Condenado a cuatro años por odio, amenazas y acoso a la expareja, jueza y trabajadoras sociales del Ayuntamiento de Trujillo

La Audiencia Provincial de Cáceres ha condenado a cuatro años de prisión a un hombre acusado de delitos de odio, amenazas graves y acoso contra su expareja, una magistrada de Trujillo y trabajadoras sociales del ayuntamiento trujillana de la localidad cácereña, a quienes dirigió durante meses mensajes de “contenido violento y misógino” tras perder la custodia de su hijo.

Delito de odio

El fallo considera probado que el acusado envió “numerosos correos electrónicos” y realizó “reiteradas llamadas con expresiones de desprecio” hacia las mujeres y amenazas explícitas, llegando incluso a advertir de que “mataría a la jueza” que instruía el procedimiento de custodia.

Además, según se ha expuesto durante el proceso judicial este jueves, el hombre trató de acceder en persona a las dependencias judiciales de Trujillo y efectuó numerosas llamadas telefónicas a sedes judiciales, “algunas jornadas con más de 200 llamadas, lo que llegó a alterar el funcionamiento ordinario del servicio público”.

Los hechos han sido considerados constitutivos de un delito de odio, además de delitos continuados de amenazas y acoso dirigidos contra su expareja y la magistrada, así como contra trabajadoras sociales del Ayuntamiento de Trujillo que intervinieron en el procedimiento relacionado con su hijo.

Suspensión de la pena

La pena impuesta asciende a cuatro años de prisión, aunque el tribunal ha acordado la suspensión de su ejecución, por lo que el condenado no ingresará en la cárcel siempre que cumpla las condiciones fijadas por la resolución judicial. Entre esas medidas figuran órdenes de alejamiento y prohibición de comunicación con las víctimas, así como la obligación de participar en un curso de formación en igualdad.

Inicialmente, la Fiscalía Provincial de Cáceres solicitaba una pena total de doce años de prisión por la suma de los distintos delitos imputados, al considerar que el acusado había desplegado entre 2023 y 2024 una “campaña sostenida de hostigamiento contra las víctimas mediante correos electrónicos, llamadas telefónicas y amenazas”.

El caso se originó tras la pérdida de la custodia de su hijo, momento a partir del cual el procesado inició una “escalada de comunicaciones ofensivas y amenazantes”. Asimismo, la resolución judicial subraya que las expresiones empleadas por el acusado en los mensajes remitidos presentaban un marcado carácter “intimidatorio y degradante”, con referencias explícitas de contenido “violento y misógino”, lo que ha llevado al tribunal a apreciar la existencia de un componente de odio por razón de género.