Laura Martín, abogada en Cáceres: "Detrás de cada causa hay una realidad que no siempre se ve"

Licenciada en Derecho por la Universidad de Extremadura, Laura Martín Mangas acumula más de dos décadas de ejercicio y una trayectoria en la que también figuran su papel como secretaria de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Cáceres (ICAC) y su condición de socia fundadora de la Corte Extremeña de Arbitraje. Aunque reconoce que nunca se ha sentido cómoda bajo el foco, la letrada penalista ha estado vinculada a algunos de los casos con mayor repercusión pública en la provincia. Ahora, como miembro del despacho Solís Martín Abogados, reflexiona sobre la evolución de la justicia y sobre la presión, el rigor y la carga humana que acompañan a cada causa.

Trayectoria y evolución

Pregunta: ¿Qué balance hace de su trayectoria y qué le sigue moviendo a entrar cada día en un juzgado?

Respuesta: El balance es muy positivo. Me dedico al derecho penal y penitenciario, y son materias que me han dado muchas satisfacciones, tanto a nivel profesional como personal. Es una profesión muy difícil porque, sobre todo en el ámbito penal, no está en juego una cuestión económica, sino de libertad. Eso hace que muchas veces sea especialmente duro. Es una profesión que exige un gran esfuerzo psicológico. Cuando tienes que defender un juicio complicado, no lo dejas en el despacho; te lo llevas a casa, te acompaña y eso genera mucha presión.

P: ¿Cómo ha evolucionado su manera de trabajar y de preparar los casos desde sus primeros años hasta ahora?

R: Siempre he sido muy constante con el estudio, pero en los últimos años también me he puesto más al día con las nuevas tecnologías, en parte gracias a mi compañero Miguel Martín. Eso facilita mucho el trabajo en muchas ocasiones.

Delitos al alza

P: ¿Qué asuntos preocupan más hoy en la justicia cacereña?

R: Creo que uno de los asuntos que más está creciendo es la violencia de género. Mi especialidad siempre han sido los delitos contra la salud pública y me he trabajado mucho con asuntos relacionados con el tráfico de drogas, pero actualmente casi el 80 % de la gente que llama lo hace por cuestiones relacionadas con este tema. Son asuntos que están al alza y también se percibe así en los juzgados, donde de hecho se crearon órganos específicos para esta materia.

Ámbito penitenciario

P: ¿Qué aporta a una abogada penalista conocer a fondo lo que ocurre después de la sentencia, dentro del sistema penitenciario?

R: Aporta muchísimo. La materia penitenciaria es muy desconocida. Si preguntas a 100 abogados, probablemente solo uno la conozca bien. Sin embargo, es fundamental para orientar al cliente sobre permisos de salida, terceros grados, recursos frente a sanciones o el régimen disciplinario. Es un ámbito que da muchas satisfacciones personales y profesionales, pero en la intimidad. Son éxitos que no se publican, porque gran parte de la sociedad no los entendería.

P: ¿Se presta demasiada atención al juicio y muy poca a lo que ocurre después de la condena?

R: Probablemente sí. Hay delitos que generan una gran alarma social, pero con el tiempo esa alarma se diluye y ya nadie sabe en qué situación se encuentra ese penado: si ha salido de permiso, si ha progresado de grado o si se le ha concedido la libertad condicional. La materia penitenciaria queda en un segundo plano. En cierto modo, eso también les favorece, porque tampoco pueden estar siempre bajo el ojo del huracán, desde que cometen el delito hasta que recuperan la libertad definitiva.

Asuntos mediáticos

P: A lo largo de su trayectoria ha intervenido en varios casos de gran repercusión pública en la provincia de Cáceres...

R: Es cierto, aunque no me gusta demasiado la exposición pública. He llevado muchos procedimientos con repercusión, pero siempre he intentado mantenerme en un segundo plano. Soy un poco tímida en ese sentido, al igual que en los juzgados.

'Crimen del Almonte'

P: Uno de los de mayor repercusión fue el conocido como ‘crimen del Almonte’, que fue archivado de forma provisional por falta de pruebas. ¿Cómo afrontó aquel procedimiento desde el punto de vista profesional y qué papel desempeñó en la defensa?

R: En ese momento fue un boom. Hubo mucho interés de televisiones, periódicos y otros medios, pero yo no quise intervenir públicamente. Mi cliente quería preservar su intimidad y había que respetarlo. Yo lo conocía desde hacía tiempo y creía plenamente en su inocencia, igual que en la de la familia que fue detenida. Durante la instrucción se practicaron muchas pruebas y todo apuntaba a que no habían hecho nada. Por eso se archivó el procedimiento que llevó el Juzgado de Instrucción número 1 de Cáceres. El chico, que era argentino, falleció años después.

Oleada de incendios

P: En 2018, un pirómano provocó 14 incendios en Cáceres, 11 de ellos en la ciudad. Usted señaló que, en ese momento, su cliente "tenía problemas de consumo de alcohol y atravesaba una difícil situación personal, familiar y económica". ¿Cómo recuerda aquel caso?

