definidos, que no ofrece una respuesta real ni inmediata a la situación que viven los vecinos.
El camino alternativo
Frente a las declaraciones del alcalde, que ha señalado que la recuperación del camino de Monte Almeida implicaría demoler una vivienda, atravesar una charca, sortear manantiales y eliminar más de un centenar de encinas, los propietarios aseguran que esas afirmaciones no figuran en ningún informe técnico municipal.
En concreto, han citado la memoria técnica 'Mejora, Acondicionamiento y Recuperación de la Traza del Camino Montealmeida', elaborada en octubre de 2024 por un técnico municipal, que concluye que la actuación es viable con un presupuesto aproximado de 44.000 euros. Según indican, el documento "se limita a describir trabajos ordinarios de conservación y mejora, como reperfilado, compactación, cunetas y bacheo puntual, sin mencionar los obstáculos ambientales expuestos públicamente por el regidor".
Además, han señalado que las imágenes incluidas en esa memoria "no reflejan la existencia de viviendas, charcas, manantiales ni afecciones a encinas en los términos planteados por el ayuntamiento".
Contradicciones municipales
Los vecinos también han recordado que el pasado 24 de noviembre de 2025 accedió maquinaria al camino por orden expresa del ayuntamiento para iniciar trabajos de mejora. Según subrayan, "en esa fecha los informes técnicos eran los mismos que los actuales y no se apreciaron entonces los impedimentos que ahora se alegan", lo que, a su juicio, "evidencia una contradicción en el discurso municipal".
La sentencia judicial
La comunidad ha insistido en que cualquier alternativa planteada por el ayuntamiento no puede sustituir el cumplimiento de la Sentencia 156/2022, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Cáceres, que es firme y plenamente ejecutable. El fallo anula una resolución municipal de 2021 y obliga a la Corporación a incluir el Camino de Monte Almeida en el inventario y catálogo de caminos públicos, así como a ejercer las potestades de administración, defensa y conservación de esta vía.
Según los propietarios, más de tres años después el ayuntamiento no ha dado cumplimiento efectivo a esa resolución y tampoco ha realizado el preceptivo deslinde del camino, lo que, a su juicio, impide afirmar con rigor la existencia de "obstáculos" dentro del dominio público.
Por todo ello, la Comunidad de Propietarios de Cuartos del Baño ha reclamado al Ayuntamiento de Cáceres la ejecución inmediata e íntegra de la sentencia y ha pedido que cesen las declaraciones públicas que, según sostienen, "no se sustentan en informes técnicos ni en la legalidad vigente".
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