Juicio en Cáceres a un empresario acusado de frustrar el embargo de más de 800 jamones vinculados a una deuda de 49.000 euros

La Fiscalía Provincial de Cáceres solicita 2 años y 6 meses de prisión y 18 meses de multa para un empresario al que acusa de haber retirado una partida de jamones que había quedado vinculada como garantía de pago de una deuda de aproximadamente 49.000 euros contraída con otra mercantil.

Cobro de la deuda

El juicio está señalado para el 5 de mayo en la Audiencia Provincial de Cáceres, donde se analizará si el acusado actuó con la intención de impedir la eficacia de un procedimiento judicial ya en marcha y evitar así el cobro de la deuda por parte de la empresa acreedora.

Según el escrito de acusación, el empresario mantenía una relación comercial con la mercantil perjudicada derivada de la compra de ganado porcino para su transformación y venta. De esa relación surgió una deuda que fue reconocida y posteriormente objeto de un procedimiento judicial de reclamación, en el que se dictaron resoluciones que incrementaron la cantidad reclamada hasta aproximadamente 64.000 euros, incluyendo intereses y costas.

Es decir, la deuda de unos 49.000 euros en vía judicial ascendió a más de 64.000 euros con intereses y costas.

808 jamones

En el marco de las negociaciones para el pago, ambas partes firmaron un acuerdo de garantía, mediante el cual se afectaban a la deuda un total de 808 jamones almacenados en un secadero de la provincia de Cáceres (en Montánchez), que quedarían bajo control del acreedor en caso de impago.

Sin embargo, la Fiscalía sostiene que, pese a conocer la existencia de dicho acuerdo y del procedimiento judicial, el acusado habría procedido a la retirada de parte de los jamones del secadero, concretamente varias partidas en distintos momentos, sin autorización de la parte acreedora ni del órgano judicial.

Posteriormente, cuando se intentó ejecutar la garantía en fase judicial, los bienes no se encontraban disponibles en el lugar acordado, lo que habría impedido su embargo efectivo para el pago de la deuda.

El Ministerio Público considera que estos hechos encajan en un presunto delito de frustración de la ejecución, al haber realizado actos de disposición sobre bienes que estaban afectados al cumplimiento de una obligación económica ya reconocida en vía judicial.

Además de las penas de prisión y multa, la Fiscalía reclama que el acusado indemnice a la mercantil perjudicada con 49.252,89 euros, cantidad correspondiente a la deuda principal, más los intereses legales y las costas del procedimiento. También solicita la apertura de una pieza separada de responsabilidad civil para asegurar el pago.

Durante el juicio, la acusación se apoyará en la documentación del procedimiento cambiario, el contrato de garantía de pago, las resoluciones judiciales dictadas y la prueba relativa al depósito y posterior retirada de los jamones afectados, con el objetivo de acreditar que el acusado conocía plenamente la situación y actuó pese a ello.