Conflicto vecinal
Sin solución al Camino de Montealmeida en Cáceres: reclaman un deslinde para garantizar su uso público
Los afectados reclaman al Ayuntamiento de Cáceres la adopción de un procedimiento de deslinde para fijar los límites del camino y evitar más litigios
Mateos habla con los vecinos afectados durante una protesta a las puertas del consistorio. / EL PERIÓDICO
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El conflicto en torno al Camino de Montealmeida, en Cáceres, continúa sin resolverse pese al reconocimiento judicial de su carácter público, y los afectados han vuelto a reclamar a las administraciones competentes la adopción de medidas concretas, entre ellas un procedimiento de deslinde que permita garantizar su uso público efectivo tras años de bloqueo y litigios.
Sentencia de 2022
Los vecinos y usuarios del camino sostienen que, aunque una sentencia dictada en 2022 reconoció indicios suficientes para considerar la vía como bien de dominio público, la situación práctica no ha cambiado y el acceso sigue sin estar plenamente restablecido. A su juicio, el problema ya no reside en la titularidad, sino en la falta de una ejecución material que permita el tránsito normal por la vía.
El último auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Cáceres ha vuelto a situar la resolución del conflicto en el ámbito del Ayuntamiento de Cáceres, al considerar que la ejecución de la sentencia no puede completarse en sede judicial debido a discrepancias sobre el trazado del camino y la posible afectación a fincas privadas.
Según el auto, la resolución judicial tuvo carácter declarativo, al reconocer la existencia de elementos suficientes para considerar el camino como público, pero sin concretar su delimitación física. Esta circunstancia, según los afectados, obliga ahora a una actuación administrativa que permita fijar de forma definitiva el recorrido del camino.
Expediente de deslinde
En este contexto, los residentes reclaman al consistorio la puesta en marcha de un expediente de deslinde, una herramienta que permitiría determinar con precisión los límites del camino y evitar así la prolongación del conflicto. Consideran que esta medida es clave para desbloquear una situación que se arrastra desde hace más de nueve años.
Asimismo, los afectados han planteado la posibilidad de explorar vías de mediación con los propietarios de las fincas colindantes, con el objetivo de alcanzar una solución consensuada que evite nuevos litigios y facilite el restablecimiento del tránsito.
Los usuarios del camino denuncian que la falta de ejecución efectiva de la resolución judicial está generando perjuicios personales y patrimoniales, especialmente entre vecinos que dependen de esta vía para acceder a sus propiedades y desarrollar su actividad diaria.
Finalmente, insisten en que las administraciones públicas tienen la obligación de garantizar la efectividad de las resoluciones judiciales y advierten de que, si no se producen avances en un plazo razonable, podrían emprender nuevas acciones en defensa de sus derechos de paso.
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