Audiencia Provincial
A juicio en Cáceres por insultos homófobos en la vía pública: la Fiscalía pide prisión, multa e inhabilitación
El acusado se enfrenta a un año y seis meses de cárcel, además de una multa y la inhabilitación para ejercer ciertas profesiones, tras ser denunciado por la Fiscalía de Cáceres por un delito de odio
Pegatina de 'STOP Homofobia'. / CEDIDA
La Fiscalía de Cáceres ha solicitado la apertura de juicio oral contra un hombre acusado de proferir insultos homófobos en la vía pública, hechos que ocurrieron el 21 de enero de 2024. El ministerio público pide un año y seis meses de prisión, una multa de nueve meses y la inhabilitación para ejercer profesiones relacionadas con la educación, deporte y tiempo libre por cinco años.
El acusado dirigió frases como «mariquita vete para casa» y «maricón ven aquí que te voy a hacer un hombre» a la víctima
Humillar y menoscabar
Los hechos ocurrieron en una calle de Cáceres, donde el acusado dirigió frases como «mariquita vete para casa» y «maricón ven aquí que te voy a hacer un hombre» a la víctima, a quien atribuyó una orientación sexual determinada, con la finalidad de «humillarla y menoscabar su dignidad». Las expresiones fueron proferidas en voz alta y ante varias personas.
La víctima, temiendo por su seguridad, pidió acompañamiento a unas jóvenes que transitaban por la zona hasta que llegó la dotación policial. El tono despectivo y la exposición pública constituyeron, según la Fiscalía, una «grave humillación y un atentado contra sus derechos fundamentales».
Daños morales
La acusación considera que los hechos son constitutivos de un delito de odio y discriminación (artículo 510.2.a del Código Penal) en concurso con un delito de coacciones (artículo 173 del Código Penal). El acusado es responsable en calidad de autor directo, sin concurrir atenuantes y con agravantes en el delito de coacciones.
Además de la prisión y la multa, la Fiscalía solicita la inhabilitación para ejercer profesiones educativas, deportivas y de tiempo libre durante cinco años, así como la inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena.
En cuanto a la responsabilidad civil, el ministerio público pide que el acusado indemnice a la víctima con 1.000 euros por daños morales ocasionados y que se le impongan las costas del procedimiento.
Para el juicio (este marzo) se propone como prueba el interrogatorio del acusado, testigos, informes periciales, incluido el informe de un médico forense, y la documentación recabada durante la instrucción. El procedimiento busca garantizar que se repare el daño causado a la víctima y se aplique la legislación de delitos de odio, reforzando la protección de las personas LGTBI frente a agresiones verbales y discriminación en la vía pública.
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