La construcción cacereña alerta de una "situación límite" por la falta de trabajadores: "Se jubilan más de los que entran"

El presidente de la Federación de Empresarios de la Construcción de Cáceres (Fecons), Carlos Izquierdo, ha advertido este miércoles de la grave falta de mano de obra que atraviesa el sector de la construcción tanto en la provincia cacereña como en el conjunto de Extremadura, una situación que, según afirmó, está llevando a empresas a renunciar a obras por no disponer de personal suficiente.

Izquierdo realizó estas declaraciones durante la presentación del XX Concurso de Albañilería ‘Cáceres Patrimonio de la Humanidad’, donde aprovechó para lanzar una reflexión sobre el mercado laboral, la vivienda y el futuro del sector constructor.

"El problema ya está totalmente descontrolado", aseguró el dirigente empresarial, quien recordó que lleva "siete u ocho años" alertando de una situación que ahora empieza a hacerse visible con especial intensidad. Según explicó, actualmente "no hay una sola empresa" del sector que no esté buscando trabajadores o que no haya dejado de asumir proyectos por falta de personal cualificado.

El presidente de Fecons puso el foco especialmente en el envejecimiento de la plantilla. Según detalló, el 22% de los trabajadores del sector supera los 55 años, mientras que los menores de 30 apenas representan el 10%. "Cada año se jubilan más personas de las que entran", resumió.

En este contexto, defendió la necesidad de impulsar el relevo generacional y valoró positivamente la participación de jóvenes en el concurso de albañilería, donde ocho de las 24 cuadrillas participantes pertenecen a alumnado de la Fundación Laboral de la Construcción y de la Universidad Laboral.

Críticas al sistema de desempleo y economía sumergida

Durante su intervención, Izquierdo vinculó parte de la escasez de trabajadores con situaciones de fraude laboral y economía sumergida. Aunque evitó generalizar, sí afirmó que existen personas inscritas en el desempleo que simultáneamente trabajan fuera del sistema legal.

"Hay gente apuntada en el paro que está haciendo mucho daño", señaló. "No se puede generalizar, pero sí las hay, y eso tiene un efecto pernicioso porque están en la economía sumergida y cobrando prestaciones".

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A su juicio, esta situación genera además un efecto desmotivador sobre quienes sí desempeñan un trabajo regulado. "Si una persona cobra fuera y además recibe ayudas, al final quien trabaja legalmente siente que no le compensa", lamentó.

Izquierdo reconoció que abordar esta cuestión supone "un hueso duro de roer políticamente", aunque insistió en que "alguien tendrá que empezar a decirlo".

La inmigración, "parte de la solución"

El presidente de Fecons defendió una vez más la necesidad de recurrir a mano de obra extranjera para cubrir las vacantes que actualmente no logra asumir el mercado laboral nacional. Según indicó, la construcción comparte este problema con otros sectores como la agricultura, el transporte o la hostelería. "Hay ciertos trabajos que los españoles no podemos cubrir y eso tenemos que asumirlo", afirmó.

En este sentido, planteó la necesidad de avanzar hacia un modelo de contratación en origen, mediante acuerdos que permitan seleccionar trabajadores extranjeros ya vinculados a contratos laborales antes de llegar al país. "Lo lógico sería seleccionar a la gente en origen, que venga ya con contrato y orientada al sector de la construcción", explicó.

No obstante, insistió en que cualquier proceso de regularización debe ir acompañado de mecanismos que permitan combatir la economía sumergida y ordenar el mercado laboral.

El problema de la vivienda y los retrasos urbanísticos

Más allá de la falta de trabajadores, Izquierdo situó el acceso a la vivienda como el principal problema estructural que afronta actualmente la sociedad española. "El gran problema que tenemos es la vivienda", afirmó, reclamando un mayor consenso político para agilizar los desarrollos urbanísticos y reducir los tiempos administrativos necesarios para poner en marcha promociones residenciales.

Según denunció, en algunos casos pueden transcurrir "10 o 12 años" desde que un promotor adquiere un suelo hasta que se entrega la primera vivienda. "Así es muy difícil que alguien quiera invertir", señaló.

Para abaratar el precio final de las viviendas, Izquierdo apostó por actuar sobre tres factores fundamentales: el suelo, los costes de construcción y la fiscalidad. También defendió replantear algunos modelos urbanísticos actuales para favorecer una mayor densidad residencial. "Si queremos vivienda asequible, habrá que pensar en construir más altura en determinados casos", indicó.

Petición de estabilidad política

Durante su comparecencia, Izquierdo reclamó además una mayor estabilidad institucional y criticó los periodos prolongados de bloqueo político que paralizan presupuestos y licitaciones públicas. "Seis meses sin presupuestos o sin gobierno son un problema para nosotros", afirmó, reclamando "más consenso y altura de miras" por parte de las formaciones políticas.

"El ciudadano lo que agradecería es que las administraciones se pusieran de acuerdo en los temas importantes", concluyó.