La "autovía de la esperanza" eleva la presión para unir Cáceres y Portugal antes de 2030

La Alianza Territorial Europea Norte de Extremadura-Beira Baixa ha iniciado una ronda de reuniones políticas para reclamar el desbloqueo definitivo de la autovía entre Moraleja y Castelo Branco, una infraestructura que considera clave para el futuro económico, turístico e industrial del norte de Extremadura y del centro de Portugal. La primera de esas reuniones se ha celebrado con el grupo parlamentario de Vox Extremadura, al que el colectivo ha trasladado la necesidad de pasar de los compromisos a las obras después de 25 años de reivindicaciones.

El portavoz de la alianza, Paco Martín, ha valorado de forma positiva el encuentro y ha asegurado que Vox les ha mostrado su apoyo a la terminación de este enlace internacional, que permitiría articular una nueva conexión entre Madrid y Lisboa a través del norte extremeño y la Beira Baixa portuguesa. La reclamación se centra en los 72 kilómetros pendientes entre Moraleja y Castelo Branco, un tramo que, según la plataforma, sigue frenando oportunidades de desarrollo en ambos lados de la frontera.

"Queremos escuchar el ruido de las máquinas", ha resumido Martín, que ha insistido en que la reivindicación no se limita a una carretera, sino que afecta directamente al futuro de comarcas castigadas por la pérdida de población, la falta de industria y la salida de jóvenes. La alianza defiende que esta conexión puede convertirse en un corredor económico, turístico y logístico capaz de unir Madrid y Lisboa por una vía alternativa a través de Cáceres, Plasencia, Moraleja, Castelo Branco y otras localidades del centro portugués.

Tres compromisos de Vox

Según ha explicado Martín, Vox ha asumido tres compromisos concretos tras la reunión. El primero pasa por defender esta infraestructura en los próximos presupuestos de la Junta de Extremadura, cuya elaboración se espera en las próximas semanas. La alianza no entra a valorar si la obra debe ejecutarse mediante un modelo público o a través de colaboración público-privada, pero sí exige que el proceso avance de forma inmediata.

El segundo compromiso consiste en pedir a la Junta de Extremadura que abra una vía de coordinación directa con el Gobierno de Portugal. La ATE plantea que el Ejecutivo autonómico, junto a los socios de Gobierno, viaje a Lisboa para reunirse con el primer ministro portugués, Luís Montenegro, o con el ministro de Infraestructuras, con el objetivo de coordinar plazos, presupuestos y ejecución de los distintos tramos.

El tercer compromiso está vinculado a la movilización social. La alianza ha invitado a Vox a participar en la concentración autorizada y pacífica convocada para el próximo 20 de mayo en el puente internacional de Monfortinho. La protesta se celebrará a las 19.30 horas en horario español (18.30 horas en Portugal) y pretende reunir a ciudadanos, empresarios, representantes públicos y colectivos de ambos lados de la frontera para reclamar el inicio de las obras.

Una autovía autonómica con dimensión internacional

La parte española del proyecto depende de la Junta de Extremadura, al tratarse de una autovía autonómica. Según Martín, en el lado extremeño quedan por ejecutar unos 20 kilómetros y la parte administrativa estaría prácticamente despejada, sin grandes obstáculos ambientales, de proyecto o expropiaciones. Por eso, la alianza entiende que el foco debe ponerse ahora en el Gobierno regional.

Aun así, la ATE también reclama impulso político al Gobierno de España, al considerar que se trata de una conexión con dimensión peninsular. Martín ha recordado que esta infraestructura se ha abordado en distintas cumbres ibéricas y ha defendido que no debe entenderse solo como un proyecto del norte de Extremadura, sino como un nuevo corredor internacional entre las dos capitales ibéricas.

En la parte portuguesa, la responsabilidad recae en el Gobierno luso, que debe ejecutar más de 50 kilómetros divididos en dos tramos. Uno de ellos, desde la A23, en el entorno de Castelo Branco, hasta la zona de Idanha, estaría ya avanzado desde el punto de vista administrativo. La alianza considera que falta voluntad política para licitar e iniciar las obras.