R: Con mucho compromiso. Muchas veces las personas a las que uno tiene que defender han llevado una vida completamente normal y, en un momento determinado, sufren un problema de adicción que les lleva a cometer actos que realmente no quieren cometer. Este fue uno de esos casos. Yo conocí a mi cliente cuando ya estaba en prisión preventiva. Tenía un problema grave con el alcohol y los incendios se cometieron bajo esa influencia. De hecho, una de las pruebas que encontró la Guardia Civil fue la presencia de latas de cerveza en los lugares de los fuegos. Se nos aplicó en sentencia la atenuante por consumo y solicitamos una suspensión por la vía del artículo 80.5. Empezó tratamiento por sus adicciones y finalmente no tuvo que ingresar en prisión.

P: ¿Cree que a la opinión pública le cuesta entender que contextualizar la conducta de una persona —por ejemplo, en casos de adicción— no implica justificar sus actos, sino analizarlos desde una perspectiva jurídica y social más amplia?

R: Evidentemente. Yo en ningún caso justifico lo que hace un cliente cuando está mal, pero sí creo que hay que entender que las adicciones son enfermedades y que hay que tratarlas como tales. Otra cosa es que sea muy difícil que la sociedad comprenda determinadas decisiones judiciales, como que a una persona condenada a varios años de prisión se le conceda una suspensión o un tercer grado. Pero eso responde a una legislación y a unas circunstancias concretas.

Alcalde de Malpartida

P: En la causa contra el alcalde de Malpartida de Cáceres, Alfredo Aguilera, condenado por violencia de género en 2019, usted ejerció la acusación particular. ¿Qué tuvo de especial este asunto para usted?

R: Tuvo una implicación psicológica muy importante. En primer lugar porque yo conocía a las dos partes. Además, con la víctima tenía una relación de amistad. Eso hace que todo sea mucho más duro. Al ser un asunto muy mediático, en el que además el acusado era una persona con relevancia pública y querida, la víctima fue muy atacada.

Droga adulterada en Coria

P: También asumió la defensa en la causa en la que se condenó a tres años de prisión al acusado de vender droga adulterada en Coria en 2021, con varios afectados y una víctima mortal. ¿Cómo se afronta la estrategia de defensa en un caso con consecuencias tan graves?

R: Mi cliente estuvo en prisión provisional y salió. Aceptó los hechos y reconoció la venta de cocaína. El problema es que desconocía que esa droga estaba adulterada. Quien trafica vende, pero antes compra a proveedores, y en este caso llegó una partida adulterada. Él siempre negó saberlo y sostuvo que, de haberlo sabido, jamás la habría vendido.

P: Usted defendió entonces que se daba una oportunidad a una persona rehabilitada. ¿Qué peso tuvo su evolución personal?

R: Muchísimo. Tenía familia, hijos pequeños, un negocio, pidió perdón, asumió el pago de la responsabilidad civil y fue cumpliendo con ello conforme pudo. Además, reconoció los hechos. Hubo incluso varios perjudicados que renunciaron a las indemnizaciones por el conocimiento personal que tenían de él y porque no lo veían como una persona que hubiera querido causar ese daño. Asumió las consecuencias, ingresó en prisión y poco después accedió al tercer grado por su buena evolución penitenciaria.

Fraude del paro

P: En 2022, intervino en una causa por fraude en el cobro de prestaciones por desempleo en Cáceres, resuelta con un acuerdo entre la fiscalía y las defensas que evitó el juicio a 18 implicados. ¿Son útiles estas conformidades en procesos con tantos acusados?

R: Sin duda. Muchas veces la justicia está saturada, faltan medios y faltan recursos personales. En causas con muchísimos acusados, los acuerdos ayudan a agilizar de forma muy importante. Un juicio con 32 imputados supone días o incluso meses. En esos casos, que la fiscalía facilite acuerdos puede beneficiar no solo al acusado, sino también a la defensa, a la propia justicia y a la sociedad.

P: ¿Qué lectura haces de este tipo de salidas pactadas en macrocausas con múltiples investigados?

R: Estoy satisfecha cuando considero que el acuerdo es razonable, pero también es cierto que muchas veces existe bastante presión para llegar a una conformidad. En el ámbito penal, cuando pisas un juzgado de lo penal o una Audiencia Provincial, una de las primeras cuestiones que se plantea es precisamente esa posibilidad. Ahí el abogado tiene que explicar al cliente que ir a juicio implica un riesgo y que, a veces, un acuerdo puede protegerle de un futuro ingreso en prisión. En estos casos yo siempre dejo la decisión final en manos del cliente.

La huella del oficio

P: Si repasa todos estos procedimientos, ¿cuál diría que ha sido el que más le ha exigido?

R: Probablemente el crimen del Almonte. Cuando hay un crimen tienes que ver toda la causa y eso implica enfrentarte a imágenes y situaciones muy duras. Además, se trataba de un cadáver descuartizado cuyas partes fueron apareciendo en distintos puntos del Almonte. Fue un proceso especialmente difícil, y más aún porque entonces no tenía la experiencia que tengo ahora.

P: ¿Y alguno de esos casos ha cambiado especialmente su manera de entender la justicia o el ejercicio de la abogacía?

R: Sí. En realidad, el día a día te va cambiando. Te obliga a ser más empática y a entender mejor las distintas situaciones. Yo soy consecuente: quien debe ser condenado porque ha cometido un delito, debe serlo. Pero también es verdad que a veces se cometen errores a nivel judicial o policial, y que en muchas ocasiones se exageran los hechos o se sacan de contexto. Y eso también ocurre en el plano mediático.