El contencioso por la cafetería de San Jorge sigue su curso tras el acuerdo con la Fundación Mapfre

El conflicto judicial entre la Fundación Mercedes Calles y Carlos Ballestero (FMCCB) y el Ayuntamiento de Cáceres por los daños en la cafetería ‘Jardín de Ulloa’ continúa su recorrido en los tribunales, según confirma el consistorio cacereño, a expensas de saber qué papel juega el reciente acuerdo institucional con Fundación Mapfre para la cesión y rehabilitación de espacios en la Plaza de San Jorge.

El litigio, que se arrastra desde hace años, tiene su origen en el derrumbe parcial del techo del local en 2020, cuando se estaban ejecutando obras de ampliación. Desde entonces, ambas partes (ayuntamiento y FMCCB) mantienen posiciones enfrentadas sobre el origen de los daños y, por tanto, sobre quién debe asumir la responsabilidad de la reparación.

La FMCCB sostiene, basándose en un informe técnico, que existía un fallo estructural previo en el inmueble, por lo que atribuye la responsabilidad al ayuntamiento como propietario del edificio. Por su parte, el consistorio defiende, apoyado en otro estudio, que los daños fueron consecuencia directa de las obras realizadas en el local.

Esta discrepancia desembocó en la vía judicial y en la rescisión del contrato de arrendamiento en 2023 por parte de la FMCCB, tras más de ocho años de relación. Desde entonces, el espacio permanece cerrado y sin actividad, prolongando una situación de bloqueo que afecta a uno de los enclaves más emblemáticos del casco histórico.

Un acuerdo millonario

En paralelo, la reciente firma de un protocolo entre la Junta de Extremadura, el Ayuntamiento de Cáceres, la Diócesis de Coria-Cáceres y Fundación Mapfre contempla una inversión de 7 millones de euros para la rehabilitación y puesta en valor de espacios patrimoniales en la zona de San Jorge.

El proyecto aspira a convertir este enclave en un centro cultural de referencia ibérico, pero no ha estado exento de polémica. La cesión de edificios municipales a una fundación privada durante 50 años ha suscitado críticas de colectivos sociales y culturales, que denuncian un proceso de “privatización” del patrimonio público.

Además, la reordenación de usos ya ha tenido consecuencias visibles, como la salida de la Escuela Superior de Arte Dramático (ESAD) y del Conservatorio Profesional de Danza del Palacio Luisa de Carvajal, lo que ha reabierto el debate sobre el impacto real del proyecto en el tejido cultural local.

Deterioro del espacio y actuaciones de urgencia

Mientras el contencioso sigue su curso, la situación física del entorno ha empeorado. Recientemente, se ha producido el hundimiento de parte de la cubierta de los locales municipales en San Jorge, lo que ha obligado al ayuntamiento a intervenir de urgencia.

El consistorio ha procedido a apuntalar la zona afectada y cerrar el acceso al jardín de Cristina de Ulloa, un espacio vinculado al antiguo negocio hostelero y que ahora queda fuera de uso por motivos de seguridad.

Pese a este contexto, la continuidad del proceso judicial evidencia que, más allá de los anuncios de inversión y rehabilitación, el conflicto de fondo entre instituciones sigue pendiente de acuerdo o de dictamen judicial