Un informe técnico esclarecedor dice que el camino "oficial" de Cuartos del Baño en Cáceres no coincide con el real

Un informe técnico esclarecedor ha desvelado que el camino "oficial" de acceso a la finca Cuartos del Baño por Montealmeida (el que marca el catastro) no coincide con el real. Esa discrepancia, según el documento al que ha tenido acceso El Periódico Extremadura, cambia por completo el tipo de actuación necesaria para lograr un camino alternativo por el que puedan entrar los residentes en la zona cuando llueve demasiado y el río Salor anega el puente: ya no se trataría solo de conservar o mejorar una vía existente, sino de abrir tramos "de nueva planta" para dar continuidad al trazado catastral. En paralelo, el estudio plantea una segunda opción para resolver el problema de entrada y salida: la construcción de un nuevo puente. Sin embargo, resultaría complicada por la gigante inversión económica y los requisitos medioambientales que supondría. Este espacio está concebido como lugar de segunda residencia para algunas personas y apenas viven entre 15 y 20 residentes durante todo el año que cuidan allí de sus animales.

El documento repasa en primera instancia el origen administrativo y judicial del asunto. La situación del camino de Montealmeida quedó condicionada por una sentencia que estimó el recurso presentado por la comunidad de propietarios y anuló una resolución municipal anterior. A partir de ahí, el ayuntamiento incorporó el camino al Catálogo de Caminos Públicos, atribuyéndole carácter de dominio y uso público y titularidad municipal.

Del arreglo a la obra nueva

El informe recuerda que, en agosto de 2024, ya se elaboró un análisis desde el área de Infraestructuras con una batería de actuaciones para restablecer el uso público y recuperar tramos degradados por falta de tránsito. Aquel planteamiento se centraba en trabajos típicos de mantenimiento para hacerlo transitable (desbroces, explanaciones, cunetas, aportes puntuales de zahorra o mejoras en pasos y drenajes), con un presupuesto orientativo.

Galería | Estado del camino de Montealmeida, en Cáceres

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Sin embargo, el nuevo informe subraya que el principal escollo no está tanto en el estado del firme como en el "dónde". La traza marcada en la documentación catastral (la que se toma como referencia para identificar el camino) no coincide con el itinerario que se aprecia de manera consolidada sobre el terreno. En determinados puntos, la vía existente se aleja de la "real", por lo que pasa por terrenos privados. Al mismo tiempo, la línea catastral se proyecta por zonas en las que no hay camino reconocible. Dicho de otra forma: el trazado "oficial" y el trazado "real" se separan.

Esa diferencia tiene consecuencias prácticas inmediatas. Si el ayuntamiento actúa sobre el camino consolidado, las labores se pueden encuadrar en conservación. Pero si la obligación es materializar la traza catastral, el informe sostiene que habría que ejecutar un vial nuevo en varios tramos para enlazar el recorrido, con lo que la intervención dejaría de ser un simple mantenimiento y pasaría a requerir proyecto, tramitación y condicionantes ambientales propios de una obra nueva a través de una inversión millonaria que a las arcas municipales les resultarían prácticamente inviables.

1,7 kilómetros sin camino

El documento identifica un punto especialmente problemático: un tramo de aproximadamente 1.730 metros en el que la traza catastral "no coincide prácticamente con ningún camino existente". En ese segmento, la recuperación del recorrido exigiría abrir un nuevo trazado atravesando una zona con arbolado de entidad, y con condicionantes añadidos como una charca o manantial y una orografía que complica el diseño del paso. Es decir, no se trataría de "reparar" un camino, sino de crearlo.

Situación ambiental

A esa complejidad se suma otra que no es baladí: el encaje ambiental. El informe sitúa el ámbito afectado dentro de espacios protegidos de la Red Natura 2000 (Zona de Especial Conservación, Lugares de Importancia Comunitaria y ZEPA de la Sierra de San Pedro). Por ello, concluye que una intervención que implique cambios de trazado de cierta longitud y apertura de un nuevo camino debería someterse a evaluación ambiental. En este caso, por la dimensión del tramo afectado y la posible incidencia sobre el entorno, el documento apunta a la necesidad de una evaluación ambiental ordinaria.

Además, el informe no se queda solo en la vertiente ambiental: plantea también que, antes de materializar actuaciones vinculadas a la recuperación del camino, habría que tramitar procedimientos previos como el deslinde y el amojonamiento, precisamente para delimitar con claridad el dominio público y evitar conflictos con propiedades privadas.

Dos alternativas sobre la mesa

Con ese escenario, el informe conocido y analizado exhaustivamente por este diario expone alternativas para resolver el fondo del problema. La primera pasa por una solución administrativa y de ordenación: desafectar el camino de Montealmeida tal y como aparece en la traza catastral y, en su lugar, afectar como públicos otros caminos ya consolidados dentro de fincas del entorno (se menciona la finca “La Jabalina”). La lógica de esta opción es apoyarse en recorridos que ya existen y se usan, evitando la apertura de un trazado nuevo donde hoy no lo hay.

La segunda alternativa es la construcción de un nuevo puente sobre el río Salor. El informe recoge criterios trasladados por técnicos de la Confederación Hidrográfica del Tajo: los estribos deberían quedar fuera del dominio público hidráulico, sería necesario un estudio previo para delimitarlo, no se contemplaría la colocación de cajones prefabricados dentro del cauce, y la actuación implicaría la demolición del puente actual, con la correspondiente gestión de residuos. También en este caso se menciona la necesidad de un estudio de impacto ambiental. Como referencia orientativa, el documento habla de un viaducto de 70 metros y un ancho mínimo de 4 metros. La gran inversión económica y todos los requisitos medioambientales complican esta posibilidad. Informes de expertos nacionales en ingeniería civil cifran la inversión en obras semejantes entre un millón y 2,5 millones de euros. La pregunta es: ¿puede el ayuntamiento asumir esa cantidad de dinero?

El informe, en definitiva, dibuja un escenario de decisiones: o se redefine el encaje jurídico y el trazado para apoyarse en caminos que ya están ahí, o se afronta una intervención de mayor calado para abrir continuidad donde la traza catastral marca paso, o se apuesta por la solución del puente como alternativa para asegurar la conectividad cuando el Salor se desborda.