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Feria de San Fernando

Una macrooperación policial conjunta interviene casi 5.000 prendas falsificadas valoradas en más de un millón de euros en la Feria de Cáceres

Además de ropa falsificada, se han detectado juguetes infantiles sin garantías sanitarias, tramitándose denuncias administrativas

Vídeo | La macrooperación en la Feria de Cáceres

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Cáceres

La Feria de San Fernando de Cáceres volvió a convertirse este año en escenario de un amplio operativo contra la venta ilegal de productos falsificados. Agentes de la Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local de Cáceres y funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Extremadura han desarrollado una macroactuación conjunta que se ha saldado con la intervención de 4.850 prendas falsificadas de marcas de reconocido prestigio, valoradas en más de 1,1 millones de euros.

La operación, denominada 'Fake II', supone la continuación del dispositivo especial que ya se llevó a cabo durante las mismas fechas el pasado año con motivo de la celebración de las fiestas patronales cacereñas.

Tres puestos ambulantes investigados en el recinto ferial

El operativo se desarrolló el pasado 22 de mayo dentro del recinto ferial de Cáceres, donde los agentes detectaron varios puestos ambulantes en los que se comercializaban prendas supuestamente falsificadas de conocidas marcas.

Durante la actuación fueron identificados los responsables de tres puestos de venta, todos ellos hombres. Los agentes solicitaron la documentación acreditativa de las prendas y las correspondientes facturas originales de adquisición.

Imagen de uno de los puestos.

Imagen de uno de los puestos. / Guardia Civil

Según ha informado la Guardia Civil, los vendedores únicamente aportaron albaranes de compra procedentes del polígono madrileño de Cobo Calleja y reconocieron que los productos eran falsificaciones que vendían a precios inferiores a los del mercado oficial.

Más de un millón de euros en ropa falsificada

Tras comprobar la supuesta ilegalidad de los artículos, los agentes procedieron a intervenir todas las prendas expuestas a la venta. El material fue trasladado posteriormente a la Comandancia de la Guardia Civil de Cáceres, donde quedó depositado y precintado en presencia de las personas relacionadas con los hechos.

En total se han intervenido 4.850 prendas falsificadas cuyo valor estimado en el mercado supera los 1.120.000 euros. Como resultado de la operación, tres personas han sido investigadas por un presunto delito contra la propiedad industrial.

Juguetes y peluches sin garantías sanitarias

El dispositivo policial también permitió detectar la venta de productos destinados principalmente a menores de edad cuya procedencia legal no pudo ser acreditada. En concreto, agentes de la Guardia Civil intervinieron 157 muñecos, 122 juguetes y 31 paquetes adicionales de muñecos que carecían de documentación de importación, facturas o justificantes que acreditasen su trazabilidad y entrada legal en España.

Los agentes alertan además de que estos artículos no garantizaban el cumplimiento de la normativa de seguridad aplicable a productos infantiles, especialmente en cuestiones relacionadas con materiales, etiquetado, controles sanitarios o la posible presencia de elementos peligrosos para los menores.

Imagen de la incautación de material.

Imagen de la incautación de material. / Guardia Civil

Por estos hechos se tramitaron varias denuncias administrativas en materia fiscal y de contrabando, remitidas posteriormente a la autoridad competente.

Riesgos para consumidores y economía

Desde las fuerzas de seguridad recuerdan que la comercialización de productos falsificados no solo constituye un delito contra la propiedad industrial, sino que además genera importantes perjuicios económicos para las marcas afectadas y favorece circuitos de economía sumergida y fraude comercial.

Asimismo, advierten de que este tipo de productos pueden representar riesgos para los consumidores, especialmente cuando se trata de artículos infantiles que no han superado los controles de calidad y seguridad exigidos por la normativa vigente.

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