Manuel Montes, abogado de Cáceres: "El juicio es el final de una historia que se escribe mucho antes"

La justicia no solo se mide en sentencias, también en tiempos. Manuel Montes Sánchez (Cáceres, 1982) explica por qué acompañar a las víctimas exige algo más que técnica jurídica, y sitúa ese trabajo en el centro de una profesión marcada por los plazos y la capacidad del sistema. Desde su experiencia, reivindica el turno de oficio, que considera infravalorado, y describe el atasco que, a su juicio, generan la falta de medios, la sobrecarga y la judicialización de conflictos menores.

Trayectoria

Pregunta: ¿Qué recorrido ha seguido en su carrera y cómo ha ido orientando su especialización?

Respuesta: Empecé teniendo la oportunidad de incorporarme como asesor jurídico en la Casa de la Mujer de Cáceres, donde trabajé con asuntos vinculados a violencia de género y derecho de familia. A partir de ahí monté el despacho junto a un socio y empecé a adquirir experiencia en ese ámbito, además de asumir casos de derecho penal. Personalmente, es la rama que más me atrae, porque son temas que inciden directamente en la vida de las personas de una forma muy intensa. Como abogado, esa dimensión humana me aporta una implicación y una satisfacción profesional especial.

P: También ejerció durante nueve años en el turno de oficio. ¿Considera que es un servicio infravalorado?

R: Sí, la labor del turno de oficio no está suficientemente reconocida. Hay compañeros y compañeras con muchísima experiencia y un nivel profesional altísimo. Es un trabajo muy exigente: requiere dedicación, resta tiempo de despacho y, además, la remuneración no compensa ese esfuerzo. A eso se añade el desgaste personal: guardias de 24 horas, asistencias urgentes a detenidos, llamadas de madrugada, desplazamientos a pueblos... Y aun así, falta respeto social hacia esa figura. Debería valorarse y respetarse más, tanto en términos de reconocimiento social como en cuanto a las condiciones económicas.

Acusación y defensa

P: Siendo el derecho penal su rama preferida, ¿qué distingue el papel del abogado en la acusación del que desempeña en la defensa?

R: Hay una diferencia importante. En los últimos años, he representado a víctimas en procedimientos graves y necesitas ser especialmente humano porque esas personas requieren sentirse acompañadas en la búsqueda de justicia, con información clara y con alguien que luche por sus derechos. En cambio, en la defensa lo importante no es llegar a la vista oral. La clave suele estar en el trabajo previo: muchas causas se ganan o se pierden en la fase de instrucción. El juicio simplemente es el final de una historia que se escribe mucho antes.

P: ¿En qué casos aconseja pactar y en cuáles ir a juicio?

R: Para algunos clientes es difícil de entender que hay situaciones en las que, aunque exista margen para defender su posición y la persona se considere inocente, la absolución puede complicarse y el riesgo procesal es elevado. Es una decisión muy complicada, pero en esos casos mi obligación es aconsejar un acuerdo si es lo más razonable para reducir consecuencias.

Principales delitos

P: Desde su experiencia, ¿qué delitos penales son más habituales hoy en los juzgados de Cáceres?

R: Han aumentado mucho las agresiones sexuales. También se han incrementado notablemente las estafas online, especialmente las relacionadas con la usurpación de identidad. Cada vez es más frecuente que personas se encuentren con problemas judiciales porque alguien ha utilizado su documentación para abrir cuentas bancarias o realizar operaciones sin su consentimiento.

La justicia en la práctica

P: En cuanto al funcionamiento de la administración de justicia. ¿Qué problemas detecta con más frecuencia?

R: El principal problema es la lentitud. Nuestro sistema es garantista y eso implica múltiples trámites y posibilidades dentro del proceso, lo cual no es negativo, pero alarga los procedimientos. A eso se suma la falta de medios y de personal, que deriva en una sobrecarga de los juzgados. En Cáceres se están tramitando recursos de apelación en el ámbito civil con demoras que superan el año y medio, un plazo muy elevado para quien espera una respuesta judicial. También para el abogado resulta complicado explicar al cliente por qué otros asuntos avanzan mientras el suyo continúa sin resolverse. Además, considero que existe un exceso de litigiosidad en los juzgados.

P: ¿A qué se refiere cuando habla de “exceso de litigiosidad”?

R: A que hay un volumen enorme de asuntos que acaban judicializándose cuando quizá podrían resolverse de otra forma, con más responsabilidad y sentido común. Cáceres no está entre las ciudades con mayor índice delictivo, pero hay reclamaciones pequeñas, conflictos que se enquistan, denuncias por cuestiones muy menores… y eso ocupa recursos, tiempo y personal. Entiendo que para quien lo vive es importante, pero eso hace que el sistema se bloquee con facilidad.

P: Ante determinados delitos, la demanda social suele ir hacia penas más severas. ¿Está ajustado el Código Penal a la realidad social actual?

R: Siempre he confiado en que nuestro Código Penal está bien configurado, con aportaciones de juristas y gente muy preparada, y que busca proporcionalidad. En la calle siempre se tiende a pedir 'más' justicia ante hechos especialmente graves, pero las penas deben ser proporcionales al daño y, en términos generales, creo que el sistema responde a esa lógica.

P: ¿Diría que la justicia es igual para todos en la práctica?

R: Quiero creer que sí, pero es una cuestión muy compleja y con muchos matices, por lo que prefiero no extenderme.

Casos de impacto

P: Recientemente ha participado como letrado en varios procedimientos de especial relevancia a nivel local y provincial. En concreto, ejerce la acusación particular por la familia del vecino de Acebo asesinado en Moraleja. ¿Cómo se gestiona un caso tan delicado en lo jurídico y en lo humano?

R: Este es un asunto muy delicado en el que desde el primer momento acompañamos a la familia. Por desgracia, la tramitación se encuentra ralentizada por motivos procesales, lo que genera una innecesaria inquietud a los familiares directos del fallecido.

P: También interviene en el caso del ciclista fallecido al ser atropellado en la carretera del Casar de Cáceres en 2025. ¿En qué punto se encuentra el procedimiento y cuál es su papel?

R: Ejerzo la defensa de los intereses de un familiar de la víctima. En el aspecto procesal, se encuentra en fase de instrucción y aún se están practicando diligencias de investigación.

P: Consiguió una indemnización elevada en un accidente de tráfico en la provincia de Cáceres, resuelto en 2025. ¿Cuáles fueron los aspectos técnicos o probatorios que resultaron clave?

R: En estos casos la figura del abogado es fundamental para lograr una indemnización correcta y que cubra las consecuencias económicas del daño así como las indemnizaciones de los aspectos morales que conlleva el daño tanto a los perjudicados directos como a los familiares, y es el abogado el gran negociador, en fase previa, y el director del procedimiento si hay que debatirlo en juicio, ya que la aseguradora siempre va a ofrecer una indemnización por debajo de la merecida.