Este edificio en pleno centro de Cáceres será demolido en breve

"Este edificio de Cáceres será demolido en breve", reza el cartel del inmueble del número 1 de la calle Maluquer, situado entre Antonio Silvia, León Leal y Rodríguez Moñino con acceso directo a Cánovas. la casa está situada junto a uno de los negocios más tradicionales, seguramente el más antiguo de Maluquer, que es Gráficas Cacereñas, que antes fue Gráficas Paule. En 1982 pasó de la calle de Antonio Silva, 1 a la de Maluquer 1, en cuyo local se encuentra esta imprenta histórica en Cáceres, con décadas de experiencia en el sector de artes gráficas, sirviendo de base para la tradición familiar de Jesús Martín Teomiro, fundador de Gráficas Diseño Imprenta Cáceres. Se caracteriza por la fabricación minuciosa y la evolución tecnológica. 

La zona esta ahora a la espera de que se levante la tan ansiada promoción de viviendas proyectada por Edifissa y Fissa en el número 1 de la calle, donde se ejecutarán 17 viviendas en pleno centro de Cáceres El proyecto contempla un inmueble de cinco alturas, dos más que el existente en la parcela, autorizado por el Plan General Municipal desde 2010 en esta zona, situada a escasos metros del paseo de Cánovas. El solar se encuentra, además, en un área donde el planeamiento permite un mayor desarrollo, con hasta seis plantas en las edificaciones que dan frente a Ronda del Carmen. Edifissa, según se precisa en su página web, es un consorcio empresarial que está encabezado por Fissa, una compañía que principalmente se dedica al sector servicios y que tiene una amplia implantación en España con veintisiete delegaciones. También participan en Edifissa el grupo Monleón y el grupo Álvarez, que a su vez está formado por empresas de sectores tan diversos como el agrícola, el inmobiliario, agroquímico...

El autor del proyecto es José Ramón Zorita Carrero, donde recae también la dirección facultativa. La dirección de la ejecución de obras la lleva a Francisco Javier Martínez Martín, que es además coordinador de seguridad y salud laboral. Así transcurre la vida diaria en Maluquer donde, por cierto, existe numerosos trasteros a disposición de los cacereños, impulsando así un nuevo modelo de negocio que está en expansión: los hay desde un metro hasta de 25 metros cuadrados.

De momento, con la obra paralizada, acaban de colocar un cartel donde avisan de que el bloque está en proceso de demolición. En este sentido, informan a todas las empresas suministradoras, operadoras y personal técnico que no está permitido realizar ningún tipo de conexión, instalación o manipulación de cables en este edficio", que "no se autoriza el uso de la fachada para tendidos eléctricos, telecomunicaciones u otros servicios".

Mantener en pie un edificio pendiente de demolición no es una cuestión menor, especialmente cuando se encuentra en una zona céntrica, con tránsito diario de peatones, actividad comercial y presencia de servicios urbanos. Más allá del impacto visual o del retraso urbanístico que pueda suponer una obra paralizada, el principal problema es la seguridad.

Cuando un inmueble ha entrado en fase previa al derribo, cualquier actuación ajena al proceso autorizado puede multiplicar los riesgos. Uno de los más evidentes es el de los desprendimientos. Fachadas, cornisas, balcones, carpinterías o elementos interiores degradados pueden acabar cediendo con el paso del tiempo, por efecto de la humedad, el viento o la falta de mantenimiento. En calles estrechas o con paso frecuente de personas, ese peligro aumenta de forma notable.

Instalaciones irregulares y peligro añadido

A esa amenaza estructural se suma otra menos visible, pero igualmente delicada: la manipulación de cables, acometidas o conexiones sobre un edificio que ya no debe utilizarse como soporte. La instalación no autorizada de tendidos eléctricos, telecomunicaciones u otros servicios puede comprometer todavía más la estabilidad del inmueble y generar situaciones de riesgo grave, tanto para trabajadores como para quienes circulan por la zona.

En este tipo de escenarios, los avisos colocados en la fachada cumplen una doble función. Por un lado, informan de que el edificio será demolido en breve. Por otro, advierten de que no está permitido realizar conexiones, instalaciones o manipulaciones técnicas sin autorización. El motivo es claro: cualquier intervención improvisada puede alterar elementos ya debilitados y desencadenar un problema mayor.

El riesgo tampoco se limita al propio inmueble. Los locales y edificios anexos pueden verse afectados por filtraciones, movimientos, caída de cascotes o por una eventual actuación de emergencia si la estructura empeora. En áreas consolidadas del centro urbano, donde conviven viviendas, comercios históricos y tránsito continuo, el entorno inmediato se convierte también en una zona sensible.

Además, la permanencia de un bloque vacío y pendiente de demolición puede provocar molestias añadidas: acumulación de suciedad, acceso indebido al interior, pequeños actos vandálicos o utilización indebida de sus elementos exteriores. Todo ello obliga a extremar las medidas de cerramiento, vigilancia y señalización mientras no se ejecute el derribo.

La demolición como medida preventiva

En estos casos, la demolición no solo responde a un futuro desarrollo urbanístico. También actúa como una medida preventiva para eliminar una fuente potencial de peligro en una zona habitada. El objetivo es evitar que el deterioro avance y reducir al mínimo cualquier incidencia que afecte a la seguridad pública.

Por eso, cuando un edificio ya ha sido señalado para su derribo, la prioridad pasa por impedir usos indebidos, garantizar que no se alteren sus condiciones y acelerar, dentro de los plazos técnicos y administrativos, una intervención controlada. En el centro de una ciudad como Cáceres, dejar en suspenso durante demasiado tiempo una situación así nunca es inocuo. Puede convertirse, simplemente, en un riesgo innecesario.