San Jorge: ¿inversión cultural o privatización encubierta?

Cuando una ciudad mira su propio casco histórico, no solo ve piedras y fachadas: atisba memoria, vida cotidiana, educación y cultura compartida. La plaza de San Jorge, en el corazón de Cáceres, se encuentra en ese cruce incómodo entre oportunidad y pérdida.

La firma del protocolo entre la Junta de Extremadura, el Ayuntamiento, la Diócesis de Coria-Cáceres y Fundación Mapfre promete inversión, rehabilitación y proyección internacional. Siete millones de euros para revitalizar espacios patrimoniales no son una cifra menor, y en teoría, podrían convertir San Jorge en un centro cultural de referencia para España y Portugal.

Pero el debate trasciende la inversión. La cesión de edificios municipales a una fundación privada durante 50 años ha despertado críticas y denuncias de «privatización» por parte de colectivos (como Juventudes Socialistas) y otras voces de la cultura.

La salida de la Escuela Superior de Arte Dramático (ESAD) y del Conservatorio Profesional de Danza del Palacio Luisa de Carvajal evidencia que los beneficios de un proyecto ambicioso pueden tener un coste tangible: el desplazamiento de actividades formativas y el debilitamiento del carácter público del casco histórico.

La frontera entre gestión responsable y ocupación prolongada de espacios públicos puede resultar difusa

Las palabras del obispo de Coria-Cáceres, Jesús Pulido, recordando que la Iglesia no es dueña sino administradora del patrimonio (recogidas por el columnista de el Periódico Extremadura Antonio Pariente), introducen un matiz necesario. Administrar no significa privatizar, pero la frontera entre gestión responsable y ocupación prolongada de espacios públicos puede resultar difusa cuando hay intereses privados involucrados.

La ciudadanía percibe, con razón, que lo que debería ser un bien colectivo corre el riesgo de transformarse en un escaparate cultural cerrado, donde el acceso y la participación quedan condicionados. Y se suma el litigio con la cafetería Jardín de Ulloa (que regentaba la Fundación Mercedes Calles y Carlos Ballestero, también mediante una cesión municipal de lo público) cerrada desde hace años. La intervención de Mapfre en un entorno aún sujeto a disputas legales añade incertidumbre a un proyecto que ya genera desconfianza. Inversión y rehabilitación no sustituyen la necesidad de transparencia y garantías.

Cáceres tiene una oportunidad única: revitalizar su patrimonio, atraer cultura y empleo, y reforzar su candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031. Pero también enfrenta un riesgo que no se mide en euros: perder la legitimidad social y el vínculo ciudadano con su propia historia. San Jorge puede convertirse en símbolo de modernización o en ejemplo de cómo la cultura y el patrimonio se fragmentan cuando se privilegian los proyectos sobre las personas.

Porque al final, el verdadero patrimonio de una ciudad no son solo sus edificios históricos, sino el uso que su gente hace de ellos y la vida que esos espacios permiten aflorar.