El PSOE de Cáceres denuncia el "uso indecente" de las instituciones por parte de VOX para propagar racismo y desinformación

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Cáceres ha rechazado la moción presentada por Vox y ha denunciado en el pleno celebrado este jueves el “uso indecente” de las instituciones públicas para “propagar el racismo y la desinformación”, según ha defendido la portavoz socialista, Belén Fernández. La edil ha calificado la iniciativa como un ataque al Estado de Derecho, a los Derechos Humanos y a la convivencia en la ciudad, al considerar que la formación de extrema derecha impulsa un “cóctel de bulos y odio” orientado a “generar miedo y fractura social” en lugar de aportar soluciones a la gestión municipal.

Fernández ha sido tajante al sostener que propuestas como repatriaciones “arbitrarias” o el uso del padrón municipal como “frontera” carecen, a su juicio, de encaje legal en el marco jurídico español y europeo. En este sentido, ha afirmado que España está sujeta al Convenio Europeo de Derechos Humanos y que “las expulsiones sin expediente individual ni derecho a defensa son ilegales”. La portavoz también ha alertado de que la moción plantea, en su opinión, un “ataque a la infancia”, al proponer la devolución de menores “sin garantías”, lo que, según ha indicado, vulneraría la Convención de los Derechos del Niño de la ONU y el principio del interés superior del menor.

"Argumentos manidos"

En materia administrativa, la portavoz socialista ha señalado lo que ha descrito como una “ignorancia” en la pretensión de prohibir el empadronamiento, recordando que el Tribunal Supremo obliga a los ayuntamientos a registrar a todas las personas residentes para garantizar una adecuada planificación de los servicios públicos. Además, ha asegurado que ha desmontado los “argumentos manidos” de Vox con datos oficiales del Banco de España y de la Seguridad Social, defendiendo que la población migrante es “contribuyente neta” y que, al tratarse de personas jóvenes, “aportan más al sistema en impuestos y contribuciones de lo que reciben en prestaciones”.

Sobre el acceso a ayudas, Fernández ha calificado de “absolutamente falso” que las personas migrantes “acaparen” prestaciones y ha subrayado que para acceder al Ingreso Mínimo Vital se requiere residencia legal, quedando la atención a personas en situación irregular limitada a emergencias sociales o sanitarias. También ha rebatido lo que ha denominado “bulo electoral”, al explicar que una regularización extraordinaria otorgaría permisos de trabajo, pero no el derecho al voto en elecciones generales, que, según ha precisado, exige obtener la nacionalidad tras años de residencia y superar exámenes oficiales.

Desde el Grupo Municipal Socialista se ha defendido la regularización extraordinaria impulsada por una Iniciativa Legislativa Popular con 800.000 firmas como una medida “económica sensata” para sacar a miles de personas de la economía sumergida y de la explotación. En su intervención, Fernández ha lamentado además que el PP “haya abandonado la vocación de Estado” con la que, según ha dicho, se definió para apoyar la ILP en 2024, y ha considerado que ahora “sigue la senda que le marca VOX”. El PSOE ha concluido que, a su entender, no se trata de una propuesta de gestión, sino de “un uso indecente de la institución para propagar el racismo estructural”, reafirmando su compromiso con la dignidad humana y los valores democráticos, según ha manifestado la portavoz.