Juicio en Cáceres a tres acusados de blanqueo de capitales tras el desvío de fondos de una mercantil

La Fiscalía Provincial de Cáceres solicita penas de un año y seis meses de prisión para tres acusados (dos hombres y una mujer) por un delito de blanqueo de capitales en su modalidad de imprudencia grave, tras su presunta participación en el movimiento de fondos procedentes de una estafa informática cometida contra una empresa. El caso se ha enjuiciado en un Juzgado de lo Penal de Cáceres.

Cuentas abiertas para recibir dinero de terceros

Según el escrito de acusación, los tres encausados habrían abierto cuentas bancarias de forma online con el objetivo de facilitar sus datos a terceras personas, quienes las utilizarían para recibir transferencias de dinero. A cambio, los acusados percibirían una comisión, sin preocuparse —según sostiene el Ministerio Público— por el origen de los fondos ni por la legalidad de la operación; actuando movidos por la obtención de beneficios económicos rápidos.

La investigación sitúa el origen del dinero en una supuesta estafa informática cometida entre finales de marzo y comienzos de abril de 2022. Personas no identificadas manipularon los datos bancarios de la mercantil INSERTUM INICIATIVA SOCIAL S.L., modificando la cuenta de destino de varios pagos correspondientes a facturas de un proveedor.

Transferencias desviadas y reparto del dinero

Como consecuencia de esa alteración, el 7 de abril de 2022 se realizaron dos transferencias por importes de 41.458,70 y 8.919,63 euros a una cuenta distinta de la prevista, titularidad de una de las acusadas. Desde esa cuenta, el dinero fue rápidamente redistribuido a otras cuentas bancarias de los otros dos acusados en días posteriores.

En concreto, uno de ellos recibió dos transferencias por un total superior a 47.000 euros, mientras que el tercero percibió cerca de 26.500 euros. El importe total estafado, 50.378,34 euros, no ha sido recuperado hasta la fecha.

La Fiscalía considera que los acusados actuaron como coautores de un delito de blanqueo de capitales por imprudencia grave, al facilitar el circuito financiero necesario para ocultar o canalizar el dinero ilícito, sin verificar su procedencia.

Por estos hechos, el Ministerio Público solicita para cada uno de ellos, además de la pena de prisión, una multa de 100.000 euros y la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

En concepto de responsabilidad civil, los tres acusados deberán indemnizar conjunta y solidariamente a la empresa perjudicada con los 50.378,34 euros defraudados, más los intereses legales correspondientes.