El Gobierno Central ya pidió en 2020 al ayuntamiento que retirara la Cruz de Cáceres: quitarla costaría más de 30.000 euros

La retirada o traslado de la Cruz de los Caídos de la plaza de América de Cáceres fue calculada en 2020 en una horquilla de entre 20.000 y 30.000 euros, según estimaciones recabadas entonces por este diario entre expertos del sector. A esa cantidad habría que sumar el coste de la posterior remodelación del entorno, ya que la actuación dejaría sin sentido la configuración actual de la plaza.

El cálculo económico, que en su momento se planteó como una primera aproximación técnica, situaba el foco no solo en el desmontaje del monumento, sino en la complejidad de una operación que, si se optaba por el traslado y no por la demolición, obligaba a retirar la estructura por piezas, numerarlas y volver a montarlas en otro emplazamiento.

Las fuentes consultadas entonces explicaban que el procedimiento más probable pasaba por desmontar la cruz baldosa a baldosa o sillar a sillar, con una intervención especializada para garantizar la integridad de la pieza. Después, ese material tendría que ser transportado y recolocado en otro lugar, una posibilidad que en aquel momento se vinculaba sobre todo al cementerio municipal.

La operación no terminaba ahí. El vaciado del espacio en la plaza de América obligaría a redefinir urbanísticamente la zona, con una intervención adicional cuyo coste no estaba incluido en esa primera horquilla. En otros precedentes citados entonces, como el de Castellón, la adecuación posterior del espacio llegó a elevar de forma notable la factura total.

El origen del debate político

El asunto cobró especial fuerza en marzo de 2020, cuando el Gobierno central respondió a una pregunta parlamentaria del senador de Compromís Carlos Mulet y sostuvo que el Ayuntamiento de Cáceres debía retirar la Cruz para dar cumplimiento a la entonces vigente Ley de Memoria Histórica. En esa misma respuesta, el Ejecutivo advertía de que, si no se actuaba, pediría a la Junta de Extremadura que adoptara las medidas oportunas.

A partir de ahí, el que fuera alcalde de Cáceres, el socialista Luis Salaya, aseguró que el consistorio se daba por interpelado y defendió que la salida pasaba por el traslado, no por el derribo. Entre las opciones que se manejaban figuraban su reubicación en el cementerio o, en su defecto, poner el monumento a disposición de la Iglesia para su eventual instalación en un recinto religioso. Pero no se adoptó ninguna medida.

Un símbolo bajo el marco de la memoria democrática

El fondo del debate no era únicamente económico. El Gobierno justificó en 2020 su posición al considerar que la permanencia del monumento en la vía pública contribuía a perpetuar un recuerdo incompatible con el modelo constitucional de convivencia. Años después, la Ley estatal de Memoria Democrática de 2022 reforzó ese marco normativo, al fijar la retirada de elementos contrarios a la memoria democrática y a la dignidad de las víctimas.

Fotogalería | La plaza de América y la Cruz de los Caídos de Cáceres

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En paralelo, la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha avalado la retirada de cruces o monumentos cuando incorporan elementos de exaltación de la sublevación militar, la Guerra Civil o la dictadura, especialmente si ensalzan a los caídos de un solo bando.

Un acuerdo antiguo que nunca se ejecutó

En Cáceres, además, el debate arrastraba un antecedente político relevante: un acuerdo plenario de 2004, aprobado por unanimidad, que ya apostaba por trasladar la Cruz y remodelar la plaza de América para levantar allí un monumento a la paz. Sin embargo, el paso de los años no se tradujo en la ejecución material de aquella decisión.

La cuestión siguió generando división política y social. En enero de 2021, el Ayuntamiento de Cáceres volvió a evidenciar esa falta de consenso cuando rechazó una moción que defendía el mantenimiento institucional del monumento en su ubicación actual. La votación terminó empatada y se resolvió con el voto de calidad del alcalde.

Más que una obra

Más allá de la cifra inicial de entre 20.000 y 30.000 euros, el caso de la Cruz de los Caídos nunca fue solo una cuestión de obra pública. El coste real incluía el desmontaje, el traslado, la nueva implantación del monumento y la reordenación del espacio urbano, pero también una discusión de fondo sobre el significado de los símbolos en la ciudad y el modo en que las administraciones deben aplicar la legislación memorialista.

Hoy, con un marco legal más desarrollado que el existente en 2020 y con Luis Salaya ya fuera de la política municipal desde 2023, el episodio se lee sobre todo como uno de los momentos en que el debate sobre la memoria democrática en Cáceres dejó de ser una cuestión aplazada para entrar de lleno en la agenda institucional.