Infraestructuras
La autovía Madrid-Lisboa por el norte de Cáceres agita Portugal antes de la protesta en Monfortinho
La reivindicación del eje IC31-EX-A1 une a empresarios, ayuntamientos y sociedad civil de la Raya, mientras los populares lusos acusan a los socialistas de "oportunismo político" por sumarse ahora a la presión

Un tramo de la autovía Ex-A1. / El Periódico Extremadura

La conexión por autovía entre Madrid y Lisboa a través del norte de Extremadura y la Beira Baixa ha vuelto a agitar el debate político y territorial en Portugal en vísperas de la concentración ibérica convocada en Monfortinho para reclamar el inicio de las obras del eje IC31-EX-A1. La reivindicación, defendida desde hace años por la Alianza Territorial Europea (ATE), ha sumado en los últimos días nuevos pronunciamientos institucionales, empresariales y ciudadanos, pero también ha abierto una nueva batalla entre el PSD y el Partido Socialista portugués por los retrasos acumulados en una infraestructura considerada estratégica para ambos lados de la frontera.
La protesta está convocada para el próximo 20 de mayo en el entorno del puente internacional de Monfortinho. Según la convocatoria difundida por la ATE, el acto tendrá lugar a las 19.15 horas en España y a las 18.15 horas en Portugal, bajo el lema de reclamar el inicio de las obras "ya" en 2026 y avanzar hacia una conexión Madrid-Lisboa por el norte de Extremadura y la Beira Baixa antes de 2030.
Una reivindicación transfronteriza
La Alianza Territorial Europea plantea esta movilización como la primera gran concentración ibérica por el inicio de las obras en los 72 kilómetros pendientes entre Moraleja, la frontera portuguesa de Monfortinho y Alcains, en Castelo Branco, donde el trazado enlazaría con la A23. La plataforma sostiene que el nuevo corredor permitiría completar una conexión de alta capacidad entre Madrid y Lisboa, con impacto directo en la logística, el turismo, la industria y la lucha contra la despoblación.

Autovía Ex-A1 a su paso por Plasencia. / Toni Gudiel
En la convocatoria, la ATE reclama a la Junta de Extremadura el inicio de las obras a finales de 2026 y al Gobierno de Portugal en el segundo semestre de 2027. La entidad defiende que el enlace tendría unos 600 kilómetros aproximadamente y que buena parte del trazado ya está en servicio como vía de alta capacidad. Por eso insiste en que el tramo pendiente no debe entenderse como una carretera más, sino como una pieza clave para conectar territorios que se consideran olvidados por las grandes decisiones de infraestructuras.
La plataforma resume el objetivo con un mensaje que lleva años repitiendo en La Raya: "Ser menos no resta derechos". En su planteamiento, la autovía serviría para frenar la despoblación, atraer nuevas empresas industriales, generar empleo de calidad y mejorar la conexión turística entre los aeropuertos de Madrid, Lisboa y Oporto. También vincula la urgencia del proyecto al Mundial de Fútbol de 2030, que organizarán España, Portugal y Marruecos, al entender que la península necesita una red moderna entre sus dos capitales.
De la unidad a la disputa política
El movimiento ciudadano e institucional llega, sin embargo, en medio de una creciente tensión política en Portugal. La distrital del PSD de Castelo Branco ha acusado al Partido Socialista de "oportunismo político" por adoptar ahora una posición de indignación y presión sobre el IC31 después de, según los socialdemócratas, ocho años de gobiernos socialistas marcados por la falta de avances.
La formación conservadora sostiene que durante ese periodo se sucedieron promesas, anuncios e intenciones públicas, pero que el IC31 continuó "sin obra, sin calendario y sin ninguna decisión política seria". El presidente de la distrital del PSD de Castelo Branco, Manuel Frexes, ha asegurado que "es difícil percibir esta súbita indignación del Partido Socialista cuando tuvo ocho años para avanzar con el IC31 y no lo hizo".
El PSD defiende que ahora sí existen avances efectivos, con estudios y procedimientos técnicos en marcha, y recuerda que el ministro portugués de Infraestructuras ha asumido públicamente que la conexión será desarrollada con perfil de autovía. Para los socialdemócratas, promover ahora movilizaciones como la de Monfortinho puede contribuir a trasladar la idea de que el proceso está parado, cuando, según su versión, hay más desarrollos concretos que en casi una década de gobiernos socialistas.
"No es solo una carretera"
Frente a esa lectura partidista, los municipios de la Beira Baixa han reforzado en los últimos días el carácter estratégico de la conexión. El presidente de la Cámara Municipal de Castelo Branco, Leopoldo Rodrigues, ha defendido que hablar del eje IC31-EX-A1 "no es discutir apenas una carretera", sino abordar un "imperativo de soberanía territorial", un pilar de cohesión ibérica y un acto de justicia con el interior.
También Idanha-a-Nova ha reiterado su exigencia de que el IC31 se construya con perfil de autovía, de cuatro carriles, y no con soluciones de menor capacidad. Su posición pasa por garantizar una vía segura, fluida y competitiva para el transporte de personas y mercancías. El municipio considera que la conexión entre Moraleja y Alcains puede cambiar el papel de esta zona, al dejar de ser una periferia para convertirse en un eje entre la Beira Baixa, el norte de Extremadura, Lisboa y Madrid.
La ATE insiste en esa misma idea: el corredor no solo afectaría a Portugal, sino también al norte de la provincia de Cáceres. Moraleja, Monfortinho, Castelo Branco, Idanha-a-Nova y el conjunto de la Raya quedarían incorporados a una conexión internacional que sus impulsores consideran decisiva para atraer inversión, mejorar la movilidad y reforzar la seguridad vial.
El tramo que falta
El argumento más repetido por los defensores de la infraestructura es que España ya ha avanzado buena parte del corredor hasta el entorno de Moraleja, mientras que Portugal tiene pendiente garantizar la continuidad desde la frontera hasta la A23, en Castelo Branco, a través del IC31. Ese vacío es el que la ATE y los municipios portugueses quieren convertir ahora en prioridad política.
La convocatoria del 20 de mayo pretende mostrar una imagen de unidad social y territorial. A ella están llamados representantes institucionales, empresarios, colectivos vecinales y ciudadanos de ambos lados de la frontera. En la convocatoria figuran como contactos Francisco Martín, portavoz de la Alianza Territorial Europea; Leopoldo Rodrigues, presidente de la Cámara Municipal de Castelo Branco; y Elza María Gonçalves, presidenta de la Cámara Municipal de Idanha-a-Nova.
La protesta llega, por tanto, en un momento en el que la autovía Lisboa-Madrid ha dejado de ser solo una vieja reivindicación territorial para convertirse también en un asunto de presión institucional, disputa política y oportunidad estratégica. La Raya quiere que los estudios den paso a las máquinas. Y Portugal debate ahora, entre reproches cruzados, cómo y cuándo saldar una deuda que el interior lleva décadas poniendo sobre la mesa.
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