"Ni un mes más de retraso", ha señalado Martín, que ha insistido en que la coordinación entre ambas administraciones resulta imprescindible para que el proyecto no vuelva a quedar atrapado en estudios, anuncios o declaraciones de intenciones.

El horizonte del Mundial de 2030

Uno de los objetivos marcados por la ATE es que el enlace esté terminado antes del Mundial de 2030, que organizarán España, Portugal y Marruecos. La alianza cree que esa cita internacional debe servir como horizonte para acelerar una infraestructura que podría tener un impacto directo en el turismo y en la movilidad entre ambos países.

Martín ha subrayado que España y Portugal son uno de los grandes destinos turísticos del mundo y que una conexión directa entre Madrid y Lisboa por el norte de Extremadura permitiría captar visitantes, generar nuevas rutas y distribuir mejor los flujos turísticos por territorios de interior. En ese esquema, localidades como Plasencia, Cáceres, Mérida, Castelo Branco, Covilhã, Guarda o Penamacor podrían beneficiarse de una mayor conectividad.

La autovía se plantea así como una vía para atraer turismo, pero también como una herramienta para favorecer la implantación de empresas y mejorar la competitividad de las comarcas fronterizas. La ATE insiste en que sin infraestructuras modernas resulta muy difícil retener población, atraer inversiones o construir una alternativa económica sólida.

Despoblación e industria

El discurso de la alianza vincula la autovía directamente con la lucha contra la despoblación. Martín ha advertido de que muchas familias del norte de Extremadura han visto cómo sus hijos han tenido que marcharse por falta de oportunidades laborales. "Estamos cansados de que nuestros hijos tengan que salir de forma forzosa de Extremadura porque no tenga industria y porque no tenga futuro", ha afirmado.

El portavoz ha recordado que la provincia de Cáceres ha perdido casi 34.000 habitantes en los últimos 40 años, una cifra que ha comparado con el cierre simbólico de 113 pueblos. Para la ATE, esa evolución demográfica exige respuestas estructurales y no solo medidas parciales. En ese contexto, las infraestructuras aparecen como una pieza esencial para romper el aislamiento de determinadas comarcas.

La alianza también ha pedido apoyo para impulsar una plataforma logística de unas 300 hectáreas en Fuentidueñas. El objetivo es que este espacio sirva como polo de atracción empresarial y complemente la futura autovía, junto a otros enclaves del norte extremeño y del centro portugués. La idea es construir un corredor industrial y logístico que conecte Navalmoral, las comarcas cacereñas del norte, Castelo Branco, Covilhã, Guarda y Penamacor.

Llamamiento a todos los grupos

La reunión con Vox es solo la primera de una serie de contactos que la ATE quiere mantener con los grupos parlamentarios extremeños y portugueses. Martín ha explicado que el Grupo Parlamentario Popular ya ha contactado con ellos y que están pendientes de fijar una fecha. También esperan respuesta del PSOE y de Unidas por Extremadura, así como de los grupos de la Asamblea de la República en Lisboa.

El mensaje de la alianza es que la autovía debe quedar al margen de los colores partidistas. La plataforma quiere que todos los grupos políticos asuman la reivindicación como una prioridad territorial compartida. "Invitamos a todos los grupos políticos sin color partidario a que se sumen a este proyecto", ha señalado Martín.

La ATE define esta infraestructura como la "autovía de la esperanza", una expresión con la que resume el valor simbólico que concede al proyecto. Para la alianza, no se trata solo de unir Moraleja y Castelo Branco, sino de abrir una nueva etapa para territorios que llevan décadas reclamando mejores conexiones para competir en igualdad de condiciones.

La reivindicación continuará ahora con nuevas reuniones políticas y con la concentración del 20 de mayo en Monfortinho, donde la alianza espera reunir a ciudadanos de ambos lados de la frontera. Su objetivo es que la presión institucional y social obligue a las administraciones a fijar plazos, presupuestos y un calendario real de ejecución. Tras años de anuncios y esperas, la plataforma insiste en que ha llegado el momento de que las máquinas empiecen a trabajar.