Las autoescuelas de Cáceres denuncian las carencias del punto de examen en el R-66 y exigen su traslado a la Jefatura de Tráfico en Héroes de Baler

La ciudad de Cáceres vuelve a situarse en el centro del conflicto entre la administración y el sector de las autoescuelas. La Jefatura Provincial de Tráfico mantiene su negativa a trasladar el punto de salida de los exámenes prácticos de conducir a las instalaciones de su propia sede, una decisión que ha sido duramente criticada por la Asociación Provincial de Autoescuelas de Cáceres (APACC).

Según denuncia la organización, la actual ubicación en el entorno del R-66 (calle Osa Mayor, por encima del Supercor) presenta importantes carencias: no dispone de aseos ni de espacios adecuados para resguardarse de las inclemencias meteorológicas, lo que afecta tanto a alumnos como a profesores y examinadores. Además, el continuo tránsito de vehículos -incluidos camiones y autobuses- está generando molestias vecinales y problemas de seguridad vial en la zona.

Frente a esta situación, el sector lleva años reclamando el traslado a las instalaciones de la Jefatura de Tráfico, situadas en la avenida Héroes de Baler. Se trata de un complejo que supuso una inversión pública superior al millón de euros y que, según APACC, cumple con todos los requisitos necesarios para albergar el inicio de las pruebas de conducción. Sin embargo, estas instalaciones continúan infrautilizadas.

Recorrido "demasiado fácil"

La Dirección General de Tráfico justifica su negativa en la supuesta falta de variedad de itinerarios desde ese punto de salida, un argumento que las autoescuelas rechazan de plano. Según sostienen, las diferencias de recorrido en una ciudad como Cáceres son mínimas y no justifican el mantenimiento de una ubicación que consideran “indigna” para la prestación del servicio.

Esta postura fue reiterada en la reunión mantenida el pasado lunes entre representantes de APACC y la Jefatura Provincial. Según el documento de conclusiones, Tráfico insiste en que el acceso cercano a la autovía -principalmente en dirección a Trujillo- ofrece un recorrido “demasiado recto y sin dificultad”, lo que, a su juicio, limita la diversidad de itinerarios exigida en las pruebas. En cuanto a la falta de aseos en el punto actual, la Jefatura sostiene que los examinadores sí tienen acceso a los servicios de sus propias instalaciones, una explicación que no satisface al sector.

Desde la asociación también critican la falta de coherencia en los criterios de la administración. Recuerdan que la propia Jefatura exige disponer de aseos en otros centros de examen de la provincia, mientras que en la capital se permite operar sin estas condiciones básicas. Además, subrayan que la negativa al traslado contradice el uso eficiente de recursos públicos, al mantener sin actividad unas instalaciones diseñadas precisamente para este fin.

El conflicto no es nuevo. Según APACC, la petición de cambio de ubicación ha sido reiterada durante más de tres años sin obtener respuesta favorable. De hecho, en la reciente reunión, la Jefatura reconoció haber buscado ubicaciones alternativas durante ese tiempo sin éxito e instó a las autoescuelas a proponer nuevos emplazamientos, lo que para el sector evidencia una falta de solución clara por parte de la administración.

Este desencuentro se enmarca en una situación más amplia de dificultades en el sistema de exámenes de conducir en la provincia, donde también se han detectado problemas en otros puntos como Plasencia, especialmente en lo relativo a la seguridad en la salida de vehículos pesados.

Un sistema bajo presión

En este contexto, el conflicto por la sede de exámenes en Cáceres se suma a una crisis más profunda que atraviesa el sistema en toda la provincia. En esta solo aprueba el examen de conducir el 36% de los estudiantes. Un dato completamente alarmante que evidencia que, como mínimo, algo no está funcionando correctamente.

La cifra no es puntual, sino que refleja una tendencia sostenida: en los últimos años, el porcentaje de aprobados ha caído más de un 20%, pasando del 56% al 36,45%. Esto sitúa a la provincia entre las peores de España, muy lejos de territorios cercanos como Badajoz, donde el índice de aptos alcanza el 62,15%.

Detrás de estos datos, el sector apunta a un problema estructural. Entre las principales causas, señalan la falta de un criterio claro y unificado en los exámenes, lo que genera disparidades en la evaluación según el examinador. Una percepción que la propia Jefatura no reconoce de forma explícita, aunque sí ha anunciado futuras reuniones para tratar de unificar criterios entre examinadores y autoescuelas.

A ello se suma un colapso del sistema: más de 3.000 alumnos se encuentran actualmente a la espera de examinarse, con retrasos que ya alcanzan los tres meses y que podrían superar los cinco en los próximos meses. Según los datos expuestos en la reunión, la bolsa de aspirantes ha crecido más de un 50% en solo un año, hasta situarse en 3.054 personas pendientes.

Falta de recursos

La raíz del problema, según APACC, está en la falta de recursos. En los últimos cinco años apenas se han incorporado cinco nuevos examinadores, exactamente los mismos que han abandonado el puesto, lo que deja un balance neto de cero efectivos pese al aumento constante de alumnos. Desde la Jefatura, se apunta como medidas a corto plazo la llegada temporal de un examinador itinerante durante 15 días y la posible cobertura de una plaza vacante, aunque sin concretar fechas.

Además, la administración plantea opciones como solicitar horas extraordinarias o reforzar puntualmente el servicio, pero reconoce limitaciones de personal y dependencia de autorizaciones externas, lo que dificulta una solución inmediata al problema.

A este escenario se añaden deficiencias en infraestructuras, problemas en la asignación de plazas y desigualdades territoriales que obligan a muchos aspirantes a desplazarse para examinarse, especialmente en zonas rurales. Incluso la futura implantación obligatoria de aulas informatizadas para los exámenes teóricos podría agravar esta situación, al obligar a alumnos de municipios sin estos recursos a desplazarse a la capital, con el consiguiente impacto en costes y accesibilidad.

Todo ello dibuja un panorama complejo en el que obtener el permiso de conducir en la provincia se ha convertido en una carrera de obstáculos, con implicaciones directas en la movilidad, el acceso al empleo y la cohesión territorial.