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Solidaridad

La campaña para el policía condenado por la muerte del preso fugado en Cáceres ya supera los 37.000 euros

Los promotores buscan recaudar más de 205.000 euros para afrontar la condena del Tribunal Supremo por homicidio imprudente

El agente condenado entra a los Juzgados de Cáceres, en 2022.

El agente condenado entra a los Juzgados de Cáceres, en 2022. / Silvia Sánchez Fernández

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Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

La campaña de apoyo al agente de la Policía Nacional condenado por el Tribunal Supremo por homicidio imprudente tras la muerte de un preso fugado en Cáceres en 2018 ha superado ya los 37.000 euros recaudados. La iniciativa, abierta en la plataforma GoFundMe, mantiene como objetivo reunir 205.764,07 euros para afrontar la responsabilidad civil, la multa y distintos gastos derivados del procedimiento judicial.

La recaudación ha seguido creciendo desde su puesta en marcha y se sitúa ya en torno al 18% de la cantidad solicitada. Entre las aportaciones realizadas figuran donaciones de distinta cuantía, algunas de ellas de hasta 600 euros, según los datos que aparecen en la propia campaña. Los promotores han insistido en que todo el dinero recaudado se destinará íntegramente a cubrir las cantidades detalladas en la petición de ayuda.

La iniciativa sostiene que el agente, que actualmente se encuentra de baja médica, afronta una carga económica que "no puede asumir". El mensaje publicado en la plataforma apela al apoyo ciudadano para ayudar a un policía que, según defienden los impulsores de la campaña, actuó en el marco de un operativo tras la fuga de un preso y se enfrenta ahora a las consecuencias económicas de la condena.

El origen del caso

El caso se remonta al 2 de marzo de 2018, cuando un joven de 24 años que se encontraba en prisión preventiva se fugó durante su traslado al Palacio de Justicia de Cáceres. Tras varias horas de búsqueda, fue localizado en una vivienda y volvió a huir campo a través.

Durante la persecución, el agente resbaló y cayó con el arma en la mano. En ese momento se produjo un disparo que impactó en la espalda del fugado, que falleció posteriormente en el hospital. El procedimiento judicial terminó llegando al Tribunal Supremo, que revocó la absolución dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y condenó al policía como autor de un delito de homicidio por imprudencia menos grave.

El Alto Tribunal consideró que el agente había incrementado de forma innecesaria el riesgo de un disparo involuntario al llevar el dedo en el gatillo durante una persecución en un terreno mojado. La sentencia descartó que se tratara de un simple despiste y apreció una infracción del deber de previsión exigible a un agente armado.

Más de 205.000 euros

La campaña cifra en 162.595,60 euros la responsabilidad civil que debe afrontar el agente. A esa cantidad suma una multa de 2.700 euros, 34.059,04 euros en costas de abogado, 5.667,63 euros de perito y 741,80 euros de procurador. En total, el objetivo marcado asciende a 205.764,07 euros.

En el texto publicado en GoFundMe, los promotores señalan que el agente "no estaba obligado por su unidad" a sumarse al dispositivo, pero "decidió acudir" tras la fuga del preso. También sostienen que durante la intervención fue atacado "de forma violenta", sufrió lesiones graves que requirieron cirugía y, pese a ello, continuó en el operativo.

Los impulsores de la recaudación subrayan que no pretenden "cuestionar decisiones judiciales", sino pedir apoyo económico para una persona que, según exponen, actuó "intentando proteger a los demás" y que ahora se enfrenta a una situación económica muy difícil tras el procedimiento judicial.

Compromiso de transparencia

La campaña asegura que será "completamente transparente" y que se actualizará el progreso de la recaudación. También afirma que se cerrará cuando se alcance el objetivo y que el dinero no se destinará a ningún otro fin distinto al pago de las cantidades desglosadas.

El crecimiento de las donaciones ha convertido esta iniciativa en una de las derivadas sociales del caso, que vuelve a situar en el foco público una intervención policial ocurrida hace más de ocho años y cerrada judicialmente con una condena firme del Supremo.

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